/ lunes 21 de septiembre de 2020

Reinserción: obligación para la paz

Frente al aumento de las violencias la respuesta principal de los gobiernos ha sido reactiva, punitiva, violenta, discriminatoria. Ha sido marcada por el abandono de la prevención social de las violencias (por los abusos corruptos de unos cuantos) y la ausencia de interés por la reinserción social. Sin embargo no se ha logrado revertir el aumento de los crímenes de más alto impacto social.

Desde hace 5 años son más las personas que egresan de las cárceles, a las que ingresan. La situación lamentable de las cárceles en México es un secreto a voces. A pesar de los estudios y denuncias de la sociedad civil, testimonios o posturas de organismos internacionales que reprueban esta sociedad paralela oscura y criminógena, el enfoque punitivo sigue siendo la prioridad con reclusorios comúnmente calificados de universidades del crimen.

No importa el nivel del delito cometido, ni la diferencia entre las personas sentenciadas y las que llevan años en espera de una justicia clasista y diferenciada. La prisión provoca daños sobre la persona, en su entorno y sobre la sociedad que deben tomarse en cuenta y solucionarse. Las personas liberadas se enfrentan a distintas condiciones de vulnerabilidad y de desventaja social aún después de haber cumplido con su pena. La reinserción social debe ser un derecho reconocido, garantizado por el Estado, por la sociedad; un derecho exigible, no solamente para las personas que cometieron algún delito sino también para su familia.

En el 2016 el 24.7% de las personas que fueron juzgadas penalmente, ya había sido recluida previamente en un Centro de Internamiento (ENPOL). La reinserción social no solamente es dar una segunda oportunidad individual, sino contribuir a prevenir los factores de riesgo de la reincidencia y de la violencia de manera general.

La asociación civil OCUPA, Organización Comunitaria por la Paz, fundada por Paola Zavala Saeb, abogada, activista y ex directora del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, impulsó con más de 70 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Reinserta y La Bola, una iniciativa legislativa para reconocer el derecho transversal a la reinserción que inicia en prisión y sigue en libertad. La senadora Patricia Mercado la presentó junto con legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas con un enfoque real de participación y Parlamento Abierto. Esta iniciativa permitirá cambiar el enfoque de la reinserción: de lo punitivo y discriminatorio a una visión incluyente, de salud mental y emocional, con perspectiva de género y de prevención social real. Estas modificaciones legales permitirán detonar un modelo coordinado de atención y acompañamiento gubernamental individual y comunitario con diagnóstico, monitoreo y evaluación. Promoverá la coordinación entre niveles de gobierno privilegiando la escala local para que los municipios, alcaldías y entidades federativas garanticen este derecho con políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la delincuencia.

La reinserción social no es un gasto. Es una inversión pública urgente indispensable para la paz y la reconciliación social: un horizonte lejano que se siente más alcanzable gracias a estos esfuerzos y a las personas que los impulsan como Paola.

Frente al aumento de las violencias la respuesta principal de los gobiernos ha sido reactiva, punitiva, violenta, discriminatoria. Ha sido marcada por el abandono de la prevención social de las violencias (por los abusos corruptos de unos cuantos) y la ausencia de interés por la reinserción social. Sin embargo no se ha logrado revertir el aumento de los crímenes de más alto impacto social.

Desde hace 5 años son más las personas que egresan de las cárceles, a las que ingresan. La situación lamentable de las cárceles en México es un secreto a voces. A pesar de los estudios y denuncias de la sociedad civil, testimonios o posturas de organismos internacionales que reprueban esta sociedad paralela oscura y criminógena, el enfoque punitivo sigue siendo la prioridad con reclusorios comúnmente calificados de universidades del crimen.

No importa el nivel del delito cometido, ni la diferencia entre las personas sentenciadas y las que llevan años en espera de una justicia clasista y diferenciada. La prisión provoca daños sobre la persona, en su entorno y sobre la sociedad que deben tomarse en cuenta y solucionarse. Las personas liberadas se enfrentan a distintas condiciones de vulnerabilidad y de desventaja social aún después de haber cumplido con su pena. La reinserción social debe ser un derecho reconocido, garantizado por el Estado, por la sociedad; un derecho exigible, no solamente para las personas que cometieron algún delito sino también para su familia.

En el 2016 el 24.7% de las personas que fueron juzgadas penalmente, ya había sido recluida previamente en un Centro de Internamiento (ENPOL). La reinserción social no solamente es dar una segunda oportunidad individual, sino contribuir a prevenir los factores de riesgo de la reincidencia y de la violencia de manera general.

La asociación civil OCUPA, Organización Comunitaria por la Paz, fundada por Paola Zavala Saeb, abogada, activista y ex directora del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, impulsó con más de 70 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Reinserta y La Bola, una iniciativa legislativa para reconocer el derecho transversal a la reinserción que inicia en prisión y sigue en libertad. La senadora Patricia Mercado la presentó junto con legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas con un enfoque real de participación y Parlamento Abierto. Esta iniciativa permitirá cambiar el enfoque de la reinserción: de lo punitivo y discriminatorio a una visión incluyente, de salud mental y emocional, con perspectiva de género y de prevención social real. Estas modificaciones legales permitirán detonar un modelo coordinado de atención y acompañamiento gubernamental individual y comunitario con diagnóstico, monitoreo y evaluación. Promoverá la coordinación entre niveles de gobierno privilegiando la escala local para que los municipios, alcaldías y entidades federativas garanticen este derecho con políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la delincuencia.

La reinserción social no es un gasto. Es una inversión pública urgente indispensable para la paz y la reconciliación social: un horizonte lejano que se siente más alcanzable gracias a estos esfuerzos y a las personas que los impulsan como Paola.