por Oscar Álvarez González
Dentro del ciclo presupuestario (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), una de las etapas más importantes es la última, ya que es el momento en que los entes fiscalizables demuestran a la sociedad que utilizaron los recursos asignados para los fines, planes y programas previamente establecidos.
En un caso local, como el que analizaremos a continuación, la tarea de revisión de la cuenta pública la desarrolla la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE). Sin embargo, a pesar de tan importante labor, la falta de voluntad política y de interés de algunos actores, ha propiciado que la fiscalización en este estado se vea obstaculizada o interrumpida en aspectos sustanciales.
El primero de ellos, es el relativo al nombramiento del Titular de la Auditoría Superior del Estado, que está vacante desde el 21 de julio del 2021, y cuya designación le corresponde al Congreso local.
Dicho órgano legislativo emitió la convocatoria el 6 de julio del año pasado, y por vaivenes políticos no concluyó el proceso de selección y designación en la LXII legislatura; posteriormente, en la sesión del 13 de enero de 2022, se sometió a consideración una terna, pero ninguno de los candidatos obtuvo la votación requerida.
Actualmente, se menciona la posibilidad de presentar una nueva terna o, en su caso, emitir otra convocatoria, pero esta cuestión se resolvería con el acatamiento estricto de la Constitución local, lo que implica designar a quien cumpliendo con los requisitos generales, también haya demostrado la mayor experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, así como conocimientos en áreas afines a la gestión y control de recursos públicos; desde luego, es necesario establecer parámetros objetivos de evaluación que eviten acciones indebidas como el cabildeo, ya que un puesto de esta naturaleza no puede ser decidido por favoritismo, botín político o pago de favores.
Durante este periodo y hasta el 16 de enero, la ASE estuvo bajo el mando de un auditor especial, quien, al renunciar, fue sustituido por una auditora encargada de despacho. Sorpresivamente, dicha servidora pública designó a los auditores especiales, siendo que es una facultad exclusiva del Titular de la ASE, conforme a la fracción VII y último párrafo, del artículo 89 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
Esta situación ha ocasionado mucha polémica, incluso hasta la posibilidad de que comparezca ante el Congreso local. Lo trascendente es que la designación ilegal de los auditores especiales podría generar invalidez de acciones como auditorías, recomendaciones, pliegos de observaciones, proyectos de Informe General Ejecutivo, denuncias ante Órganos Internos de Control, entre otros actos, para los que están facultados.
Aunado a lo anterior, falta integrar al Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, que no ha sido formalizado desde 2018 conforme a la legislación vigente, y si bien es cierto existe una recomendación no vinculante, ésta tampoco ha sido aceptada por el Congreso local, como fue señalado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en su primera sesión ordinaria del año en curso.
Toda la problemática se puede agudizar si consideramos que los entes fiscalizables están próximos a entregar la cuenta pública del 2021; además, la ASE debe emitir el Informe General Ejecutivo de la cuenta pública del 2020, el programa anual de auditorías, dar continuidad a los pliegos de observaciones, procedimientos de responsabilidad y denuncias.
Sin más, desde este espacio hacemos un llamado al Sistema Nacional de Fiscalización para que funcione como sus lineamientos lo marcan, no podemos considerarlo un sistema sin la presencia y actividad de todos sus integrantes.
Representante de Nosotrxs en Guerrero
@NosotrxsMX
