/ jueves 30 de noviembre de 2017

Sin Gafete / Ley de seguridad, grave error político

Los militares debieron negarse a actuar sin una Ley que respaldase, precisamente, lo que les ordenaban hacer. O, en su defecto, lo que terminaron haciendo por las órdenes que recibieron.

La presión, legítima desde su punto de vista, para que se dictaminase un “marco legal” para su actuación conduce hacía una Ley obsoleta, que de ninguna manera puede funcionar. Ni va a resolver la inseguridad.

Porque, una vez más, parte de la necesidad consentida de que los militares, obvio que también los marinos, hagan funciones de policías. Sean policías municipales, estatales o federales. Para lo que no han sido educados, lo que contradice sus códigos de ética, de conducta, incluso niega los principios disciplinarios en que están definidos sus mandos.

Los militares no son policías. Y como tales, en el lugar de los policías, han dado muy malos resultados. No han controlado la violencia, no han detenido los asesinatos, no han regresado la paz a los estados donde fueron obligados a actuar.

En cambio, han pagado un precio alto. Un desprestigio innecesario. Muchos militares están en la cárcel por cumplir órdenes superiores. Han sido humillados públicamente, al extremo de que el titular de la Sedena tuvo que dar una disculpa pública.

Con la entrada en vigor de una Ley mocha, parcial, a gusto partidista-político de unos pocos, lo que vendrá es más de lo mismo. Mayor número de militares en funciones de policías, sin resultados positivos para la población.

En este sexenio no se impulsó la construcción de policías municipales y estatales que fuesen operativas, que hicieran su trabajo, que estuviesen capacitadas para confrontarse con criminales. Tampoco hubo apoyo para la policía federal que no ha recibido presupuesto federal, que no aumentó su número de efectivos en estos años.

Que a veces ni siquiera reciben dinero para pagar los hoteles donde tienen que dormir, en las entidades donde deben ir porque los policías locales son ineptos y/o corruptos.

Es decir, en este sexenio no se avanzó un paso en una necesidad urgente para poder tener una verdadera Ley de Seguridad: Contar con policías locales profesionales.

No se cambió ni hubo interés en cambiar la realidad que obligó a los militares a actuar como policías.

Por lo tanto, van a seguir haciéndolo. Y esto va a seguir operando en su contra en todos los sentidos.

Se habla, varias organizaciones ciudadanas con fundamento, del peligro de la militarización del país. Basado en un supuesto poder superior que les otorga un nuevo marco legal. Con lo que vamos a vivir, de seguirse el camino oficial de la nueva Ley de Seguridad, un gran retroceso en la relación de las fuerzas armadas con la sociedad.

No hay positivos, ni para la sociedad que está indefensa, que es víctima de los criminales, ni para los mismos militares. No hay un avance.

Porque el único camino a transitar, para regresar la paz social a muchas partes del país, es la profesionalización de las policías locales. Y eso no va a suceder por un nuevo marco legal. Eso es algo que requiere de una decisión política que no ha existido en este sexenio, y de presupuesto. De dinero, mucho dinero para igualar salarios, para dotar de prestaciones a policías que primero deben capacitarse para su trabajo.

Esa es la realidad que no se cambia por decisión de senadores y/o diputados que parecen obedecer a presiones internas, que no están analizando ni entendiendo la realidad de inseguridad que vivimos. Que no han contabilizado los crímenes impunes, los asesinatos de 24 mil mexicanos en los primeros 10 meses de este año, 2017. Homicidios dolosos cuya investigación no ha puesto en la cárcel a uno solo de los asesinos.

Los militares debieron negarse a actuar sin una Ley que respaldase, precisamente, lo que les ordenaban hacer. O, en su defecto, lo que terminaron haciendo por las órdenes que recibieron.

La presión, legítima desde su punto de vista, para que se dictaminase un “marco legal” para su actuación conduce hacía una Ley obsoleta, que de ninguna manera puede funcionar. Ni va a resolver la inseguridad.

Porque, una vez más, parte de la necesidad consentida de que los militares, obvio que también los marinos, hagan funciones de policías. Sean policías municipales, estatales o federales. Para lo que no han sido educados, lo que contradice sus códigos de ética, de conducta, incluso niega los principios disciplinarios en que están definidos sus mandos.

Los militares no son policías. Y como tales, en el lugar de los policías, han dado muy malos resultados. No han controlado la violencia, no han detenido los asesinatos, no han regresado la paz a los estados donde fueron obligados a actuar.

En cambio, han pagado un precio alto. Un desprestigio innecesario. Muchos militares están en la cárcel por cumplir órdenes superiores. Han sido humillados públicamente, al extremo de que el titular de la Sedena tuvo que dar una disculpa pública.

Con la entrada en vigor de una Ley mocha, parcial, a gusto partidista-político de unos pocos, lo que vendrá es más de lo mismo. Mayor número de militares en funciones de policías, sin resultados positivos para la población.

En este sexenio no se impulsó la construcción de policías municipales y estatales que fuesen operativas, que hicieran su trabajo, que estuviesen capacitadas para confrontarse con criminales. Tampoco hubo apoyo para la policía federal que no ha recibido presupuesto federal, que no aumentó su número de efectivos en estos años.

Que a veces ni siquiera reciben dinero para pagar los hoteles donde tienen que dormir, en las entidades donde deben ir porque los policías locales son ineptos y/o corruptos.

Es decir, en este sexenio no se avanzó un paso en una necesidad urgente para poder tener una verdadera Ley de Seguridad: Contar con policías locales profesionales.

No se cambió ni hubo interés en cambiar la realidad que obligó a los militares a actuar como policías.

Por lo tanto, van a seguir haciéndolo. Y esto va a seguir operando en su contra en todos los sentidos.

Se habla, varias organizaciones ciudadanas con fundamento, del peligro de la militarización del país. Basado en un supuesto poder superior que les otorga un nuevo marco legal. Con lo que vamos a vivir, de seguirse el camino oficial de la nueva Ley de Seguridad, un gran retroceso en la relación de las fuerzas armadas con la sociedad.

No hay positivos, ni para la sociedad que está indefensa, que es víctima de los criminales, ni para los mismos militares. No hay un avance.

Porque el único camino a transitar, para regresar la paz social a muchas partes del país, es la profesionalización de las policías locales. Y eso no va a suceder por un nuevo marco legal. Eso es algo que requiere de una decisión política que no ha existido en este sexenio, y de presupuesto. De dinero, mucho dinero para igualar salarios, para dotar de prestaciones a policías que primero deben capacitarse para su trabajo.

Esa es la realidad que no se cambia por decisión de senadores y/o diputados que parecen obedecer a presiones internas, que no están analizando ni entendiendo la realidad de inseguridad que vivimos. Que no han contabilizado los crímenes impunes, los asesinatos de 24 mil mexicanos en los primeros 10 meses de este año, 2017. Homicidios dolosos cuya investigación no ha puesto en la cárcel a uno solo de los asesinos.