Por Yadira Gálvez Salvador
El próximo 31 de octubre se celebrará el vigésimo aniversario de la adopción de la Resolución 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad”, del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, considerada como un parteaguas ya que reconoce el impacto diferenciado que los conflictos tienen en las mujeres y niñas e incorporar la perspectiva de género en la prevención y la gestión de los conflictos, así como en la construcción de paz. Entre otros aspectos, se insta a los Estados a desarrollar acciones para: proteger a las niñas y mujeres en los contextos de conflicto; incorporar la perspectiva de género en las operaciones de la paz, promover una mayor participación de mujeres en éstas, en la construcción de paz, en los cuerpos de seguridad y en la toma de decisiones. A lo largo de los años, se han adoptado otras nueve resoluciones que robustecen estos esfuerzos.
Esta agenda debería ser prioritaria para México. El país presenta cifras indignantes en violencia contra las niñas y mujeres; al tiempo que, por el número de víctimas de homicidio en el contexto del enfrentamiento con las organizaciones criminales, es considerado un conflicto armado interno. El Índice Global de Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2020 del Instituto de Investigaciones para la Paz de Olso y la Universidad de Georgetown ubica a México en el lugar 103 de 165 países en cuanto a resultados en materia de inclusión, justicia y seguridad para las mujeres.
Lastimosamente, la impunidad y la re-victimización son las constantes. En 2015 se cometieron 411 feminicidios y para 2019 la cifra alcanzó 933. La tendencia se mantiene al alza, ya que entre enero y agosto de 2020 se registraron 626 casos, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La violencia en el hogar se ha incrementado en el marco del confinamiento por la pandemia de COVID-19, al tiempo que 18 mil 258 mujeres y niñas están desaparecidas o no localizadas.
México no ha desarrollado su Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad y tampoco se han implementado medidas exitosas frente a la crisis de violencia e inseguridad que azota a mujeres y niñas. En agosto pasado, INMUJERES y el SESNSP anunciaron el inicio del proyecto piloto Mujeres Constructoras de Paz, que al igual que el Programa de Prevención de Violencia Familiar y de Género, reciben financiamiento a través del FORTASEG, cuya partida presupuestal fue eliminada del Proyecto de Presupuesto de 2021.
Es urgente que los tres órdenes de gobierno pongan en marcha políticas de seguridad ciudadana con perspectiva de género, diseñadas y aplicadas de la mano de las comunidades. Éstas deben incluir elementos de prevención, protección y protocolos de actuación frente a los diversos tipos de violencias que aquejan a niñas y mujeres, desde una perspectiva contextual, transversal y tomando en cuenta las interseccionalidades. También deberán acompañarse de la capacitación de todas las personas que estén a cargo de su implementación y ser sujetas a seguimiento y evaluación externas. El primer paso, es que las autoridades reconozcan que estamos en una situación de emergencia, en la que instrumentos como las Alertas de Género han demostrado ser ineficientes. En tanto que la creación de la Fiscalía Especializada en Atención e Investigación de Feminicidios en la FGR, debería ser también un compromiso irrenunciable.
Profesora Investigadora de Tiempo Completo en el Centro de Relaciones Internacionales FCPyS-UNAM
Integrante del CASEDE
