/ miércoles 14 de julio de 2021

Retos a 5 años de las leyes anticorrupción

Tras el escándalo de la “Casa Blanca” en el país, y luego de un largo proceso, con la suma de esfuerzos entre el legislativo y la ciudadanía, el 27 de mayo 2015 se publicó la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque su implementación no ha sido tan fluida como se esperaba, hay un mérito que reconocer. El contexto de corrupción prácticamente sistémica colocó la lucha contra la corrupción como una de las principales demandas de la ciudadanía. El hartazgo generalizado buscaba frenar de una vez por todas, la captura de los recursos públicos, incluyendo las instituciones, los programas y políticas públicas e incluso la impartición de justicia.

Este momentum colmado de años de impunidad rampante condujo a que 2016 se fraguara la oportunidad de establecer la primera base de este ambicioso Sistema Anticorrupción. En respuesta a la ya imparable demanda social, el Legislativo inició el periodo extraordinario dedicado a estudiar y discutir las 7 leyes (5 por el Senado y 2 en la cámara baja).

La discusión sobre la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativa, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la -entonces- PRG y el Código Penal Federal, así como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se aceleró. El 18 de julio de 2016, se promulgó este primer paquete de Leyes Anticorrupción, en el que, según Transparencia Mexicana, se integraron más de 800 artículos modificados por propuestas de la sociedad civil y la academia.

Se cumplen 5 años de este parteaguas que articuló la normatividad para hacer posibles las sanciones a servidores públicos y a particulares, que estableció los delitos por hechos de corrupción con sus correspondientes sanciones y que creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuya titular fue nombrada en marzo de 2019.

Este fue el principio de un proceso indispensable. El cambio de gobierno en 2018 expresó en las urnas esta necesidad que sigue vigente y que implica una revisión de avances, retos y oportunidades.

Como en todo, hay claroscuros. Ante la diversidad de mediciones relacionadas con el fenómeno, la percepción de la corrupción en México ha mejorado, mientras que, en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción descendió al lugar 11 de 15. La aspiración de combatir la corrupción es una tarea que solo podría ser atajada de manera sistémica, articulada y, por supuesto, con constancia, una enorme determinación y voluntad política. No quitemos el dedo del renglón, la lucha contra este mal es un proceso dinámico que nos corresponde a todas y todos.

#Anticorrupción

@ClauCorichi

Tras el escándalo de la “Casa Blanca” en el país, y luego de un largo proceso, con la suma de esfuerzos entre el legislativo y la ciudadanía, el 27 de mayo 2015 se publicó la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque su implementación no ha sido tan fluida como se esperaba, hay un mérito que reconocer. El contexto de corrupción prácticamente sistémica colocó la lucha contra la corrupción como una de las principales demandas de la ciudadanía. El hartazgo generalizado buscaba frenar de una vez por todas, la captura de los recursos públicos, incluyendo las instituciones, los programas y políticas públicas e incluso la impartición de justicia.

Este momentum colmado de años de impunidad rampante condujo a que 2016 se fraguara la oportunidad de establecer la primera base de este ambicioso Sistema Anticorrupción. En respuesta a la ya imparable demanda social, el Legislativo inició el periodo extraordinario dedicado a estudiar y discutir las 7 leyes (5 por el Senado y 2 en la cámara baja).

La discusión sobre la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativa, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la -entonces- PRG y el Código Penal Federal, así como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se aceleró. El 18 de julio de 2016, se promulgó este primer paquete de Leyes Anticorrupción, en el que, según Transparencia Mexicana, se integraron más de 800 artículos modificados por propuestas de la sociedad civil y la academia.

Se cumplen 5 años de este parteaguas que articuló la normatividad para hacer posibles las sanciones a servidores públicos y a particulares, que estableció los delitos por hechos de corrupción con sus correspondientes sanciones y que creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuya titular fue nombrada en marzo de 2019.

Este fue el principio de un proceso indispensable. El cambio de gobierno en 2018 expresó en las urnas esta necesidad que sigue vigente y que implica una revisión de avances, retos y oportunidades.

Como en todo, hay claroscuros. Ante la diversidad de mediciones relacionadas con el fenómeno, la percepción de la corrupción en México ha mejorado, mientras que, en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción descendió al lugar 11 de 15. La aspiración de combatir la corrupción es una tarea que solo podría ser atajada de manera sistémica, articulada y, por supuesto, con constancia, una enorme determinación y voluntad política. No quitemos el dedo del renglón, la lucha contra este mal es un proceso dinámico que nos corresponde a todas y todos.

#Anticorrupción

@ClauCorichi

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