Estamos en la antesala de la instalación de 56 mil 516 casillas para la revocación de mandato convocada por el INE, a efecto de que 92 millones, 823 mil, 216 electores podamos evaluar la gestión del presidente de la república. Si bien es cierto que se trata de un ejercicio inédito, también lo es que corresponde a un mecanismo cuya naturaleza ciudadana ha sido desvirtuada. No fueron ciudadanos inconformes con los rendimientos de la cuarta transformación quienes retiraron su confianza al primer mandatario y la solicitaron, al contrario, fueron sus adeptos, los convencidos, impulsados por el presidente, Morena, legisladores, servidores públicos y sus aliados.
La ruta para llegar al 10 de abril luce sinuosa, con graves confrontaciones entre actores y autoridades, con amplia movilización del partido oficial para cumplir sobradamente el requisito de firmas y ahora para lograr la meta establecida en más de treinta millones de votos. Los servidores públicos afines al presidente están en plena campaña al cobijo de un decreto que reinterpretó el concepto de propaganda gubernamental vulnerando bases constitucionales vigentes y les retiró la autoimpuesta `ley mordaza´.
El escenario de la revocatoria presenta al grupo gobernante que sostiene que modificar las reglas del juego fue legal y oportuno y que, por lo tanto, pueden salir a promocionar el ejercicio a la luz de su libertad de expresión y del derecho a la información de la ciudadanía. Para el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todos los servidores públicos, sin excepción, deben respetar la prohibición de no difundir logros de gobierno durante el periodo de la revocatoria, y ya en breve, durante las campañas de los seis procesos electorales locales que iniciarán el 3 de abril.
La jornada de votación de la revocación de mandato será una de las más controvertidas de la historia reciente de México por su impresionante judicialización. Primero fue el vacío legislativo que concluyó con la emisión tardía de la Ley en septiembre de 2021, las impugnaciones ante la Corte y el Tribunal sobre la redacción de la pregunta y los alcances de los lineamientos emitidos por el INE; después fue la estrategia judicial para estrangular al organismo electoral y obligarlo a cubrir los costos con recursos obtenidos de sus propias partidas.
Ahora es la pugna por el activismo que vulnera las prohibiciones para difundir propaganda gubernamental y la revocatoria y la posición de autoridades para que se respete la constitución. El hecho es que las medidas cautelares emitidas por el INE enfrentan una estrategia deliberada de los servidores públicos de la cuarta transformación que dicen acatar los mandatos y bajar de sus páginas la propaganda gubernamental para, dos minutos después, seguir promoviendo la revocatoria y logros de gobierno, al tiempo que se victimizan y acusan al INE de ser un censor equivalente al tribunal `de la santa inquisición`.
Está en curso la acción de inconstitucionalidad interpuesta por las dirigencias del PAN, PRI y PRD en contra del decreto de reinterpretación y los juicios presentados en contra del INE por `vulnerar la libertad de expresión´, como también está pendiente el juicio ciudadano que deberá valorar la anormal conflictualidad política que enmarca la histórica primera revocación del mandato presidencial.
Lo cierto es que es un pésimo mensaje vulnerar la institucionalidad democrática que hemos construido para regular el juego político y para anular por la vía de los hechos la trascendencia de incorporar mecanismos de democracia directa ajustando la ley a conveniencia y sobre la marcha, con un comportamiento que desafía permanentemente a la ley y desconoce a las autoridades y su arbitraje. Conoceremos en breve el desenlace.
*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
