/ miércoles 3 de julio de 2019

Replantear el combate a la trata

El informe de la cuenta pública 2018 emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que hubo desinterés en la implementación de la estrategia nacional de combate a la Trata de Personas.

La ASF presentó su informe de la fiscalización del cumplimiento de los objetivos del Combate a la Trata de Personas durante el ejercicio fiscal de 2018. Las entidades fiscalizadas fueron la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la entonces Procuraduría General de la República. Los primeros resultados de la Auditoría de Desempeño 302-DS señalan que los mecanismos institucionales diseñados para atender la trata de personas tuvieron una operación deficiente por parte de la Segob, instancia coordinadora.

Entre otras cosas, la insuficiente coordinación con los Estados se tradujo en problemas de gobernanza y de prevención. Particularmente desconcertante resulta que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, no hubiese logrado para el 2018 que los Estados implementaran el Modelo Integral de Atención a Víctimas.

La falta de sistematización de datos sobre la atención del delito de trata de personas, tanto por las entidades federativas, como por inconsistencias contractuales y de implementación de la plataforma informática del “Sistema Nacional de Información en materia de Trata de Personas” (SINTRA), ponen en evidencia que este tema no era una prioridad en la pasada administración.

El Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidencia un incremento mundial en el número de víctimas de este delito.

Los datos de la región de América del Norte –conformada por México, Estados Unidos y Canadá- indican que el 85 por ciento de las víctimas son mujeres (65 por ciento) y niñas (20 por ciento). La forma de explotación más común es la trata de personas con fines de explotación sexual (71 por ciento) y la trata con fines de explotación laboral (24 por ciento).

México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, donde se calcula que estamos hablando del segundo negocio más redituable para el crimen organizado nacional. De ese tamaño es el reto.

En este contexto, no es difícil comprender a familiares, madres, hijas e hijos de víctimas de Trata de Personas y activistas que piden con desesperación justicia. Uno de los mayores anhelos que nos queda, es un cambio contundente de la política pública de prevención, ejecución, combate y sanción ejemplar a este brutal delito.

#TrataDePersonas

@ClauCorichi

El informe de la cuenta pública 2018 emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que hubo desinterés en la implementación de la estrategia nacional de combate a la Trata de Personas.

La ASF presentó su informe de la fiscalización del cumplimiento de los objetivos del Combate a la Trata de Personas durante el ejercicio fiscal de 2018. Las entidades fiscalizadas fueron la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la entonces Procuraduría General de la República. Los primeros resultados de la Auditoría de Desempeño 302-DS señalan que los mecanismos institucionales diseñados para atender la trata de personas tuvieron una operación deficiente por parte de la Segob, instancia coordinadora.

Entre otras cosas, la insuficiente coordinación con los Estados se tradujo en problemas de gobernanza y de prevención. Particularmente desconcertante resulta que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, no hubiese logrado para el 2018 que los Estados implementaran el Modelo Integral de Atención a Víctimas.

La falta de sistematización de datos sobre la atención del delito de trata de personas, tanto por las entidades federativas, como por inconsistencias contractuales y de implementación de la plataforma informática del “Sistema Nacional de Información en materia de Trata de Personas” (SINTRA), ponen en evidencia que este tema no era una prioridad en la pasada administración.

El Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidencia un incremento mundial en el número de víctimas de este delito.

Los datos de la región de América del Norte –conformada por México, Estados Unidos y Canadá- indican que el 85 por ciento de las víctimas son mujeres (65 por ciento) y niñas (20 por ciento). La forma de explotación más común es la trata de personas con fines de explotación sexual (71 por ciento) y la trata con fines de explotación laboral (24 por ciento).

México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, donde se calcula que estamos hablando del segundo negocio más redituable para el crimen organizado nacional. De ese tamaño es el reto.

En este contexto, no es difícil comprender a familiares, madres, hijas e hijos de víctimas de Trata de Personas y activistas que piden con desesperación justicia. Uno de los mayores anhelos que nos queda, es un cambio contundente de la política pública de prevención, ejecución, combate y sanción ejemplar a este brutal delito.

#TrataDePersonas

@ClauCorichi

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