La oferta consiste en una aeronave Boeing Dreamliner 787, adquirida en 2016 y a la que el presidente electo Andrés M. López Obrador había advertido poner a la venta por costosa y por ser una afrenta al pueblo de México, asegurando hace años que “no la tiene ni Obama”.
Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Instagram aseguró que la aeronave presidencial, “no es suya ni es mía”. Y esta vez Peña tiene razón, baste recordar que en el momento en que se dio el proceso de adquisición del avión presidencial José María Morelos y Pavón, el Poder Ejecutivo se vio en la necesidad de solicitar la realización de estudios de factibilidad; lo mismo habría de suceder para vender la nave, el gobierno federal debe presentar dos análisis, aunque en este último caso se debe acreditar que existe viabilidad financiera en la operación y el gobierno mexicano no perderá recursos; el segundo deberá mostrar que no tendrá impacto para la seguridad nacional y la institución presidencial, así lo han señalado los expertos en seguridad nacional.
Sabemos que la compra de lo que también se conoce como el TP-01 (transporte presidencial 01) se realizó mediante la figura de arrendamiento financiero entre la Sedena y Banobras, a fin de que la adquisición de la aeronave no se descontara de un golpe a la Secretaria de la Defensa Nacional, sino que el costo de la misma se desahogara en un plazo de 15 años, y la compra contempló un paquete integral de activos estratégicos consistente en una aeronave de transporte para uso presidencial y del Estado Mayor, así como equipo, por un monto de 6 mil 94 millones 689 mil 900 pesos, incluido el costo financiero del arrendamiento.
De acuerdo con un estudio realizado por la empresa Ascend Flightglobal Consultancy en 2015, se advierte que si la aeronave presidencial es vendida es probable que se haga a una compañía aérea por alrededor de la mitad de los valores de avalúo, lo que implica un valor pronosticado de pérdida respecto a su valor de adquisición (2012) de 218.7 millones de dólares, por lo que recomendó conservar la aeronave para servicio de la Fuerza Aérea Mexicana durante el futuro previsible.
Pues bien, como precisé al inicio del presente, desde sus inicios como candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador amenazó con vender el avión presidencial; sin embargo, existen algunas objeciones para el efecto, veamos…
En primer término y como lo advirtió Peña Nieto, en un sistema presidencialista como el mexicano, independientemente de la fuerza política a la que represente, el jefe del Ejecutivo no es dueño de nada durante el desempeño de su encargo, se trata de un empleado al que los ciudadanos le otorgan el mandato a través del sufragio, nada más.
Lo anterior nos lleva a concluir que se trate de una silla de la casa o del despacho presidencial, un automóvil que esté al servico del primer mandatario–o cualquiera de sus partes-, un buque o el mismo avión, todo ello es propiedad del Estado, es decir, parte de los bienes utilizados para el desempeño de los servidores públicos, que en este caso se trata del presidente.
Asi las cosas, en todo caso la decisión de comprar o vender un activo del Estado —el avión presidencial-, es institucional, debe pasar por un proceso legislativo y administrativo que no le corresponde al presidente, sino a los legisladores y aunque Morena será mayoría, confiemos e imploremos la sensatez, la experiencia política y la madurez del Congreso.
No obstante en días pasados, el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la venta del avión presidencial porque su operación y mantenimiento suponen gastos que pueden ahorrarse; abundó: “No me voy a subir a ese avión porque no voy a ofender al pueblo de México”.
Hablando en plata, la realidad el gran problema radica en el ámbito de la política y el discurso que llevó a Andrés Manuel López Obrador a arrollar en la pasada contienda electoral… La verdad, muchas de sus declaraciones espantan y nos llevan a pensar que lo suyo no es la democracia: a la voz de “el pueblo manda” y con el Congreso de su lado, demuestra su intención de violentar tanto la división de poderes, como la propia Constitución… qué miedo!!!
Pues bien, la apuesta está abierta, se aceptan ofertas…
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