/ domingo 23 de agosto de 2020

Repensar la justicia procesal penal en México

En 2004 llegué a México tras haber pasado varios años fuera. Me encontré con una nación distinta en la que diversos actores sociales buscaban reformar el sistema procesal penal a partir de los principios transversales de oralidad, imparcialidad, transparencia, adversarialidad, presunción de inocencia y debido proceso. Se buscaba establecer los fundamentos para un sistema de justicia penal centrado en la equidad y el respeto de los derechos tanto de víctimas como de acusados, que terminara con los estragos de impunidad e injusticia generados por décadas de un sistema inquisitivo.

Este proceso de debates sociales y legislativos se extendió hasta el 18 de junio de 2008, cuando se aprobó la reforma penal. Se estableció un periodo de instrumentación de ocho años para llevar a cabo los cambios de infraestructura (por ejemplo, construir juzgados orales) e institucionales (por ejemplo, capacitar a los operadores del sistema). Por tanto, este nuevo sistema entró en vigor a partir del 19 de junio de 2016.

Actualmente, ante el recrudecimiento de la violencia social, la delincuencia común y organizada, así como la impunidad y los recurrentes problemas de corrupción e irregularidades en la actuación de policías preventivos e investigadores, ministerios públicos, peritos, jueces y personal penitenciario, un gran número de mexicanos se preguntan si el sistema reformado de justicia penal ha funcionado. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo para transformar el sistema de justicia penal?

Los principales autores de la teoría criminológica coinciden en señalar que la delincuencia y la violencia son multifactoriales. Un sistema de justicia eficiente y transparente contribuye a robustecer la respuesta estatal frente a los fenómenos delictivos. Sin embargo, ante escenarios de crisis económica, desempleo, debilidad del Estado de derecho y de la cultura de la legalidad, procesos trasnacionales de tráfico de drogas, mercancías ilícitas y personas, incluso un sistema de justicia sólido no puede, per se, frenar de tajo la incidencia delictiva.

En 2019, World Justice Project publicó el Almanaque de la Justicia en México. A partir del análisis de datos generados por INEGI, el Almanaque presenta información estadística que permite comparar la prevalencia de fenómenos específicos en los procesos de justicia antes y después de la reforma. Por ejemplo, el Almanaque documenta que en el sistema anterior sólo el 23 por ciento de las personas procesadas entendió su sentencia, esta cifra subió a 56 por ciento después de la reforma. Es decir, más del doble de las sentencias judiciales fueron claras a partir de la reforma. En el sistema anterior, sólo se video grababa el 10 por ciento de las audiencias y en el nuevo sistema se está video grabando el 63 por ciento de las audiencias. En el sistema anterior los jueces estuvieron presentes en el 16 por ciento de las audiencias y en el nuevo sistema esta cifra se eleva a 62 por ciento.

Las falencias y disfuncionalidades del sistema de justicia penal federal y en los estados son incuestionables. Sin embargo, es necesario considerar la información estadística para impulsar un debate legislativo serio y basado en evidencia. El Congreso debatirá dos importantes misceláneas de reforma legislativa en el siguiente periodo que inicia en septiembre: una para evitar la corrupción, nepotismo y falta de transparencia en el Poder Judicial Federal y otra para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos que impactan en el desempeño de actores policiales, de procuración de justicia y penitenciarios.

No sólo hay grupos de ciudadanos que cuestionan la reforma del sistema de justicia penal de 2008, también hay legisladores y políticos que buscan en este periodo legislativo generar una contrarreforma que puede tener consecuencias que conduzcan al detrimento del respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Esta semana se convocó a un Grupo de Alto Nivel con representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para redactar los borradores legislativos de estas importantes reformas. El debate legislativo debe ser guiado por evidencia basada en datos duros y la no regresividad en materia de derechos humanos.


Investigador Senior de World Justice Project


En 2004 llegué a México tras haber pasado varios años fuera. Me encontré con una nación distinta en la que diversos actores sociales buscaban reformar el sistema procesal penal a partir de los principios transversales de oralidad, imparcialidad, transparencia, adversarialidad, presunción de inocencia y debido proceso. Se buscaba establecer los fundamentos para un sistema de justicia penal centrado en la equidad y el respeto de los derechos tanto de víctimas como de acusados, que terminara con los estragos de impunidad e injusticia generados por décadas de un sistema inquisitivo.

Este proceso de debates sociales y legislativos se extendió hasta el 18 de junio de 2008, cuando se aprobó la reforma penal. Se estableció un periodo de instrumentación de ocho años para llevar a cabo los cambios de infraestructura (por ejemplo, construir juzgados orales) e institucionales (por ejemplo, capacitar a los operadores del sistema). Por tanto, este nuevo sistema entró en vigor a partir del 19 de junio de 2016.

Actualmente, ante el recrudecimiento de la violencia social, la delincuencia común y organizada, así como la impunidad y los recurrentes problemas de corrupción e irregularidades en la actuación de policías preventivos e investigadores, ministerios públicos, peritos, jueces y personal penitenciario, un gran número de mexicanos se preguntan si el sistema reformado de justicia penal ha funcionado. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo para transformar el sistema de justicia penal?

Los principales autores de la teoría criminológica coinciden en señalar que la delincuencia y la violencia son multifactoriales. Un sistema de justicia eficiente y transparente contribuye a robustecer la respuesta estatal frente a los fenómenos delictivos. Sin embargo, ante escenarios de crisis económica, desempleo, debilidad del Estado de derecho y de la cultura de la legalidad, procesos trasnacionales de tráfico de drogas, mercancías ilícitas y personas, incluso un sistema de justicia sólido no puede, per se, frenar de tajo la incidencia delictiva.

En 2019, World Justice Project publicó el Almanaque de la Justicia en México. A partir del análisis de datos generados por INEGI, el Almanaque presenta información estadística que permite comparar la prevalencia de fenómenos específicos en los procesos de justicia antes y después de la reforma. Por ejemplo, el Almanaque documenta que en el sistema anterior sólo el 23 por ciento de las personas procesadas entendió su sentencia, esta cifra subió a 56 por ciento después de la reforma. Es decir, más del doble de las sentencias judiciales fueron claras a partir de la reforma. En el sistema anterior, sólo se video grababa el 10 por ciento de las audiencias y en el nuevo sistema se está video grabando el 63 por ciento de las audiencias. En el sistema anterior los jueces estuvieron presentes en el 16 por ciento de las audiencias y en el nuevo sistema esta cifra se eleva a 62 por ciento.

Las falencias y disfuncionalidades del sistema de justicia penal federal y en los estados son incuestionables. Sin embargo, es necesario considerar la información estadística para impulsar un debate legislativo serio y basado en evidencia. El Congreso debatirá dos importantes misceláneas de reforma legislativa en el siguiente periodo que inicia en septiembre: una para evitar la corrupción, nepotismo y falta de transparencia en el Poder Judicial Federal y otra para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos que impactan en el desempeño de actores policiales, de procuración de justicia y penitenciarios.

No sólo hay grupos de ciudadanos que cuestionan la reforma del sistema de justicia penal de 2008, también hay legisladores y políticos que buscan en este periodo legislativo generar una contrarreforma que puede tener consecuencias que conduzcan al detrimento del respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Esta semana se convocó a un Grupo de Alto Nivel con representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para redactar los borradores legislativos de estas importantes reformas. El debate legislativo debe ser guiado por evidencia basada en datos duros y la no regresividad en materia de derechos humanos.


Investigador Senior de World Justice Project