/ domingo 17 de enero de 2021

Sin autónomos, más pobreza y desigualdad

por José Luis Camacho Vargas


En medio de la peor pandemia y crisis económica que haya sufrido nuestro país, se ha deslizado un posicionamiento de parte del Poder Ejecutivo Federal para prescindir de órganos constitucionales autónomos arguyendo excesivos costos de operación y nulos beneficios para la población, los cuales son rotundamente falsos.

El riesgo no es menor, pues de concretarse esta pretensión nuestro sistema político y democrático estaría retrocediendo 40 años, generando graves daños a toda la población que, en plena pandemia, seria presa, por ejemplo, de la subida indiscriminada en precios de bienes y servicios sin que existiera alguna razón para ello y ningún órgano abocado a evitarlo.

Es decir, con la pretendida desaparición de órganos autónomos se estaría beneficiando a las grandes empresas trasnacionales y poderes fácticos, en perjuicio de los pequeños negocios, emprendedores (por si les faltara algo ante el nulo apoyo gubernamental en esta pandemia) y consumidores, al dejarlos desprotegidos frente a prácticas anticompetitivas.

No existe ninguna ventaja ni bondad en la desaparición de órganos autónomos.

Y es que no se trata de cualquier tipo de órganos autónomos, sino de reguladores que han demostrado responsabilidad y eficacia en la defensa del interés de las y los mexicanos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se encuentra constituido por especialistas, no por políticos, de ahí que sus decisiones se encuentren sustentadas en razones técnicas, ajenas a intereses económicos y políticos, cumpliendo con un trabajo que ha logrado trascender presiones e intereses, generando beneficios directos a las y los consumidores.

A escasos 7 años de haber sido creado, por cada peso que el erario público ha destinado al IFT, la labor del órgano regulador ha generado a través de diversas acciones regulatorias 47 pesos de beneficio directo a la sociedad mexicana, sumando 540 mil millones de pesos, recursos que han sido depositados directamente por los sancionados a la Tesorería de la Federación.

Por si no fuera suficiente para sustentar y apoyar su labor, el IFT ha hecho posible que los precios que paga la sociedad mexicana por los servicios móviles disminuyan 44%, así como el cobro de Internet fijo y eliminación del cobro por llamadas de larga distancia nacional.

La labor del IFT se ha traducido en la reducción de la brecha tecnológica en la sociedad.

Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se encarga de combatir la colusión, por ejemplo, en los procesos de contratación pública, por lo que el Poder Ejecutivo Federal debiera ser el principal interesado en fortalecer la labor de este órgano para prevenir y atacar la corrupción.

En 2020 la labor de la COFECE representó imponer multas por 684 millones de pesos a prestadores de servicios de salud que pretendieron vender a sobreprecio al IMSS e ISSSTE; agilizó la entrada de medicamentos genéricos al mercado y redujo la concentración en el autotransporte de pasajeros. Se trata de temas que impactan innegablemente en el bolsillo de las y los mexicanos.

México ya sufrió el tiempo en el que las instituciones públicas eran juez y parte en el ejercicio de transparencia y resultó en un derecho muerto en detrimento de la sociedad. Y justamente porque ya recorrimos ese camino y aprendimos, no queremos repetir ese ejercicio infructuoso. Por ello, apostamos por el fortalecimiento y engrandecimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este órgano autónomo contribuye a empoderar a la población y actúa a favor de la ciudadanía. Su existencia fortalece nuestra democracia y permite controlar el ejercicio del poder público, inhibiendo y exhibiendo actos de corrupción.

Reitero, no existe ninguna ventaja ni bondad en la desaparición de órganos autónomos.


@jlcamachov

por José Luis Camacho Vargas


En medio de la peor pandemia y crisis económica que haya sufrido nuestro país, se ha deslizado un posicionamiento de parte del Poder Ejecutivo Federal para prescindir de órganos constitucionales autónomos arguyendo excesivos costos de operación y nulos beneficios para la población, los cuales son rotundamente falsos.

El riesgo no es menor, pues de concretarse esta pretensión nuestro sistema político y democrático estaría retrocediendo 40 años, generando graves daños a toda la población que, en plena pandemia, seria presa, por ejemplo, de la subida indiscriminada en precios de bienes y servicios sin que existiera alguna razón para ello y ningún órgano abocado a evitarlo.

Es decir, con la pretendida desaparición de órganos autónomos se estaría beneficiando a las grandes empresas trasnacionales y poderes fácticos, en perjuicio de los pequeños negocios, emprendedores (por si les faltara algo ante el nulo apoyo gubernamental en esta pandemia) y consumidores, al dejarlos desprotegidos frente a prácticas anticompetitivas.

No existe ninguna ventaja ni bondad en la desaparición de órganos autónomos.

Y es que no se trata de cualquier tipo de órganos autónomos, sino de reguladores que han demostrado responsabilidad y eficacia en la defensa del interés de las y los mexicanos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se encuentra constituido por especialistas, no por políticos, de ahí que sus decisiones se encuentren sustentadas en razones técnicas, ajenas a intereses económicos y políticos, cumpliendo con un trabajo que ha logrado trascender presiones e intereses, generando beneficios directos a las y los consumidores.

A escasos 7 años de haber sido creado, por cada peso que el erario público ha destinado al IFT, la labor del órgano regulador ha generado a través de diversas acciones regulatorias 47 pesos de beneficio directo a la sociedad mexicana, sumando 540 mil millones de pesos, recursos que han sido depositados directamente por los sancionados a la Tesorería de la Federación.

Por si no fuera suficiente para sustentar y apoyar su labor, el IFT ha hecho posible que los precios que paga la sociedad mexicana por los servicios móviles disminuyan 44%, así como el cobro de Internet fijo y eliminación del cobro por llamadas de larga distancia nacional.

La labor del IFT se ha traducido en la reducción de la brecha tecnológica en la sociedad.

Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se encarga de combatir la colusión, por ejemplo, en los procesos de contratación pública, por lo que el Poder Ejecutivo Federal debiera ser el principal interesado en fortalecer la labor de este órgano para prevenir y atacar la corrupción.

En 2020 la labor de la COFECE representó imponer multas por 684 millones de pesos a prestadores de servicios de salud que pretendieron vender a sobreprecio al IMSS e ISSSTE; agilizó la entrada de medicamentos genéricos al mercado y redujo la concentración en el autotransporte de pasajeros. Se trata de temas que impactan innegablemente en el bolsillo de las y los mexicanos.

México ya sufrió el tiempo en el que las instituciones públicas eran juez y parte en el ejercicio de transparencia y resultó en un derecho muerto en detrimento de la sociedad. Y justamente porque ya recorrimos ese camino y aprendimos, no queremos repetir ese ejercicio infructuoso. Por ello, apostamos por el fortalecimiento y engrandecimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este órgano autónomo contribuye a empoderar a la población y actúa a favor de la ciudadanía. Su existencia fortalece nuestra democracia y permite controlar el ejercicio del poder público, inhibiendo y exhibiendo actos de corrupción.

Reitero, no existe ninguna ventaja ni bondad en la desaparición de órganos autónomos.


@jlcamachov