Es a veces difícil entender el mensaje del presidente López Obrador, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y agregó: no siempre se entiende el sentido de sus palabras. La exministra de la Suprema Corte, tal vez la única funcionaria de la administración que, sumada su pensión, recibe ingresos superiores a los del presidente, se refería seguramente, no sólo a las desesperantes pausas y al incomprensible abuso de las preposiciones en el discurso del jefe del Ejecutivo, sino a las contradicciones, las acusaciones sin el sustento de pruebas y el empleo errático de las formas gramaticales que a diario se escuchan en los juicios sumarios contra el pasado en la conferencia de prensa mañanera.
Sin embargo, de entre las sentencias morales, las citas bíblicas, lugares comunes, expresiones coloquiales, supersticiones y limpias al mobiliario del despacho de Palacio Nacional, es posible desentrañar rasgos incuestionables en el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. En su afán por encontrar corruptos y mafias en todos los rincones de administraciones pasadas, López Obrador tiene y manifiesta una aversión total a todo contrapeso a un gobierno que concentra acción y poder en su persona. Los organismos reguladores son para él una farsa y para demostrarlo echa a andar parte de la maquinaria gubernamental en busca de pruebas de las imputaciones hechas a priori contra funcionarios de esos instrumentos de regulación lo mismo que las que se enfocan contra expresidentes, exsecretarios de estado y dirigentes de empresas del sector privado a quienes acusa de inmorales.
A escasos dos meses de iniciada su administración, López Obrador hace un alto en sus críticas a la iniciativa privada y crea un organismo integrado con importantes empresarios, organismos de los sectores privado, sociales y hasta sindicales, los mismos a quienes desde la campaña y en lo que va de su gobierno ha señalado como miembros de las mafias del poder, corruptos, rapaces, neoliberales y conservadores. Crea así una amorfa super cúpula cuya conformación, de funcionar, sería una especia de pacto nacional similar a los que en épocas anteriores existieron con diferentes resultados o fracasos.
El Consejo para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico integrado en una ceremonia en Palacio Nacional es una muestra del concepto lopezobradorista del ejercicio del poder. Será presidido –faltaría más—por su jefe de gabinete Alfonso Romo, quien desde la campaña fungió como enlace entre López Obrador y los organismos del sector privado. De la intención concentradora del presidente no hay duda alguna pese a lo confuso y en ocasiones contradictorio de su discurso.
Lo significativo de la creación del Consejo de Fomento es la respuesta positiva de la totalidad de los representantes de la iniciativa privada y de otros sectores que aceptan el llamado, sin duda convencidos de que el perdón y el olvido de las ofensas recibidas, como lo pregona el propio López Obrador, deben imponerse en nombre de una voluntad de participación de todos en beneficio del desarrollo del país. La respuesta de los sectores está ahí. Falta que el gobierno que los convoca escuche sus opiniones, acepte sus propuestas y sus iniciativas haciendo a un lado los fantasmas de corrupción, inmoralidades y traiciones a la Patria que López Obrador cree encontrar en sus imaginarios adversarios.
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