Por: Alejandro Calvillo
Esta es la historia: el 22 de julio de 2015, El Poder del Consumidor presentó una demanda en nombre de la sociedad en contra del etiquetado a los alimentos vigente en nuestro país porque éste se estableció sin base científica (y a modo de la industria de alimentos ultraprocesados sin informar adecuadamente a los consumidores las cantidades de azúcar, sodio y grasas ingeridas en cada producto); no es entendible para la población (ni estudiantes de nutrición pueden interpretarlo correctamente, menos el resto de la población), y por establecer un criterio de azúcar que es un riesgo para la salud. Recordemos que en México las muertes por diabetes son más del doble del número de homicidios registrados en 2017 en el país.
En diciembre de 2016, el juez Fernando Silva García dictó una sentencia favorable a nuestra demanda al concluir que el etiquetado viola el derecho a la salud, la alimentación de calidad y a la información, reconoció que “el deber del Estado de informar y advertir al consumidor sobre los ingredientes de los productos alimenticios constituye una garantía y no un obstáculo para el ejercicio eficaz del libre desarrollo de las personas”.
En su sentencia, el juez Silva García ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) basarse en evidencia científica y modificar el etiquetado para distinguir entre azúcares naturales y añadidos, decir cuántos gramos de azúcar añadido poseen los productos y advertir sobre el riesgo a la salud que representa la ingesta desmedida de azúcar, entre otras medidas.
La sentencia fue apelada por la Cofepris, la Secretaría de Economía y por la Procuraduría Federal del Consumidor, en una tríada increíble defendiendo los intereses de la industria.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo en febrero de este año la competencia sobre el amparo 7/2017. El ministro Fernando Franco González Salas presentó a sus colegas un proyecto de sentencia tendiente a proteger la salud de los mexicanos y, sobre todo, a velar por el supremo interés de la infancia mexicana tomando en cuenta que los niños son la población más vulnerable de cara a las cifras alarmantes de obesidad que tenemos en ese sector poblacional.
El pasado 29 de agosto dicho proyecto fue votado en contra, lo que no significa que sea cosa juzgada. Pasó a manos de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien deberá elaborar un nuevo proyecto de sentencia para ser votado nuevamente.
Parece que todo está acabado, no es así. El mismo día que en México la SCJN votó en contra del proyecto del ministro Franco, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, aprobó y decretó un etiquetado de advertencia fácil de entender (como el que pedimos), elaborado en conjunto por diferentes ministerios, académicos y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef y FAO.
El nuevo etiquetado frontal de Uruguay es muy similar al chileno: al frente de la envoltura octágonos negros que indican al consumidor “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”.
En Chile estudios demuestran que este tipo de etiquetados funcionan y reducen el consumo de productos chatarra, tanto que la industria ha reformulado sus productos con menos azúcar, grasas y sodio en beneficio de la población. Los ministros mexicanos han recibido un estudio de la academia que confirma que el etiquetado actual es riesgoso para la salud y recomienda usar un etiquetado similar al chileno. Eso esperamos que pase. De no ser así el costo para el sistema económico y de salud del país es incalculable.
Director El Poder del Consumidor
