Entre las principales obligaciones de los estados se encuentran las de promover la equidad social, atemperar las desigualdades económicas, reducir los niveles de pobreza y proteger contra riesgos sociales a la población en estado de pobreza. El instrumento para lograrlo, es una adecuada política de desarrollo social que esté sustentada en programas adecuados y pertinentes a las condiciones del país.
La actual Administración Pública en México, inicio generando muchas expectativas sobre la implantación de una Política Social novedosa, que realmente mejorará los indicadores de rezago social en México. Para el efecto, se establecieron nuevos programas que tienen como característica general la entrega de recursos monetarios directamente a la población beneficiaria.
Si bien es cierto que la entrega directa de recursos monetarios es una práctica no exclusiva de México, también es cierto, que está demostrado que las transferencias monetarias por sí mismas, son ineficientes para ampliar las capacidades de salud, educación y alimentación de la población objetivo.
Es conveniente recordar que los recursos de cualquier programa social provienen del dinero que aporta la ciudadanía a través de sus impuestos, que es a la Cámara de Diputados la instancia que aprueba las partidas presupuestales específicas que están sujetas a leyes y condiciones y en caso de incumplimiento, a sanciones administrativas o penales. Por lo tanto, el dinero que se entrega en un programa social, no debe ser considerado como una dádiva del gobierno o de una persona en particular.
Ha sido muy lamentable observar la poca transparencia en la política social de la nueva administración. Diversas organizaciones qué han realizado ejercicios de evaluación o de auditoría, tales como la Auditoría Superior de la Federación, INCO, CONEVAL, Mexicanos Contra la Corrupción, CIDE, así como diversos especialistas y académicos, coinciden en dos irregularidades fundamentales: la ausencia de padrones confiables y de reglas de operación
Estas observaciones podrían parecer no graves, sin embargo, lo son, ya que impiden conocer con certeza quiénes son las personas que reciben los beneficios, si éstos cumplen con los requisitos, agravada la situación por carecer de procedimientos de comprobación, rendición de cuentas y evaluación. Todas estas fallas generan un espacio enorme para la discreción y corrupción.
En ese terreno de irregularidades, se encuentra la figura de los llamados “siervos de la Nación”. Este personal, repartido por todo el país, realiza una función de trabajadores sociales encargados de orientar y facilitar a los beneficiarios de los programas sociales el trámite y gestión de los mismos.
Generalmente es población joven entre los 25 y 45 años de edad. Muchos de ellos realizan el trabajo por la necesidad del sueldo, otros por auténtica vocación de servicio, pero desafortunadamente, la mayoría, por un interés político electoral. Este último grupo proviene de campañas políticas de Morena.
Sus jefes son nada menos que los super delegados estatales, subdelegados regionales y coordinadores municipales de la Secretaría del Bienestar, los tienen operando para generar una clientela electoral que favorezca a Morena en las siguientes elecciones.
Así los vemos asistiendo a los domicilios de las personas para entregarles órdenes de pago, tarjetas del bienestar, convocatorias a reuniones de pago y de información. Con estas acciones, se convierten en personas de gran influencia en la población beneficiada.
Además de ganarse el respeto por ser los gestores de sus beneficios, estos siervos de la nación, se visten con uniformes muy parecidos a los que utilizan los operadores de Morena en sus campañas, así generan mensajes subliminales para favorecer a dicho partido.
Los últimos episodios que han protagonizado este grupo de trabajadores, es el de integrarse a las “brigadas correcaminos”, que son las encargadas de aplicar las vacunas contra el COVID 19. Como justificación a esta innecesaria tarea, se les ha incluido en el personal prioritario para ser vacunado, al mismo nivel qué médicos y enfermeras que se han jugado en la vida y la de sus familiares en los últimos 11 meses.
También los vemos haciendo 50 llamadas diarias para confirmar los datos de las personas mayores de 65 años que ya se han registrado voluntariamente para obtener la vacuna, sin agregar información importante en sus llamadas.
Es aquí donde surgen todas las suspicacias. Por un lado, tenemos programas sociales que priorizan la entrega directa de dinero sin reglas claras e inexistencia de padrones, que con las pocas evaluaciones disponibles se ha detectado un uso “flexible” del dinero. Y por el otro lado, encontramos una red de “siervos de la nación” qué opera los programas y elabora padrones a modo, que solamente ellos conocen. Surgen entonces preguntas que deben de encontrar respuesta:
1 ¿Por qué establecer una política social basada en entregas directas de dinero cuando se ha demostrado que estas prácticas no amplían las capacidades de la población beneficiada y que por el otro son fácil blanco de la corrupción?
2 ¿Cuál es la razón de mantener la opacidad en la Política Social del gobierno?
3 ¿Cuál es la necesidad sanitaria y logística de incorporar en las brigadas de vacunación a los “siervos de la nación”?
4 ¿Con qué finalidad los “siervos de la nación” están usando los padrones de las personas que se han registrado para recibir la vacuna del COVID 19?
5 ¿Será que los “siervos de la nación” se están convirtiendo ahora en los “siervos del padrón”?
* Presidente de la Academia Mexicana de Educación.
