/ viernes 5 de marzo de 2021

¡#RescateYa!

Por una #SociedadHorizontal


A lo largo de este sexenio, hemos experimentado una situación compleja frente a la iniciativa privada. La relación ha sido tensa. Incluso al inicio de la pandemia hubo “encontronazos” por la diferencia de visiones sobre cómo apoyar a las empresas frente a la crisis.

En este contexto, la aprobación de la Ley de Reforma Eléctrica aprobada esta semana por el Senado abonará al distanciamiento con el sector privado. De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, las tarifas eléctricas podrían subir hasta un 25%. Aún cuando la Coparmex considera que esta ley será rechazada por la Suprema Corte de Justicia, la moneda estará en el aire.


Por lo pronto, el presidente ha vuelto a remarcar que irá en contra de las empresas que mantienen “contratos leoninos” que afectan las arcas del país. Tal es el caso de Odebrecht y la planta que produce polietileno en Coatzacoalcos. El mandatario explicó que modificó lo relacionado a las multas “injustas” para PEMEX con lo que se ahorrarán 13,749 mdp. En este mismo sentido dijo que con la reforma eléctrica procederá de la misma forma con Iberdrola y 10 empresas relacionadas, “no estamos en contra de los empresarios, pero se tienen que hacer contratos justos...”.

Que bueno que se combata a aquellas grandes empresas que a lo largo de los últimos años abusaron contra las arcas del país. Desafortunadamente, las decisiones gubernamentales no han abonado a favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).


De acuerdo con el segundo levantamiento de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE), solo un 5.9 por ciento de empresas recibieron apoyos, mientras que el 94.1 por ciento restante no recibió ningún tipo de ayuda. Un 61.3% de los encuestados señaló que para hacer frente a la pandemia, la política de apoyo que más se requiere son fiscales.
40.6 por ciento indicó que se requiere un aplazamiento de pagos a créditos y servicios, 34.4 por ciento puntualizó las transferencias de efectivo y 30.3 por ciento dijo que se necesitan nuevos créditos.

La falta de apoyos ha sido mortal. De acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, un millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron sus puertas definitivamente. En los establecimientos que dejaron de operar de manera definitiva laboraban casi 3 millones de personas, mientras que los locales sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.15 millones de personas. En total se perdieron 4.12 millones de puestos de trabajo.

Estos indicadores dejan clara la imperiosa necesidad de generar una política inmediata de apoyo, especialmente a las MiPymes, con el fin de evitar que el empleo y la caida en los ingresos continue. Dado que un 37.6 por ciento de las unidades económicas prevé un retraso en el pago de sus deudas, es indispensable actuar de inmediato para evitar que la crisis se profundice.

Hoy que pequeños negocios, fondas, restaurantes se han organizado para exigir la reapertura de actividades, dichas manifestaciones han dado muestra de la fuerza y energía con la que hoy cuenta la #SociedadHorizontal. Con esa misma potencia y claridad, es indispensable que desde todos los frentes nos organicemos para exigir que se #RescateYA a los negocios que se han visto afectados en este último año y no han sido tomados en cuenta por parte de las autoridades.

Por una #SociedadHorizontal


A lo largo de este sexenio, hemos experimentado una situación compleja frente a la iniciativa privada. La relación ha sido tensa. Incluso al inicio de la pandemia hubo “encontronazos” por la diferencia de visiones sobre cómo apoyar a las empresas frente a la crisis.

En este contexto, la aprobación de la Ley de Reforma Eléctrica aprobada esta semana por el Senado abonará al distanciamiento con el sector privado. De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, las tarifas eléctricas podrían subir hasta un 25%. Aún cuando la Coparmex considera que esta ley será rechazada por la Suprema Corte de Justicia, la moneda estará en el aire.


Por lo pronto, el presidente ha vuelto a remarcar que irá en contra de las empresas que mantienen “contratos leoninos” que afectan las arcas del país. Tal es el caso de Odebrecht y la planta que produce polietileno en Coatzacoalcos. El mandatario explicó que modificó lo relacionado a las multas “injustas” para PEMEX con lo que se ahorrarán 13,749 mdp. En este mismo sentido dijo que con la reforma eléctrica procederá de la misma forma con Iberdrola y 10 empresas relacionadas, “no estamos en contra de los empresarios, pero se tienen que hacer contratos justos...”.

Que bueno que se combata a aquellas grandes empresas que a lo largo de los últimos años abusaron contra las arcas del país. Desafortunadamente, las decisiones gubernamentales no han abonado a favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).


De acuerdo con el segundo levantamiento de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE), solo un 5.9 por ciento de empresas recibieron apoyos, mientras que el 94.1 por ciento restante no recibió ningún tipo de ayuda. Un 61.3% de los encuestados señaló que para hacer frente a la pandemia, la política de apoyo que más se requiere son fiscales.
40.6 por ciento indicó que se requiere un aplazamiento de pagos a créditos y servicios, 34.4 por ciento puntualizó las transferencias de efectivo y 30.3 por ciento dijo que se necesitan nuevos créditos.

La falta de apoyos ha sido mortal. De acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, un millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron sus puertas definitivamente. En los establecimientos que dejaron de operar de manera definitiva laboraban casi 3 millones de personas, mientras que los locales sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.15 millones de personas. En total se perdieron 4.12 millones de puestos de trabajo.

Estos indicadores dejan clara la imperiosa necesidad de generar una política inmediata de apoyo, especialmente a las MiPymes, con el fin de evitar que el empleo y la caida en los ingresos continue. Dado que un 37.6 por ciento de las unidades económicas prevé un retraso en el pago de sus deudas, es indispensable actuar de inmediato para evitar que la crisis se profundice.

Hoy que pequeños negocios, fondas, restaurantes se han organizado para exigir la reapertura de actividades, dichas manifestaciones han dado muestra de la fuerza y energía con la que hoy cuenta la #SociedadHorizontal. Con esa misma potencia y claridad, es indispensable que desde todos los frentes nos organicemos para exigir que se #RescateYA a los negocios que se han visto afectados en este último año y no han sido tomados en cuenta por parte de las autoridades.