El miércoles pasado el INE decidió postergar todas las actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, incluyendo la jornada electoral. A través de una decisión inédita en la historia del país, la autoridad electoral actúa de forma responsable y congruente con la medida que adoptó la Secretaría de Salud de suspender actividades durante 30 días para evitar contagios masivos del virus Covid-19.
Dentro de las medidas no se identificó de manera específica a las elecciones como actividad que debía suspenderse en este período de contingencia; sin embargo el INE, en ejercicio de la autonomía que le reconoce la propia Constitución, asumió la necesidad de generar certeza y adoptó una decisión trascendente en beneficio de la ciudadanía de las referidas entidades federativas. Esto era necesario porque los datos de la Secretaría de Salud, tanto de posibles contagios (3,827), casos confirmados (1,378) y defunciones (37) van en aumento.
El INE reconoció que, para las elecciones de Diputaciones en Coahuila y de Ayuntamientos en Hidalgo, durante los siguientes 30 días estarían desarrollándose actividades que implican riesgo de contagio, por lo que debían postergarse. Por ejemplo, en Hidalgo estaba contemplado que hoy iniciaría el registro de candidaturas (lo que implica la movilización de personas a la sede de la autoridad electoral) y para ambas entidades el 25 de abril estaba programado el inicio de las campañas y con ello la celebración de actos públicos con concentraciones masivas de personas.
Si se posponen las campañas, que es precisamente la etapa de un proceso electoral en que las y los candidatos presentan a la ciudadanía sus propuestas para ganar la preferencia del electorado, la consecuencia natural es también la postergación de la jornada electoral.
Por tal razón, la autoridad electoral decidió que se retomarán las actividades y se fijará una fecha en que las y los electores de Hidalgo y Coahuila deben acudir a las urnas a elegir libremente a sus representantes hasta que la autoridad de salud determine que ya no hay riesgo para la población.
Precisamente en esa lógica se inscribe la decisión adoptada por el INE. Es decir, postergar las actividades no significa que se hayan suspendido discrecionalmente las elecciones. Tampoco es impedir arbitrariamente la renovación de poderes públicos, ni mucho menos de validar de facto una extensión de mandato. Al contrario, se trata de una postergación a partir de una premisa básica: la salud de las y los mexicanos.
En efecto, el derecho a la salud es una condición básica sobre la cual se desarrollan todos los demás derechos fundamentales. Así lo ha reconocido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la Observación general Nº 14, donde ha señalado que, tratándose de la salud, los Estados tienen obligación de respetar, proteger y cumplir ese derecho, siendo esta última obligación la que implica que se adopten las medidas administrativas, legislativas, judiciales que sean necesarias para darle plena efectividad.
El Comité es claro al señalar que la obligación de cumplir (promover) el derecho a la salud requiere que los Estados emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población.
En este caso, el INE decidió aplazar, con el consenso de todos los partidos políticos y con el acompañamiento de las autoridades electorales locales, el ejercicio de derechos políticos-electorales hasta en tanto las condiciones sanitarias permitan garantizar la plena libertad de la ciudadanía, que es el elemento básico para la celebración de elecciones y para la consolidación de la democracia.
Para generar certeza y garantizar el derecho a la salud, además de lo anterior, se han tomado otras medidas. Por ejemplo, desde hace unos días el INE adoptó mecanismos de trabajo a distancia y decidió suspender el servicio de módulos de atención ciudadana para la tramitación de la credencial (debido a la alta concentración de personas en dichas oficinas públicas).
De igual forma, la semana pasada ordenó interrumpir algunas actividades institucionales como los trabajos relacionados con el análisis de la documentación presentada por las organizaciones ciudadanas que buscan constituirse como nuevos partidos políticos nacionales, la revisión de los padrones de los partidos políticos con registro, así como procedimientos sancionadores.
La democracia se consolida al garantizar la libertad de las y los mexicanos en el ejercicio de sus derechos. Hoy la protección a la salud se impone como el gran objetivo las instituciones públicas, actores privados y sociedad en general. Ojalá entendamos que lo que ocurre actualmente es bastante serio y que ello implica adoptar decisiones que buscan un bien mayor. Seamos responsables y actuemos en consecuencia.
Jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.
@ebuendiaz
