Como parte de un conocimiento generalizado, sabemos que la reforma constitucional de 2008 transformó nuestro sistema de justicia penal en uno de corte acusatorio y oral, y esta misma estableció como límite para su implementación en todo el país el 18 de junio de 2016, mañana se cumplen cinco años.
Para quienes nos dedicábamos a la implementación de la reforma y de hacer realidad este cambio, nos resulta bastante obvio y necesario hacer adecuaciones a nuestro marco jurídico penal para posibilitar la aplicación del sistema acusatorio en todo el país. Imagínense tener que coordinar a los 32 congresos de las entidades federativas, para que homologaran alrededor de 350 leyes locales, más y aquí debo hacer una pausa importante, el sistema de justicia militar, se dice fácil, pero fue una tarea ardua de los distintos actores que tuvimos como responsabilidad tal tarea.
A parte de ello, fueron los recursos destinados para infraestructura, tecnologías de la información, recursos humanos, cambios organizacionales y, de manera trascendental, la capacitación necesaria para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados. Todo posible por que existía una una instancia de coordinación (constitucional) integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de presidentes de Tribunales, la cual contaba con una secretaría técnica, que coadyuvaba y apoyaba a las autoridades locales y federales, cuando lo solicitaban.
Han pasado trece años desde la aprobación de la reforma que nos ocupa, y cinco desde su fecha límite para su ejecución; sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante todos estos años, debemos reconocer que aún quedan pendientes muchas tareas de consolidación del sistema, si bien, fue prolífico en otorgar un plazo de vacatio legis de ocho años para su implementación, dejó de lado o bien olvidada la consolidación de la reforma, de modo que advertimos un letargo en la consolidación.
Entre los actores que no han concretado la reforma, se encuentran los Ministerios Públicos y la policía, en este último rubro debo sumar a las instancias de seguridad en ejercicio de funciones públicas que se constituyen en primeros respondientes: como son la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina; además de ser necesario que los primeros presenten pruebas sólidas y que las detenciones se apeguen a la ley, esto exige mayores capacidades de investigación y actuación por parte de ambos actores clave.
Reformar ambos eslabones es una tarea inaplazable para mejorar la calidad de la justicia y la capacidad del sistema para reducir la impunidad. Esto demostrado en la emergencia sanitaria suscitada el año pasado. Según el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, el principal reto en materia de Estado de Derecho durante esta fue sin duda el sistema de justicia penal, ya que el puntaje cayó en 16 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas).
Al respecto, los indicadores con descensos fueron el de la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y el que mide el respeto al debido proceso de las personas acusadas de algún delito que incluye: presunción de inocencia, igualdad, ausencia de discriminación, trato digno, defensa adecuada, y acceso a un juicio público ante una jueza o un juez competente e imparcial. Esto fue provocado debido a la suspensión de actividades que tuvieron los órganos jurisdiccionales del país, a pesar de que la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias.
Otros retos son: la falta de cultura de la denuncia, respeto a los derechos de las víctimas (atención médica y psicológica, asesoría jurídica, reparación del daño, y protección). Se debe promover y fortalecer los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos como forma de resolución del conflicto penal. Actualmente sólo el 7.3% de los casos concluye de estas formas; en el resto de los casos se deben invertir recursos investigativos para alcanzar una salida.
Finalmente, se debe mantener en el centro del proceso a las víctimas y los imputados, la relación principal en los conflictos penales es entre la víctima y el imputado, no entre el fiscal y el juez con el imputado.
No debemos olvidarnos que hoy hablamos de un proceso de maduración de cinco años del sistema de justicia penal, que ha adolecido de criterios de evaluación y armonización, así como se olvidó una coordinación y mesas de trabajo interinstitucionales en detrimento de la seguridad y las víctimas.
