Con un abrazo solidario al Dr. César Camacho.
La presentación de la iniciativa legislativa que propone modificar diversos artículos de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de Instituciones de Crédito ha generado reacciones en contra de su proponente, el senador Ricardo Monreal Ávila, trayendo a la palestra pública el tema de la independencia de un poder público como lo es el Legislativo y la relevancia de regular un tema central para los usuarios de servicios financieros, como lo son las comisiones bancarias.
Agentes económicos y respetados líderes de opinión han opinado que se trata de un acto de irresponsabilidad que pone en peligro la estabilidad de México. Se ha reprochado que los legisladores busquen regular esta materia. Sin embargo, el doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, en su calidad de legislador federal está cumpliendo con su atribución de proponer iniciativas de reformas legales ante órganos reguladores que, tal y como ha opinado el periodista especializado en materia financiera Enrique Quintana, no han cumplido con rigurosidad su misión de vigilar que los bancos no abusen de los usuarios.
Ante esa grave omisión encabezada por el Banco de México, los legisladores (con base en lo señalado en el artículo 71 constitucional) tienen el derecho y obligación de señalar esa omisión y proponer reformas que la corrijan, lo cual está haciendo el senador Ricardo Monreal, a quien la ley ampara.
El primer párrafo del artículo 61 constitucional señala que los legisladores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Respecto a esta figura propia del Derecho Parlamentario, el doctor Jaime Cárdenas Gracia afirma que se trata de “una inmunidad parlamentaria que consiste en proteger la función de los legisladores de acusaciones y de proceso urdidos por móviles políticos”.
De esta forma, el legislador cuenta con una protección como representante popular para poder desempeñar sus funciones y expresar libremente sus opiniones durante su encargo, sin poder jamás ser reconvenido por ello ni sujeto a un proceso judicial, salvo en el caso de que la Cámara de Diputados así lo determine en los términos del artículo 111 constitucional.
Por otro lado, no existe usuario bancario que esté de acuerdo con las altas comisiones que paga cada mes y cada año a los bancos por disponer de su dinero en cajeros automáticos y hacer uso responsable de una tarjeta de crédito, las cuales se elevan discrecionalmente y los bancos sólo cumplen con enviar el nuevo contrato por correo.
Es una realidad que Ricardo Monreal ha puesto la lupa en abusos a los que usuarios bancarios nos vemos sometidos cotidianamente y ante los que el Poder Legislativo tiene la facultad y obligación de actuar, sobre todo ante la permisividad que han mostrados órganos reguladores como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Pero recordemos que se trata de una iniciativa que aún deberá ser analizada, dictaminada y aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
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@jlcamachov
