Corre el último mes de 2017 pero la realidad que vivimos nos confronta. Nuestra Nación, en vez de avanzar en su marcha, ha retrasado de golpe milenios su reloj histórico, justo más allá de los tiempos de la monarquía romana.
Sí, época aciaga la que se padecía a finales del siglo VI a.C., cuando el pueblo de Roma estaba secuestrado por el autoritarismo de un déspota como Tarquinio el Soberbio, su séptimo y último rey, pero también más que cercana y actual hoy: rediviva briosa, trágicamente, cuando un órgano legislativo que se supondría representante del más prístino espíritu republicano, como es la Cámara de Diputados, acaba de turnar –luego de una acelerada discusión en la Comisión de Gobernación y posterior votación furtiva a la usanza de la Asamblea Legislativa de la CdMx- al órgano heredero moderno del antiguo Senado romano, el dictamen aprobado en lo general y particular de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, poniendo con ella en jaque lo poco que restaba de margen en nuestro marco jurídico como contención a los abusos de quienes detentan los altos mandos de la administración del poder, principalmente del titular del Ejecutivo Federal. De nueva cuenta, dura lex, sed lex, será la “razón” de un Estado, que hace mucho dejó de ser de Derecho, una vez que el Senado termine de perpetrar este golpe de muerte a los jirones que nos quedaban de democracia. ¿Y todavía así nuestro gobierno condena a regímenes como el venezolano? México no solo es un Estado ausente de Derecho. Es una Nación sin gobernabilidad y este nuevo proyecto normativo de 34 artículos es la mejor prueba, el reconocimiento expreso de que el pacto federal ha muerto y de que la ciudadanía está abandonada a su suerte, vigilada y sometida al crimen más que nunca, inerme frente a la violencia multifactorial, sobre todo ahora en vísperas de unas elecciones que se anticipan las más álgidas y sangrientas de nuestra historia. Así lo corroboran artículos de la nueva ley que sobre facultan al Presidente de la República como el 11: para ordenar “por sí” la intervención de la Federación en el territorio de cualquier entidad federativa, y el 16: cuando “bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas”, en casos en que las amenazas constituyan grave peligro a la integridad de las personas o funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, quebrantando con ello lo dispuesto por la propia Constitución Federal, particularmente por cuanto a la naturaleza, división y equilibrio entre los poderes. Y es que por más y cuando la ley declare que las “Acciones de Seguridad Interior”, realizadas por las autoridades federales, no sustituirán las de las correspondientes a otros órdenes de gobierno (arts. 16 y 17), o que las Fuerzas Armadas “sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes” (art. 20), la invasión de facultades estará legitimada al legalizarse todo el rosario de extra limitaciones que contiene la iniciativa por lo que respecta al sobre ejercicio del poder de las autoridades federales y a la desnaturalización de la función de las fuerzas militares, en contravención flagrante con lo dispuesto por la Carta Magna. Sí, con el voto de 248 diputados: las bancadas en pleno del PRI (183) y del PVEM (35), 14 del PAN, 9 de Nueva Alianza, 4 de Encuentro Social, 2 del PRD y uno independiente, se está a punto de dar el tiro de gracia a los derechos humanos y de acreditar formalmente la institucionalización de un Estado dictatorial supra presidencialista en México. No hay duda, estamos cada vez más lejos de construir un proyecto de Nación democrática. Subyace solo la ambición por el poder mediante el control del próximo proceso electoral.
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@BettyZanolli
