Con ambiente polarizado y discusión álgida, el INE informó sobre el ajuste a su presupuesto ante el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que determinó la cámara de diputados. Con un monto total de 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos, el Instituto dispondrá de 13 mil 914 millones 742 mil 268 pesos, dado que los 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos restantes corresponden al financiamiento público de partidos que por mandato constitucional no se puede modificar y se les debe entregar en ministraciones mensuales.
Si bien las cifras resultan elevadas ante la mirada ciudadana, lo cierto es que la reducción deja a la autoridad electoral en indefensión para atender un cúmulo amplio de actividades, entre muchas otras, la organización de 6 elecciones para renovar gubernatura en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; así como 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas de mayoría relativa y 327 regidurías de representación proporcional en Durango; y 25 diputaciones de Quintana Roo, para un total de 436 cargos de elección popular que serán sometidos al veredicto de las urnas con un listado nominal que se calcula en 11.6 millones de electores que requerirán del protocolo sanitario y los costos que ello implica.
Además, están en marcha las tareas de actualización territorial de los distritos federales y locales; la atención de los derechos laborales de los trabajadores; la expedición gratuita de la credencial de elector que garantiza también el derecho a la identidad, la fiscalización de los recursos de partidos y candidaturas, el monitoreo de emisiones en radio y televisión de mensajes partidistas y de autoridades electorales, entre otras, que implican inversión de recursos públicos. Con todo, el INE aprobó ajustes a diversos proyectos por un monto de 1 mil 275 millones 900 mil pesos que serán destinados a la organización de la revocatoria de mandato.
Y si bien el INE insiste en que no reducirá estándares de calidad para organizar elecciones ni para los ejercicios de participación ciudadana, también es enfático en que el ajuste resulta insuficiente para cumplir con la revocatoria, sin que ello importe o impida que Morena se movilice abiertamente para lograr las firmas. En efecto, el Partido en el gobierno está en campaña desplegando amplios esfuerzos operativos para llegar a la totalidad de los apoyos. En breve veremos el impacto que el llamado del dirigente nacional tiene en sus legisladores para que “salgan a las calles a informar sobre las acciones del gobierno que encabeza su partido”, hoy amparados en el criterio del Tribunal que concedió la posibilidad de que puedan influir en la ciudadanía mientras no inicie formalmente el procedimiento con la emisión de la convocatoria a cargo del INE, previa declaración de validez de las firmas.
Se trata de un hecho que, de nuevo, demuestra que la revocación de mandato ha sido desvirtuada como ejercicio ciudadano, no son los gobernados quienes quieren someter a una evaluación al primer mandatario, es urgencia del propio gobierno, una estrategia dirigida a mantenerlo en campaña permanente, un pretexto para saber con un instrumento de medición oficial cómo está el respaldo de los electores al proyecto de la cuarta transformación y para demoler al INE. De nada servirán los “límites jurisdiccionales” para tratar de influir en los electores “antes de que inicie” el proceso de consulta, ni para frenar las campañas que difunden la ratificación y no la revocatoria. Al tiempo.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
