Rosario Piedra Ibarra continúa inmersa en la polémica por su designación como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A lo largo de 29 años de la fundación de este órgano no existía tal controversia.
No sólo bastará su activismo social, plan de trabajo, proyecto de austeridad o trabajar las 24 horas para legitimarse. El reto será demostrar una verdadera autonomía de la CNDH y una férrea defensa de los mexicanos ante los abusos del poder.
La labor no es sencilla. Se avizora el recurrente cuestionamiento de su nombramiento por quienes la han repudiado, pero el principal desafío consiste en revertir la crisis de los derechos humanos frente a la bestial impunidad en México.
Par de ejemplos. Con la reciente muerte de Arnulfo Cerón Soriano, líder del Frente Popular de la Montaña y del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos de Guerrero suman 18 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año, aunado a 13 periodistas ultimados en los últimos meses.
El uso excesivo de la fuerza, actos de tortura, ataques a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, reparación integral del daño, falta de confianza en las instituciones, corrupción, indiferencia e ineficacia de las autoridades, generan un círculo vicioso para cumplir las recomendaciones emitidas por la CNDH.
El documento “La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: Algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, expone la compleja situación. En los últimos 18 años, se registraron 130 mil expedientes de quejas y sólo se emitieron 1 mil 285 recomendaciones.
En este análisis comparativo, también se detectó que las violaciones a los derechos humanos se incrementaron exponencialmente en los últimos sexenios, además, las instituciones que más violan los derechos son aquellas que “tienen a su cargo la satisfacción de necesidades esenciales” como la salud, seguridad pública y social, procuración de justicia, educación y vivienda.
Reivindicar y proteger a todo ser humano frente a los abusos del poder, la obligación de Rosario Piedra Ibarra como ombudsperson, es decir, hacer valida la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad (…) todos son iguales ante la ley”.
¿Obtendrá su legitimidad?
