Dice Diego Valadés, cito textual: “La reforma constitucional en trámite, referida al fuero presidencial, no contribuirá a combatir la impunidad sino a disminuir la gobernabilidad, porque el próximo presidente, sea quien fuere, estará sometido a un acoso constante”.
Agregaría el tema de los gobernadores opositores al mandatario en turno.
El fuero del Presidente, de los gobernadores, de los legisladores ha sido intocable a través de los años y de muchos gobiernos porque su razón de ser está enquistada en una conquista de independencia de poderes, y en la salvaguarda cierta, eficiente, de la diferencia de opiniones con el poder establecido.
Idea del candidato presidencial José Antonio Meade o de su contraparte el panista Ricardo Anaya, lo cierto es que dicha “reforma” es totalmente oportunista y se inscribe en la búsqueda de votos.
Que haya tenido tanta aceptación en la Cámara de Diputados se debe a que sería políticamente incorrecto, otra vez se atraviesa el tema electoral, oponerse a ésta.
Se trata de una reforma que limitaría, de aprobarse por los senadores y por los congresos locales, el poder presidencial. Cualquiera podría acusar al primer mandatario y, también, cualquier juez podría en base al nuevo sistema acusatorio “detenerlo”. Para después, documentar la investigación en su contra. Como tenemos a varios protagonistas del poder público, sean o no culpables ante la opinión pública, encarcelados mientras la PGR hace su trabajo de “investigar”.
El fuero constitucional ha tenido una razón histórica de existir. Es, fue siempre, una protección contra las ambiciones de grupos opositores. La realidad actual, de mandatarios que llegan al día de la elección cuestionados y con poco margen de ventaja, hace todavía más necesaria la existencia de éste.
Si derogamos el fuero constitucional cualquier gobernador que no tenga la “amistad” del presidente de la República podría ser acusado, encarcelado, con presuntas evidencias y, automáticamente destituido del cargo para el que fue electo.
En tiempos pasados varios gobernadores dejaron de serlo por voluntad presidencial. Sin embargo, un mandato presidencial acotado evitó que esto sucediese en tiempos recientes, como una conquista del sistema democrático que queremos siga vigente.
¿Se puede tratar de una medida gestada en la desesperación de los priistas que sienten que están a dos segundos de perder el poder?
El mandatario que sigue podría ser sujeto de un juicio político, lo que devendría en una paralización de la administración pública, y tal vez en su dimisión. Significa, entonces, poner la estabilidad del país en cualquier interés de grupo que no tiene sino que contar con un juez corrupto, o un poquito corrupto y convencible, incluso un juez que se pueda convencer de las razones particulares, para llegar a un verdadero “golpe de Estado”.
Ese es el peligro de que la reforma que deroga el fuero constitucional pueda darse. Del presidente de la República para abajo, todos los legisladores, los gobernadores, tendrían que atender estos atentados contra la paz social en lugar de trabajar… con una situación política volátil y de gran riesgo para la democracia.
Estamos a tiempo.
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