La Suprema Corte resolvió en favor de la Fiscalía General de la República (FGR) y en contra de la transparencia. En lugar de respetar la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de abstenerse de conocer este caso, los ministros decidieron proteger a la FGR, argumentando que con la transparencia se afecta la seguridad pública.
En el caso en particular, el INAI ordenaba a la FGR hacer público el nombre y cargo del personal que realiza tareas de investigación y persecución de delitos. Por ejemplo, los agentes del ministerio público de la federación, los policías ministeriales y peritos. Aunque usted no lo crea, la FGR argumentó que esa información daría a conocer las características funcionales del personal y podría ser aprovechada por grupos criminarles, por lo que atacaba directamente la seguridad del país.
La Constitución federal establece que las resoluciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables ¿Cómo le dieron vuelta los ministros a la Constitución? Fácil, los ministros argumentaron que no revisaban la resolución, sino sus efectos y consecuencias. Cuando se debería de ver que la FGR no está brindando justicia y continúa la impunidad, la Suprema Corte la consiente para que siga como va.
La autonomía constitucional de la que gozan algunos organismos públicos es un arma de doble filo. Bien empleada, puede darnos elecciones libres y alternancia en el poder a través del Instituto Nacional Electoral (INE), o evidenciar casos de corrupción como el de Odebrecht o la Estafa Maestra con las resoluciones del INAI. Mal empleada, da como resultado impunidad, excusas y opacidad.
La FGR argumentando que es un ente autónomo se ha negado reiteradamente a participar en compromisos puntuales de gobierno abierto: no ha querido colaborar en investigar y detener la intervención ilegal de las comunicaciones privadas (espionaje) o el flujo y control de armas en el país.
La resolución de la Corte deja un precedente sobre la posibilidad de atacar las decisiones del INAI. En la práctica, debilita la autoridad y facultades del INAI. Un órgano garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales que no pueda obligar a que se transparente la actuación de nuestras autoridades nos regresaría a la opacidad del siglo pasado. El nihilismo jurídico está presente: argumentando que protegemos todo, se termina protegiendo nada.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
