/ lunes 4 de diciembre de 2017

Sin gafete | La cuarta parte del Ejército en la calle

Si esto sucediese en otro país causaría terror. Casi la cuarta parte del efectivo militar actuando como policías, jefes militares a cargo de la seguridad en las zonas con mayor conflicto, miles de millones de pesos gastados… Y cero resultados.

Porque la violencia ha aumentado. Porque cada 16 minutos hay un homicidio doloso, porque las quejas contra la actuación militar se cuentan por centenas, porque vivimos con mayor miedo.

¿Qué sentido tiene una Ley de Seguridad, que en los hechos es de militarización, ante estos resultados? ¿Qué vamos a ganar millones de mexicanos cuando aumente el número de militares en funciones de policías, cuando les den más dinero, cuando puedan detenerte porque le caes mal a cualquier jefe militar, cuando las escuchas ilegales sean legales?

La pregunta es dónde están los resultados.

La exigencia del general Salvador Cienfuegos debía haber pasado por este filtro antes de aprobarse la Ley.

Si con las limitaciones “legales” que tienen actualmente vivimos la vergüenza nacional de que el Secretario de la Defensa tuviese que “ofrecer una disculpa” por la tortura que hicieron hombres y mujeres bajo su mando, y que quedó establecida con un video, qué podemos esperar si esta Ley pasa, como todo indica, por el Senado.

Habría que sentirse avergonzado por el fracaso, poner a tantos militares, 56 mil, el uniforme de policías con un aumento en impunidad y asesinatos es, debería ser, inaceptable. Por el contrario, parece que quisiéramos festejarlo.

En todos los foros civiles ha habido oposición a esta Ley. Como también en la ONU. Solamente un gobernador panista, Javier Corral, de Chihuahua, ha expresado públicamente lo que piensa, que esta Ley es “un retroceso”. Y ha pedido al Senado que haya un debate amplio, con la participación civil y de especialistas antes de aprobarla.

Las consideraciones del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco fueron leídas siquiera por los diputados.

Por razones personales, el suegro del gobernador Quirino Ordaz, fue un jefe militar muy cercano, el secretario Salvador Cienfuegos, personalmente, ha nombrado militares en activo en todas las policías de Sinaloa. Y la violencia sigue adelante. No ha habido un cambio.

Como no lo hay en Baja California Sur donde la Secretaría de Marina Armada ha enviado marinos en activo para hacerse cargo de las labores de seguridad estatal. Al contrario, el número de ejecuciones ha aumentado exponencialmente, incluyendo a policías. Con total impunidad.

Porque de los homicidios dolosos que suceden en nuestro país cada 16 minutos, no hay detenidos. No tenemos asesinos en las cárceles. Es decir, vivimos en la mayor impunidad criminal porque las policías federales y estatales no hacen su trabajo. Lo que no parece importar ni a los diputados ni a los senadores, menos todavía al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

Y no lo hacen porque son pocos y no tienen presupuesto ni existe voluntad de sus jefes para ello.

En México, durante el gobierno de Peña Nieto, ha habido 10 mil desaparecidos más que en el gobierno anterior. El número total se acerca a los 35 mil. Que equivalen a otras tantas familias que no saben el destino de sus seres queridos, que tienen que buscar sus restos en fosas clandestinas. Estos casos no se han investigado ni en el fuero federal ni en el estatal. La mayor parte de estas desapariciones suceden en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua.

En Twitter: @isabelarvide

Blog: EstadoMayor.mx Blog:

CambioQRR.com

Si esto sucediese en otro país causaría terror. Casi la cuarta parte del efectivo militar actuando como policías, jefes militares a cargo de la seguridad en las zonas con mayor conflicto, miles de millones de pesos gastados… Y cero resultados.

Porque la violencia ha aumentado. Porque cada 16 minutos hay un homicidio doloso, porque las quejas contra la actuación militar se cuentan por centenas, porque vivimos con mayor miedo.

¿Qué sentido tiene una Ley de Seguridad, que en los hechos es de militarización, ante estos resultados? ¿Qué vamos a ganar millones de mexicanos cuando aumente el número de militares en funciones de policías, cuando les den más dinero, cuando puedan detenerte porque le caes mal a cualquier jefe militar, cuando las escuchas ilegales sean legales?

La pregunta es dónde están los resultados.

La exigencia del general Salvador Cienfuegos debía haber pasado por este filtro antes de aprobarse la Ley.

Si con las limitaciones “legales” que tienen actualmente vivimos la vergüenza nacional de que el Secretario de la Defensa tuviese que “ofrecer una disculpa” por la tortura que hicieron hombres y mujeres bajo su mando, y que quedó establecida con un video, qué podemos esperar si esta Ley pasa, como todo indica, por el Senado.

Habría que sentirse avergonzado por el fracaso, poner a tantos militares, 56 mil, el uniforme de policías con un aumento en impunidad y asesinatos es, debería ser, inaceptable. Por el contrario, parece que quisiéramos festejarlo.

En todos los foros civiles ha habido oposición a esta Ley. Como también en la ONU. Solamente un gobernador panista, Javier Corral, de Chihuahua, ha expresado públicamente lo que piensa, que esta Ley es “un retroceso”. Y ha pedido al Senado que haya un debate amplio, con la participación civil y de especialistas antes de aprobarla.

Las consideraciones del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco fueron leídas siquiera por los diputados.

Por razones personales, el suegro del gobernador Quirino Ordaz, fue un jefe militar muy cercano, el secretario Salvador Cienfuegos, personalmente, ha nombrado militares en activo en todas las policías de Sinaloa. Y la violencia sigue adelante. No ha habido un cambio.

Como no lo hay en Baja California Sur donde la Secretaría de Marina Armada ha enviado marinos en activo para hacerse cargo de las labores de seguridad estatal. Al contrario, el número de ejecuciones ha aumentado exponencialmente, incluyendo a policías. Con total impunidad.

Porque de los homicidios dolosos que suceden en nuestro país cada 16 minutos, no hay detenidos. No tenemos asesinos en las cárceles. Es decir, vivimos en la mayor impunidad criminal porque las policías federales y estatales no hacen su trabajo. Lo que no parece importar ni a los diputados ni a los senadores, menos todavía al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

Y no lo hacen porque son pocos y no tienen presupuesto ni existe voluntad de sus jefes para ello.

En México, durante el gobierno de Peña Nieto, ha habido 10 mil desaparecidos más que en el gobierno anterior. El número total se acerca a los 35 mil. Que equivalen a otras tantas familias que no saben el destino de sus seres queridos, que tienen que buscar sus restos en fosas clandestinas. Estos casos no se han investigado ni en el fuero federal ni en el estatal. La mayor parte de estas desapariciones suceden en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua.

En Twitter: @isabelarvide

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