La violencia en su máximo apogeo y las bandas delincuenciales trepadas en las barbas de un gobierno, que sigue con su estrategia de abrazos y no balazos. Retan, a sabiendas de la impunidad de la que gozan, atenidos a la respuesta, cuando mucho tibia, de autoridades paralizadas.
El atentado contra el Secretario de Seguridad de la CDMX fue otra bofetada al Estado. Las últimas semanas habían sido de pronóstico reservado: En el Istmo de Tehuántepec, 15 muertos torturados y calcinados. En Guanajuato bloqueos carreteros y quema de autos, a cargo del conocido Cártel de Santa Rosa de Lima. En Caborca, Sonora, un grupo armado “levantó” a 11 personas, a las que torturó y asesinó.
Indetenibles, los sátrapas asolan a regiones enteras de la República y, ni la Guardia Nacional, ni las Fuerzas Armadas logran detenerlos. La sociedad se pregunta hasta cuándo va a seguir la ola sanguinaria, que imposibilita una vida en paz.
Nada funciona: si se hacen aprehensiones, la “puerta giratoria” de los jueces los deja en libertad. Es de cuestionarse si es por corrupción, o si el miedo a estos salvajes los lleva a decidir a su favor.
Interviene y con carácter determinante, la acción del Ministerio Público, que tantos juzgadores ponen en tela de juicio, por las pésimas consignaciones.
De una u otra forma habría que romper este círculo vicioso, que tiene a los malosos infestando las calles de la República, mientras la gente común y corriente vive en la incertidumbre y el temor.
El operativo, para exterminar a Omar García Harfuch, en una zona de lujo de la capital, habla del poderío del Cártel Jalisco Nueva Generación (Presunto autor), sanguinario hasta lo inconcebible y con una estructura dominante a nivel nacional.
De inmediato surge el culpar a las administraciones del pasado: si bien es cierto que el problema se desbordó con la infausta “guerra contra el narco”, del Calderonato, en la actualidad crece el número de homicidios diarios y el resto de delitos que conlleva la presencia de estas hordas, en cualquier localidad.
Pagan justos por pecadores. Gabriela Gómez, de 26 años, encontró la muerte al pasar por el lugar en el que se enfrentaban narcos y escoltas, en las Lomas de Chapultepec.
Originaria del Estado de México, la joven mujer deja dos niñas, de siete y cuatro años. Estaba cerca de su lugar de trabajo –vendía antojitos a la altura del Auditorio-. “Daño colateral”, expresión que se creó en el Calderonato, para etiquetar a inocentes que fallecían en medio de una balacera o por un proyectil perdido, es un concepto que da náusea.
El caso patentiza la “desigualdad”, a la que tanto se refieren en este Régimen. Su cuerpo fue a dar a Azcapotzalco, donde tardaron más de 40 horas en entregarlo a su familia. La mandamás capitalina dio una colaboración de 10 mil mugrosos pesos, a los dolientes de la víctima. El entierro se dijo que lo cubrió el gobernador del Edomex.
¿Quién responde de manera comprometida, a dolientes de escasos recursos? Debería ser el Centro para Atención a Víctimas, pero éste se encuentra en el abandono y su directora recién renunció. En su carta de despido dejó en claro que, la institución se ha politizado y lo poco que hay se otorga a quienes se constituyen en clientela de la 4T.
De no llegarse hasta las últimas consecuencias en la investigación y proceso de los culpables de este atentado, veremos la caída súbita de la CDMX, sede del Poder Federal.
@catalinanq
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