Por Mariana Campos*
El gasto electoral en México es notoriamente excesivo y está lejos de generar el valor esperado. Por ejemplo, el gasto en campañas no logra promover un buen debate ni mayor participación ciudadana en el mismo. En cambio, se ha visto que algunos partidos lo usan para desvirtuar la competencia electoral, al regalar productos y dinero por medio de tarjetas. En este contexto, es motivo de celebración que los ciudadanos exijan que los partidos “donen” su presupuesto destinado para las campañas a la causa de la atención de las consecuencias de los recientes sismos. Existe racionalidad y legitimidad atrás de esta propuesta: maximizar el valor de los impuestos que pagamos.
En contraste, fue una lástima escuchar las opiniones de algunos políticos que rechazaron la propuesta por considerarla inconstitucional. Claramente, no fueron empáticos con el sentir ciudadano y evidenciaron su poca disposición a escuchar y entenderlos. Es quizá esta poca consideración lo que ocasiona que los ciudadanos incluso busquen reducir los recursos a los partidos de manera permanente.
La propuesta ciudadana es, efectivamente, inviable tal como se planteó, ya que ni el INE ni los partidos están facultados para reasignar de manera directa los recursos que reciben a otro fin. Sin embargo, tanto el INE como los partidos pueden hacerlo de manera indirecta. Lo que la Constitución establece es cuántos recursos deben asignarse en el presupuesto a los partidos. Pero, una vez que éste se aprueba, el INE y los partidos SÍ pueden adoptar medidas de austeridad. Es decir, en lugar de gastarse todo el presupuesto que la ley prevé asignarles, pueden gastarse sólo una parte y devolver el resto a la Tesorería de la Federación, la cual entrega el sobrante a la Secretaría de Hacienda, quien a su vez puede reasignarlo durante el ejercicio. De hecho, ya ha pasado que, de manera circunstancial, los partidos políticos no han gastado todo el presupuesto asignado a las campañas.
Además, por la apretada situación de las finanzas públicas en 2017, el INE adoptó medidas de austeridad, aún cuando se tenían programadas elecciones en cuatro estados. Y éstas no se vieron afectadas, por lo que sí es posible ahorrar. Esta austeridad debería extenderse al gasto que se le otorgará al INE para organizar las elecciones de 2018.
Los partidos también pueden hacerlo. En los últimos días diversos partidos han manifestado que “renunciarán” aparte o todo del financiamiento público que se les otorgó para 2017. Se trata de un buen esfuerzo que debe repetirse en 2018. El próximo año, los partidos políticos recibirán un monto dos veces superior al de este año, lo que representa más de 11 mil millones de pesos, pues también recibirán recursos en los estados, para gasto ordinario y gasto de campaña en elecciones locales.
Sí hay recursos. La discusión debe ser otra. Debe centrarse en el mecanismo para que se gasten correctamente. Lo que recomendamos es que los diputados aprueben en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 la apertura de un fondo destinado a la reconstrucción y atención de necesidades derivadas de los #sismos2017, el cual podría recibir los recursos de estos ahorros, entre otros, y contar con reglas de gobernanza y contraloría social que permita vigilar cómo se gastan.
Estos recursos deben tener un impacto no sólo en las evidentes afectaciones que se registraron, sino también manejarse en un marco de transparencia y participación ciudadana. También deben invertirse en generar las políticas necesarias para controlar los riesgos que se enfrentan con los desastres naturales.
*Coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.