Norma Julieta del Río Venegas
Comisionada del INAI
La transparencia y rendición de cuentas son dos conceptos que constantemente utilizamos quiénes creemos que México puede ser más democrático, cerrando sus brechas de desigualdad y combatiendo la corrupción. Para ello, hay que entender en este sentido, aún hay que realizar acciones en diferentes vías, porque para resolver problemas complejos se requiere trabajo constante y coordinado. Uno de los tantos temas en los cuales México debe avanzar es en el de beneficiaros finales, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público define como la persona física que obtiene los beneficios de un contrato u operación de recursos, siendo el verdadero dueño de éstos, y quien tiene el uso, disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición de estos incluyéndose en el concepto a las personas morales.
Por ello, el 31 de mayo presenté ante los Titulares de Órganos Internos de Control de Institutos Electorales de México la conferencia “Retos en México en Materia de Transparencia sobre Beneficiarios Finales”, la cual tuvo como objetivo el detallar la importancia de las estrategias en transparencia como parte del combate mundial del lavado de dinero y de figuras como el llamado beneficiario final.
Ante esto, México ha desarrollado diversas acciones encaminadas en suprimir esta práctica como parte de procesos en combate a la corrupción que se desarrollan desde la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en donde se presentó una serie de 13 compromisos, y en específico con el Compromiso 11, en el cual se establece el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto, en donde pone como objetivo el desarrollar e implementar un Registro de Beneficiarios Finales, como parte de los Principios de Divulgación de Transparencia de Beneficiarios Finales para el 2023.
En este Registro de Beneficiarios Finales, se consideraría a todas aquellas personales morales mercantiles y civiles en nuestro país, esto como parte de acciones en colaboración desarrolladas desde el Sistema Nacional Anticorrupción y del cual el INAI forma parte. En dicho registro, participarían conjuntamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de Economía.
La idea de un registro de esta magnitud es eliminar el anonimato que ha permitido el desarrollo de actividades ilegales, como, por ejemplo: evasión fiscal, corrupción, lavado de activos, entre tantas otras operaciones con recursos de procedencia ilícita. En consecuencia, al contar con un registro se promueve que la información de estos actos pueda llegar a las instituciones de combate a la corrupción de forma oportuna y accesible.
El desarrollo de un Registro de Beneficiarios Finales no es algo nuevo, pues ya se viene implementando en otras regiones del mundo con miras a instituirlo de manera internacional. Por ejemplo, una de las naciones que más ha avanzado en el tema es Reino Unido, que desde 2016 elabora un registro de las personas con un control relevante en empresas y estructuras financieras.
Desde el INAI daremos seguimiento continuo y cercano al tema, pues sabemos es primordial dentro de las acciones en contra de la corrupción y de delitos de alcance financiero que terminan afectando a la sociedad. Desde nuestra competencia impulsaremos una agenda que contemple los alcances del beneficiario final, para que de esta forma puedan desarrollarse las políticas necesarias en vías de establecer un marco jurídico efectivo y expedito.
