/ viernes 14 de junio de 2019

Revisemos la historia

Históricamente las reformas electorales de nuestro país han sido la respuesta a reclamos de la ciudadanía y de actores políticos sobre deficiencias o carencias de nuestro sistema democrático. Normalmente los cambios al sistema electoral mexicano han sido generados con posterioridad a las elecciones federales, particularmente las presidenciales.

Los años siguientes a dichas elecciones sirven para identificar las fallas en las reglas y procedimientos y para hacer las correcciones necesarias. Los diagnósticos serios y objetivos son básicos, pues la finalidad siempre debe ser fortalecer a nuestra democracia.

Ante la falta de pluralismo político, en la reforma de 1977 se previó el nacimiento del sistema de partidos políticos y la incorporación de la representación proporcional para asegurar la inclusión de las principales visiones políticas en el Congreso. Frente a la desconfianza en la organización gubernamental de las elecciones, en 1990 se creó una autoridad especializada y autónoma para tal efecto (IFE) y en 1996 se consolidó la ciudadanización de la misma.


Para evitar que el uso del dinero sea un factor desestabilizador de la contienda electoral, a finales de 2007 se modificó el régimen de acceso a radio y televisión en materia política-electoral, y se impusieron restricciones en el uso de recursos públicos para favorecer o perjudicar alguna opción política.

En 2014, reconociendo la injerencia de poderes públicos en los procesos electorales locales, así como la necesidad de homologar la calidad y la forma en que se organizaban y conducían las elecciones a nivel federal por parte del IFE, se creó un sistema nacional electoral encabezado por el INE, con atribuciones específicas a los hoy llamados OPLES (antes institutos electorales locales).

A casi un año de las elecciones de 2018, esto es, de la alternancia en la elección presidencial y en muchos otros cargos de elección popular en el país, y a dos semanas de los resultados en las 6 elecciones estatales de este año, los actores políticos y la ciudadanía no han expuesto críticas torales al funcionamiento del sistema democrático. Pero sí lo quieren cambiar.

Nadie niega que existan áreas de mejora en nuestro sistema electoral, aunque a diferencia de lo ocurrido en años previos, la deliberación pública no se ha centrado en discutir sobre la necesidad de cambios en el modelo de elecciones.

Probablemente ello sea consecuencia de que las elecciones del año pasado y de éste no arrojaron inconformidades que hagan evidente la necesidad del cambio. Mucho menos hay diagnósticos que permitan identificarlos para generar soluciones. Pese a ello, ya existen propuestas de reforma constitucional y legal, así como foros para analizarlas.

De hecho, esta semana iniciaron los foros para la discusión sobre reforma del Estado y electoral que están siendo organizados por la Cámara de Diputados. Tratándose de la reforma electoral, los foros se han dividido en 9 mesas temáticas: 1) Reformas de órganos electorales, 2) Reestructuración y vigencia de autoridades jurisdiccionales, 3) Elecciones y autoridades, 4) Obligaciones de partidos, 5) Campaña, voto y nulidades, 6) Financiamiento público, prerrogativas y fiscalización de los recursos, 7) Nueva reforma electoral, 8) Derechos indígenas y representación y 9) Revocación de mandato, voto electrónico, voto digital y voto en el extranjero.

Dichos foros se insertan en lo que los organizadores llaman “parlamento abierto” y el eje de la discusión es la austeridad en nuestra democracia. Algunos temas que ya han sido posicionados públicamente son: desaparición de los OPLES, recortes en el financiamiento público de partidos políticos y reducción o eliminación de la representación proporcional, entre otras.


Me parece que, si hay propuestas de reforma desde antes del inicio de los foros sin un diagnóstico previo sobre lo que hay que cambiar, lo abierto del parlamento es solo el nombre. No olvidemos que del diagnóstico depende la cura. Aun así, habrá que estar atento a los resultados que de ahí deriven para poder responder a lo siguiente: ¿Hay que cambiar algo en nuestro sistema electoral? ¿Es prioritario el cambio? y ¿Las modificaciones abonan a nuestra democracia?

Si las respuestas son afirmativas, la experiencia demuestra que el consenso de las fuerzas políticas es un ingrediente necesario para cualquier modificación del sistema electoral. Habrá que buscarlo. No alcanzarlo puede ser un caldo de cultivo para futuros conflictos electorales y ello puede ser más costoso para nuestra democracia que cualquier ahorro.

Todos reconocemos el elevado costo de nuestra democracia. Sin embargo, en materia de elecciones los cambios no deben buscar al aplauso fácil, sino garantizar que la certeza y la eficiencia en los procedimientos sean la verdadera ruta. De ahí la importancia de los diagnósticos. Revisemos la historia y pongamos atención en ella.

Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo del INE.


@ebuendiaz

Históricamente las reformas electorales de nuestro país han sido la respuesta a reclamos de la ciudadanía y de actores políticos sobre deficiencias o carencias de nuestro sistema democrático. Normalmente los cambios al sistema electoral mexicano han sido generados con posterioridad a las elecciones federales, particularmente las presidenciales.

Los años siguientes a dichas elecciones sirven para identificar las fallas en las reglas y procedimientos y para hacer las correcciones necesarias. Los diagnósticos serios y objetivos son básicos, pues la finalidad siempre debe ser fortalecer a nuestra democracia.

Ante la falta de pluralismo político, en la reforma de 1977 se previó el nacimiento del sistema de partidos políticos y la incorporación de la representación proporcional para asegurar la inclusión de las principales visiones políticas en el Congreso. Frente a la desconfianza en la organización gubernamental de las elecciones, en 1990 se creó una autoridad especializada y autónoma para tal efecto (IFE) y en 1996 se consolidó la ciudadanización de la misma.


Para evitar que el uso del dinero sea un factor desestabilizador de la contienda electoral, a finales de 2007 se modificó el régimen de acceso a radio y televisión en materia política-electoral, y se impusieron restricciones en el uso de recursos públicos para favorecer o perjudicar alguna opción política.

En 2014, reconociendo la injerencia de poderes públicos en los procesos electorales locales, así como la necesidad de homologar la calidad y la forma en que se organizaban y conducían las elecciones a nivel federal por parte del IFE, se creó un sistema nacional electoral encabezado por el INE, con atribuciones específicas a los hoy llamados OPLES (antes institutos electorales locales).

A casi un año de las elecciones de 2018, esto es, de la alternancia en la elección presidencial y en muchos otros cargos de elección popular en el país, y a dos semanas de los resultados en las 6 elecciones estatales de este año, los actores políticos y la ciudadanía no han expuesto críticas torales al funcionamiento del sistema democrático. Pero sí lo quieren cambiar.

Nadie niega que existan áreas de mejora en nuestro sistema electoral, aunque a diferencia de lo ocurrido en años previos, la deliberación pública no se ha centrado en discutir sobre la necesidad de cambios en el modelo de elecciones.

Probablemente ello sea consecuencia de que las elecciones del año pasado y de éste no arrojaron inconformidades que hagan evidente la necesidad del cambio. Mucho menos hay diagnósticos que permitan identificarlos para generar soluciones. Pese a ello, ya existen propuestas de reforma constitucional y legal, así como foros para analizarlas.

De hecho, esta semana iniciaron los foros para la discusión sobre reforma del Estado y electoral que están siendo organizados por la Cámara de Diputados. Tratándose de la reforma electoral, los foros se han dividido en 9 mesas temáticas: 1) Reformas de órganos electorales, 2) Reestructuración y vigencia de autoridades jurisdiccionales, 3) Elecciones y autoridades, 4) Obligaciones de partidos, 5) Campaña, voto y nulidades, 6) Financiamiento público, prerrogativas y fiscalización de los recursos, 7) Nueva reforma electoral, 8) Derechos indígenas y representación y 9) Revocación de mandato, voto electrónico, voto digital y voto en el extranjero.

Dichos foros se insertan en lo que los organizadores llaman “parlamento abierto” y el eje de la discusión es la austeridad en nuestra democracia. Algunos temas que ya han sido posicionados públicamente son: desaparición de los OPLES, recortes en el financiamiento público de partidos políticos y reducción o eliminación de la representación proporcional, entre otras.


Me parece que, si hay propuestas de reforma desde antes del inicio de los foros sin un diagnóstico previo sobre lo que hay que cambiar, lo abierto del parlamento es solo el nombre. No olvidemos que del diagnóstico depende la cura. Aun así, habrá que estar atento a los resultados que de ahí deriven para poder responder a lo siguiente: ¿Hay que cambiar algo en nuestro sistema electoral? ¿Es prioritario el cambio? y ¿Las modificaciones abonan a nuestra democracia?

Si las respuestas son afirmativas, la experiencia demuestra que el consenso de las fuerzas políticas es un ingrediente necesario para cualquier modificación del sistema electoral. Habrá que buscarlo. No alcanzarlo puede ser un caldo de cultivo para futuros conflictos electorales y ello puede ser más costoso para nuestra democracia que cualquier ahorro.

Todos reconocemos el elevado costo de nuestra democracia. Sin embargo, en materia de elecciones los cambios no deben buscar al aplauso fácil, sino garantizar que la certeza y la eficiencia en los procedimientos sean la verdadera ruta. De ahí la importancia de los diagnósticos. Revisemos la historia y pongamos atención en ella.

Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo del INE.


@ebuendiaz

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