El pasado viernes, senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, consideramos que su vigencia trastoca el orden constitucional en más de 10 artículos de la Constitución y también del Pacto de San José; su aplicación transgrede la protección y el ejercicio de los derechos humanos.
Pero esto lo sabían quienes la votaron porque lo argumentamos durante el debate en el Senado de la República en diciembre del año pasado, aún así mencionaban que había presión del ejército para "tener un marco jurídico" para seguir en las calles haciendo funciones de policías; hubo quienes de manera discreta decían que "sus" Gobernadores les pedían aprobarla de lo contrario las fuerzas armadas se retirarían de su Estado.
En este contexto llama la atención que en el Municipio de Cholula, Puebla, después de que presentaron una Acción de Inconstitucionalidad, el ejército retiró el apoyo de seguridad que le daban, cuestión que debe aclararse. Así las cosas, es necesario analizar si esta ley es lo que requieren las fuerzas armadas o si lo prioritario a discutir es lo que necesita la gente para tener seguridad pública eficiente y capaz.
Por lo pronto esta Ley es contraria a la Constitución además porque otorga al Presidente de la República y a las fuerzas armadas facultades metaconstitucionales impropias en una democracia.
No debato si es necesario revisar la ley de seguridad nacional que ya existe, sino que el grave problema de inseguridad pública -que es otra cosa distinta de la seguridad nacional- debe ser atendido con urgencia y para lograrlo es necesario apoyar sobretodo a los ámbitos locales para que sea la autoridad civil la que asuma su responsabilidad y las fuerzas armadas dejen poco a poco de realizar estas tareas; esto lo hemos dicho hasta el cansancio.
Los argumentos en contra de la Ley de Seguridad Interior que el PRI y sus aliados se negaron a escuchar en la tribuna del Senado, son los mismos que hoy están plasmados en la acción de inconstitucionalidad por quienes argumentamos y votamos en contra, y lo hicimos haciendo caso omiso a las presiones; por desgracia pareciera que puede haber revancha contra quienes votamos en conciencia.
Es evidente también que el PRI regresó a la época de las fuerzas vivas donde los legisladores recibían consigna de levantar la mano por instrucción del Presidente de la República.
A todas luces, la Ley de Seguridad Interior no es la respuesta que necesitan los gobernadores y que necesitan los presidentes municipales. Pero sobretodo no es la respuesta que necesita la gente de carne y hueso.
Aún podemos corregir este terrible error antes de que su aplicación demuestre lo que 6 relatores de Naciones Unidas, la CNDH, organizaciones de la sociedad civil, destacadas y destacados especialistas y académicos, y legisladores y legisladores, advertimos: es una Ley que desaparece de facto la protección constitucional de los Derechos Humanos.
Y mientras la Ley de Seguridad Pública que articule la coordinación entre los tres órdenes de gobierno seguirá esperando hasta que quiera la mayoría en el Congreso, o sea, el PRI.
Senadora por el PRD
Angelica de la Peña
@angelicadelap
