Revocación de mandato

En la teoría política, la revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana por medio del cual la ciudadanía ejerce su soberanía para revocar o retirar de un cargo de elección popular a un funcionario electo antes del término de su respectivo periodo, pues hay una pérdida de confianza o no responde a los intereses de ésta. En ese sentido, es uno de los derechos ciudadanos, reconocidos en el artículo 35 Constitucional para controlar el poder.

Sin embargo, en la práctica, en México la figura de revocación de mandato ha sido promovida desde su idea original como un mecanismo de propaganda gubernamental, para que el ejecutivo incidiera en favor de su partido en las elecciones intermedias. Es importante recordar lo que contenía la iniciativa original, que fue modificada en el Senado, pues evidencia los fines del presidente ahora que se ha empeñado en usarla, además, para confrontar y desgastar al Instituto Nacional Electoral.

La reforma original de la revocación de mandato planteaba que, a diferencia de todos los lugares donde se ha legislado al respecto, era el propio presidente quien podía solicitar al congreso el inicio del proceso, que por mayoría simple debe aprobarlo, y además establecía que el proceso era para consultar a la ciudadanía sobre la permanencia del presidente, no para revocarlo, además de que no definía si tal la permanencia podía o no ir más allá del tiempo para el cual fue electo. Con lo que en los hechos se buscaba una ratificación y en una de esas hasta una ampliación del periodo para el que fue electo. Por otra parte, establecía que fuera concurrente con las elecciones federales, lo que lo configuraba como un mecanismo electoral para tener un presidente en campaña.

Afortunadamente, en el Senado, para construir los acuerdos que permitieran se aprobara la reforma constitucional, fue modificada totalmente la minuta sobre consulta popular y revocación de mandato, regresándole su carácter de derecho ciudadano. Se cambió la fecha para que no coincidiera con las elecciones; se le quitó al Ejecutivo la facultad de iniciar por sí mismo o a través de su partido el proceso de revocación de mandato; se establecieron reglas para que las firmas para iniciar el proceso revocatorio reflejarán realmente la motivación ciudadana; le dieron a la institución encargada de organizar las elecciones, la facultad exclusiva de promover, organizar, desarrollar y hacer el cómputo; prohibieron tajantemente el uso de los recursos públicos así como la promoción de la consulta por parte de partidos o gobiernos; en síntesis, le dieron la llave a la ciudadanía para activar el proceso revocatorio.

Sin embargo, como mucho de lo que hace el presidente López Obrador, este proceso de revocación no solo es una total simulación, sino además es una flagrante serie de violaciones a lo que establece la constitución, que deberán ser revisadas y analizadas en su contexto por los tribunales. Contraviniendo la constitución, López Obrador y su partido han promovido desde un principio el proceso manipulándola como una ratificación del presidente; son militantes en activo o funcionarios quienes están recabando las firmas; es muy probable hayan usado recursos públicos para dicho fin; una gran parte de las firmas son falsas; y en medio de todo ello, además se ha negado a dotar de los recursos al Instituto Nacional Electoral para organizar y realizar la consulta de revocación, y están usando a las instituciones para perseguir criminalmente las diferencias de opinión, de quienes en el INE aprobaron un acuerdo que permitió sean los tribuales quienes tengan la resolución del diferendo.

Ojalá la SCJN, como lo ha venido haciendo, resuelva apegada a lo que establece la constitución, acaben con esta farsa y le devuelvan a la revocación de mandato, su carácter de derecho ciudadano.