Miguel Ángel Díaz Santana, coordinador de Trabajo Digital en Nosotrxs
@NosotrxsMX, @MiguelSantana23
Cada vez existe mayor conciencia en la sociedad sobre las condiciones precarias en que ejercen su trabajo los y las repartidoras de plataformas digitales, quienes no cuentan con ningún derecho o prestación laboral por la actividad que realizan, a pesar de estar sometidos a las directrices que les imponen las empresas de plataformas digitales. Las plataformas establecen de manera unilateral la remuneración, manejan sistemas de incentivos para coaccionar a las personas repartidoras a trabajar cuando más le conviene a la plataforma y pueden sancionarles si a su juicio han hecho mal uso de la plataforma, ante estas sanciones los y las repartidoras no tienen forma de reclamar o aclarar la situación. Los castigos van desde bloquear de la aplicación a los y las repartidoras por horas hasta desactivarles (despedirles) de la misma. Por lo tanto, la narrativa de “sé tu propio jefe” o “trabaja cuando tú quieras” está cada vez más desacreditada por la realidad que enfrentan quienes obtienen su ingreso repartiendo. La relación asimétrica entre personas repartidoras y empresas de plataformas digitales configura una relación entre empleado y empleador. Sin embargo, las plataformas acuden al argumento de la flexibilidad horaria (que es sumamente relativa) para evadir sus obligaciones como empleadores.
Las ganancias de las personas repartidoras han ido a la baja en los últimos años. Según resultados del estudio “Este futuro no applica”, publicado por Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad en febrero de 2022, las y los repartidores ganan en promedio $2,085 pesos a la semana, trabajan en promedio seis días a la semana 9 horas al día y 7 de cada 10 no cuentan con acceso a ninguna forma de seguridad social, mientras que aquellos que tienen alguna forma de cobertura es por tener otro trabajo que se los provee o por algún familiar que les dio de alta.
Tampoco se debe olvidar a los y las repartidoras que han perdido la vida atropellados mientras trabajaban. Según conteo del colectivo Ni Un Repartidor Menos, desde inicios de la pandemia a la fecha han fallecido 59 personas repartidoras en la capital del país sin que las empresas de plataformas digitales asuman ninguna responsabilidad ante quienes las enriquecen con su trabajo.
Es momento de que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y regule la actividad de reparto a través de plataformas digitales para que se reconozca la relación laboral y las personas repartidoras accedan a los derechos que les corresponden. A nivel internacional, en España en agosto del año pasado entró en vigor la Ley Rider, que reconoce a los y las repartidoras como trabajadores de las plataformas. De igual manera, alrededor del mundo se realizan iniciativas de ley para reconocer a los repartidores de plataformas como trabajadores. En México existen seis iniciativas de ley sin debatir que plantean el reconocimiento del vínculo laboral. Se deben discutir estas iniciativas de manera abierta a la sociedad en un intercambio que incluya a todos los sectores involucrados, incluidas las mismas personas repartidoras.
Desde Nosotrxs, llevamos más de dos años colaborando con personas repartidoras para concientizar sobre su causa. A finales del año pasado y principios de este realizamos 10 mesas redondas con legisladoras, personas repartidoras, abogados laborales y académicos para debatir la manera en que este trabajo se debe regular y se convierta en una ocupación que ayude a combatir la informalidad en el empleo sin perder el atractivo de la flexibilidad de horarios. Asimismo, en colaboración con repartidores, repartidoras y un equipo de abogados, redactamos una propuesta de iniciativa de ley para regular el trabajo tomando lo mejor de las iniciativas existentes y las inquietudes expresadas por las personas repartidoras.
La disminución de la informalidad laboral nos beneficia a todos y todas como sociedad por lo que desde Nosotrxs seguiremos promoviendo el reconocimiento de los derechos laborales de todos aquellos colectivos de trabajadores cuyos derechos son vulnerados.
