En los últimos años, la sociedad mexicana abre y cierra mesas de diálogo sobre la despenalización del consumo y uso de la marihuana. Los mejores expertos del país, en diversas ramas de la ciencia, han hablado en estas mesas y han hecho propuestas. Lo cierto es que no existe un consenso nacional sobre despenalizar dicha sustancia. Uno de los problemas más grandes surge cuando el asunto se plantea de manera dicotómica: ¿sí -o-no? a la despenalización. En realidad, depende del esquema regulatorio y de la prospectiva en beneficio del Estado mexicano.
La forma de sacar del ámbito del derecho penal la siembra, posesión, consumo y comercialización de la marihuana se logra con simples reformas legislativas. Una modificación a la Ley General de Salud y otras leyes penales darían la solución. Ahora bien, como todos sabemos que la ley no le tuerce el brazo a la realidad, el problema regulatorio seguiría frente a nuestras narices. Todas las sustancias con efectos en el cuerpo humano deben ser reguladas con una política pública integral, el mejor ejemplo está en tabaco, alcohol y medicinas.
Por un momento, vamos a suponer que existe un consenso democrático para despenalizar la marihuana. Así mismo, por un instante pensemos en sacar de la ecuación a la delincuencia organizada en México y a los consumidores. El problema para medir la despenalización del cannabis sativa y la merma en los grupos delictivos está lleno de literatura y mediciones que se usan para robustecer argumentos en pro y en contra sin llegar a ser conclusivos. El tema de consumidores es que, hoy por hoy, infringen la ley. Es menos aventurado imaginar que esto se hace por un tema del libre desarrollo de la personalidad, tal y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abordado el tema.
Las primeras preguntas serían: ¿Cuál sería el marco regulatorio? y ¿Cómo se generaría tal? Las sustancias como medicinas, tabaco y alcohol son producidas y comercializadas por particulares que cuentan con una licencia especial para tales fines y paso por paso hasta llegar al consumidor final. Aquí está el primer punto: ¿Los particulares serían los encargados de la producción y comercialización? Más adelante nos tendríamos que preguntar: ¿Quiénes serían esos particulares?, ¿Cuántos y cuáles serían los requisitos que se le exigirían? y ¿Cómo se evitaría la corrupción en semejante negocio?
El Estado mexicano ha demostrado ser un mal productor y comercializador de productos, por ello, no es la mejor idea que el Estado se hiciera cargo de la tarea ya mencionada. Lo que debería importarle al Estado mexicano son los impuestos que se podrían lograr, por ejemplo: las bebidas alcohólicas y el tabaco son los productos que generan más ingresos a través del IVA al Estado mexicano. La imposición de un impuesto generaría un alza en el precio de productos derivados del cannabis, lo cual, podría dar lugar a un mercado negro.
El turismo para el consumo de sustancias alcohólicas ha creado problemas en México o en España, fenómeno que se podría repetir con esto. La situación hacia al sur del país pondría a prueba la capacidad regulatoria y de seguridad pública del Estado mexicano. La pregunta ya no debe ser dicotómica sino regulatoria. El tema es de Estado, no de liberales y conservadores. La mayoría de las propuestas legislativas se centran en no criminalizar al consumidor y la posesión, así como la autoproducción. Se necesitan diseños más amplios que convenzan a la sociedad mexicana y demuestren que son viables, por lo menos a nivel de ley.
Dr. En Derecho
