La definición exacta de la “política pública” de “abrazos, no balazos” la ha expuesto con toda claridad la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, distinguida militante de Morena, luego de un escarceo con Movimiento Ciudadano al inicio de su carrera política (es un decir, claro).
Ni siquiera el presidente de la República, creador y promotor de esa “política de seguridad”, ha podido ser tan claro:
“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, dijo la señora alcaldesa en un video que difundió el sábado 13, luego de que un día antes en Tijuana, y los otros municipios de Baja California, se vivió un día violento, que dejó un saldo de 22 vehículos incendiados.
Los culpables, según se desprende de las palabras de la alcaldesa, son aquellos ciudadanos que se negaron a pagar la extorsión que significa el cobro del llamado derecho de piso por parte del crimen organizado, cuyos miembros ejercen su “derecho” a delinquir y agredir y castigar a quienes no les pagan “sus facturas”.
En otras palabras: señores del crimen organizado violenten a quienes no les pagan. Lo del gobierno federal son los abrazos a esos delincuentes.
Los hechos violentos en Tijuana y los demás muncipios de Baja California ocurrieron después de la violencia contra particulares en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez, donde surgieron como por generación espontánea. A falta de información, las especulaciones comenzaron: fue la respuesta del crimen organizado a un presunto operativo del Ejército contra líderes del cartel Jalisco Nueva Generación, pero también las que afirmaron que fueron acciones ordenadas por el gobierno federal para justificar la iniciativa de convertir a la Guardia Nacional (“fuerza civil” promovió el gobierno y sus panegiristas) en parte del Ejército.
También se interpretó como una estrategia del gobierno federal para debilitar a los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, todos ellos en manos de la oposición y que la posterior aparición de la violencia en Baja California y Michoacán, ambos en manos de Morena, fue para demostrar que esa especulación no era correcta. Pero, lo cierto es que por ejemplo en Guanajuato, la principal violencia ocurrió en municipios del llamado corredor industrial: Celaya, Irapuato y León, pero no en Salamanca, municipio gobernado por Morena.
Sorprendieron también los ataques “del crimen organizado” contra la cadena de tiendas Oxxo, propiedad de FEMSA, a cuyos propietarios y ejecutivos el presidente de la República los ha considerado enemigos de su gobierno. La más benévola (para el gobierno federal) especulación es que esa cadena de tiendas de conveniencia se ha negado a pagarle extorsión del cobro del derecho de piso, pero ¿por qué sólo se atacó a las de Jalisco y Guanajuato, si están en todo el país?
Los hechos violentos, -promovidos y exagerados por los conservadores y opositores, según el presidente de la República- en esos estados han demostrado un hecho irrebatible: el crimen organizado controla ya una buena parte del país, y los responsables de sus “protestas” (así llamó López Obrador a la violencia y los incendios, y lo explicó la alcaldesa de Tijuana) los ciudadanos que no pagan las cuotas de la extorsión, toleradas por los abrazos presidenciales.
