Las muertes que podrían haberse provocado, sólo en el Instituto Nacional de Cancerología, a consecuencia de los recortes o cancelación de programas ordenados por la Secretaría de Hacienda, habrían constituido un crimen de Estado por una razón irrefutable: los recursos públicos existen, ahí están en la hacienda pública y fueron etiquetados por la Cámara de Diputados, de manera que no había razón para poner en jaque a las personas enfermas, la mayoría mujeres, por la interrupción de sus tratamientos.
Las consecuencias de la cancelación o recortes en programas hubiera provocado, sólo en este Instituto —como conocimos por el oficio que las y los Doctores responsables de programas contra cáncer dirigieron al Secretario de Hacienda—, que miles de mujeres con cáncer de mama, tratamiento y reconstrucción de mama, cáncer cérvicouterino, cáncer de pulmón en mujeres no asociado al tabaquismo, cáncer de ovario, cáncer en endometrio, o pacientes con Sarcoma de Kaposi, en total 3,500 mujeres, pudieron estar en serios riesgos de deterioro grave de su salud de no continuar con su curación, tratamiento y cuidado integral, y cientos de ellas con riesgo de perder la vida en un lapso de 6 meses.
Afortunadamente por presión de las y los médicos, y en particular de las y los funcionarios de los Institutos nacionales especializados del sistema de salud pública, y apoyo de los medios de comunicación, se logró que la Secretaría de Hacienda liberara (literal) los recursos para que los programas de estos hospitales puedan continuar con su loable deber.
En el sexenio de Peña hubo una disminución de 5.5 por cierto al gasto de Salud, pero este gobierno en vez de enmendar ese deficit, recorta el 92 por ciento a programas contra la obesidad, diabetes y trasplantes, desaparece la prueba del tamiz neonatal entre otros programas indispensables para prevenir y curar enfermedades que afectan la salud y vida de muchas personas pobres que no pueden recurrir a la medicina privada.
La relación de liquidaciones, carencias, recortes, cancelación de programas en los hospitales especializados y generales del sector salud llenaría las páginas del periódico: médicas y médicos especialistas que están siendo liquidados, personal de enfermería reducido, falta de fármacos, antiretrovirales de mala calidad, disminución de los apoyos a pasantes, las y los residentes agobiados por los recortes financieros y porque deben trabajar entre 15 y 18 horas diarias sin descansos, pacientes que deben comprar los insumos incluso para su operación quirúrgica.
La compra de medicamentos no puede detenerse bajo el argumento de que hay corrupción; en cualquier país de leyes, se investiga, finca responsabilidad y se castiga; pero no se deja sin medicinas a las y los enfermos.
Hay que corregir cosas; se requiere una operación basada en análisis diagnósticos para recomponer aspectos consecuencia de la reducción presupuestal, hay que cuidar no truene uno de los sistemas más consolidados de México; este gobierno debe actuar tomando en cuenta que un error, tendrá como consecuencias pérdidas humanas. Este asunto no puede tratarse como si fuese huachicol.
Por el bien del país, deseo al Presidente mucha sabiduría y genuina mesura para que esta materia sea atendida en el marco de los estándares delineados por la Organización Mundial de Salud y el enfoque de los Derechos Humanos.
Defensora de Derechos Humanos
@angelicadelap
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