Por vías de audacia contenida por la realidad, la nonata administración de Andrés Manuel López Obrador busca cumplir las promesas de campaña de revertir las reformas de Enrique Peña Nieto. Entre ellas, en la energética y especialmente la referente al petróleo y los precios de los combustibles se emprenden caminos difícilmente practicables. En materia de petróleo se apuntan dos ejes: el incremento a la explotación de la riqueza del subsuelo terrestre y marítimo y una mayor producción de gasolinas para reducir, hasta idealmente eliminar su importación.
Los intentos de revertir la Reforma Energética se ven obligados a reconocer la imposibilidad de alcanzarla como un acto de magia desde el comienzo de la próxima administración. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari comenzó un proceso de reducción deliberada del descubrimiento de nuevos campos petroleros para sustituir la producción de yacimientos como el de Cantarel con nuevos pozos que en fase potencial se localizan tanto en el continente como en la plataforma marítima y en su extensa zona de jurisdicción. Siguió luego el cierre de refinerías y la precarización de las fábricas de gasolina existentes, lo que determinó la reducción de la producción de petrolíferos que culminó con el llamado gasolinazo de enero de 2017, que no fue culpa atribuible al entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade, sino la secuela de una política de debilitamiento de Petróleos Mexicanos para justificar la privatización del petróleo mediante los contratos que se han venido celebrando para la explotación de nuevos yacimientos y para la importación de gasolinas y el ingreso de firmas extranjeras al mercado de los combustibles.
En busca del voto ciudadano que alcanzó por abrumadora mayoría, el gobierno en ciernes ofreció, entre otras realizaciones, impedir la repetición de gasolinazos y lograr una reducción en el precio al consumidor. Pocos días después de su triunfo electoral, el equipo de López Obrador que en materia fiscal encabeza Carlos Urzúa ha debido admitir la flotación del precio de las gasolinas, al alza o a la baja, según lo determine el mercado internacional. El precio de los combustibles sólo podrá ser controlado por la vía fiscal, manteniendo o reduciendo ligeramente el impuesto a su consumo. Haremos lo mismo que la actual administración en tanto no se logre una menor dependencia de la importación, se señaló en el equipo de la próxima administración. El propio López Obrador manifestó ante industriales que la eliminación de las importaciones sólo se alcanzará hasta el tercer año de su gobierno. En tanto, dijo, no habrá más aumentos a los precios que los determinados por la inflación.
El otro eje con el que se espera revertir la Reforma es la construcción de por lo menos una nueva refinería en el sureste del país, Tabasco o Campeche, así como la reestructuración o modernización de las seis plantas de producción de gasolinas que existen en el país. Contra lo que se afirma, las refinerías pueden convertirse en negocio productivo para la industria del petróleo, como lo son las que abastecen al mercado mexicano. Pero la solución que propone López Obrador no será integral ni a corto plazo. El camino es el adecuado, pero llevará tiempo alcanzar la meta deseada.
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