La democracia no surge por generación espontánea. Cualquier Estado que aspira a la consolidación de su régimen democrático necesita de instituciones cuyo trabajo se oriente a garantizar el cumplimiento de las reglas de acceso al poder público, así como en la promoción respecto al ejercicio, protección y respeto de los derechos fundamentales.
A partir de la reforma constitucional de 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) es considerado como la institución rectora del sistema electoral mexicano. Ello es así, ya que la propia Constitución determinó distintas reglas de participación de acuerdo con la naturaleza de los procesos electorales. Cuando son federales, es competencia exclusiva del INE todas las actividades inherentes a la organización y conducción de los mismos.
Cuando se trata de procesos electorales locales, el máximo ordenamiento de nuestro país establece que las funciones de organización deben ser desarrolladas por dos autoridades distintas: organismos públicos locales electorales (OPLES) y el INE.
A los OPLES (antes de 2014 eran conocidos como institutos electorales locales), les corresponde otorgar las prerrogativas a los participantes, ya sean partidos políticos o candidaturas independientes; preparar lo relacionado con la jornada electoral, esto es, imprimir y producir los materiales electorales (boletas, actas y urnas), así como realizar los cómputos de cada una de las elecciones locales (Gobernatura, Diputaciones y Ayuntamientos o Alcaldías).
Por su parte, al INE le corresponde esencialmente determinar el quién, el dónde y el cómo. Esto es, determina las y los ciudadanos que están en posibilidad de ejercer su voto a través de la actualización y construcción del padrón y la lista nominal de electores; realiza la selección y capacitación de las personas que estarán encargadas de la recepción de la votación en las casillas; determina la cantidad y ubicación de las casillas donde la ciudadanía ejercerá su voto, así como fiscaliza los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
Adicionalmente, hay que señalar que la autoridad electoral nacional realiza de forma permanente y exclusiva el monitoreo de los promocionales de los partidos políticos y candidaturas independientes en radio y televisión. En otras palabras, verifica que la propaganda que se pauta en dichos medios de comunicación se encuentre apegada a las reglas que determina la propia constitución y la legislación electoral.
Dicho de otra manera, el INE participa a nivel local en actividades prioritarias de los procesos electorales, las cuales tienen como objetivo que la competencia transcurra en condiciones de equidad y que el ejercicio del derecho al voto sea libre. La razón de su participación es la eficiencia y eficacia demostrada a lo largo de muchos procesos electorales federales.
Sin embargo, hay que decirlo con claridad, hoy existe el riesgo de que el INE no pueda participar en los procesos electorales locales que se desarrollarán en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. La razón es bastante simple: un recorte presupuestal por parte de la Cámara de Diputados.
A través de la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2019, el órgano legislativo determinó, sin mediar explicación alguna, recortar al INE una cantidad aproximada a 950 millones de pesos del presupuesto presentado. De hecho, nunca fue valorada por las y los Diputados la decisión del INE de presentar un presupuesto que garantiza no solo el cumplimiento de sus actividades conforme a lo que establece la ley, sino también la lógica de austeridad que lo impregnaba.
Para darnos una idea del impacto del recorte para la democracia, es importante señalar el costo de una sola de las actividades que serán afectadas. Se espera que en los procesos electorales que he referido, más de 9 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán votar en las más de 16 mil casillas que se instalarán el 2 de junio de 2019.
Para integrar las casillas, el INE tendrá que visitar el domicilio de un un millón 180 mil ciudadanas y ciudadanos para poder designar a los 64 mil 496 que recibirán la votación. Simplemente esa actividad, que se debe realizar por ley, implica ejercer la cantidad de 619 millones de pesos.
Nadie duda que las decisiones económicas tienen impacto en el ejercicio de las atribuciones de las instituciones. Sin embargo, nunca debe poner en riesgo a la democracia y sus procesos de consolidación. Lamentablemente hoy está ocurriendo. Al INE se le impide implementar y aplicar las reglas previstas en ley. A la ciudadanía se le pone en riesgo el ejercicio de sus derechos electorales.
Es claro que las y los diputados del Poder Legislativo que aprobaron el recorte presupuestal obviaron una actitud que debe ser básica en toda decisión de Estado: la responsabilidad. Estoy seguro que ella sí estará presente en los otros poderes.
*Asesor del consejero presidente del INE
