/ jueves 15 de octubre de 2020

Sin información no hay inteligencia

Como comentamos en las líneas anteriores, hoy se ha vuelto crucial la elección de los integrantes que conformarán el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República. Por ello, se mencionó la Agencia de Investigación Criminal ha jugado un papel importante en la transformación de nuestra la institución responsable de llevar a cabo las investigaciones de los delitos en materia federal.


Pues cuando hacemos referencia a una evolución de una simple y llana investigación de gabinete a una verdadera de índole científico es menester que éstas sean proactivas; con un verdadero análisis de información para crear nuevas líneas de indagación a través de la necesaria creación de células de investigación focalizadas por delitos.


Todo ello supone, desde luego, un riguroso proceso de selección y modernización de la Policía de Investigación con la finalidad de contar con los elementos que se requieren para el funcionamiento óptimo del ciclo de inteligencia que desarrollan los Ministerios Públicos o Fiscales. En otras palabras, nos referimos a la determinación de las necesidades de inteligencia, un plan para su obtención, organización, coordinación y control; la explotación de fuentes de información hacia un proceso de valoración de pertinencia, oportunidad, fiabilidad y exactitud que, finalmente desemboquen en un análisis e interpretación de conjunto.


Para ello, además de requerirse por parte de los Ministerios Públicos o Fiscales observancia de los principios de debida diligencia y debido proceso, es menester establecer medidas tales como: un tratamiento diferenciado a las denuncias según el tipo de delito; diseño de protocolos de actuación y de procesos por tipo de delito; procedimientos concretos que guíen la actuación de los servidores públicos.

Así como mecanismos de evaluación que pueden ser: controles para detectar conductas irregulares; generación de teorías del caso, que respondan los cuestionamientos básicos: ¿De qué trata el caso?, ¿Cuál es el derecho aplicable?, ¿Qué datos de prueba existen para sustentar mi ejercicio de acción penal?, ¿Cuáles son las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión?, entre otros aspectos; y estrategias de investigación de casos transversales, que constituyen la multiplicidad de casos sin resolver; y tramitación masiva de casos, por mencionar algunos. Estas últimas medidas, aunque ya se conocen en la actualidad en la Fiscalía, todavía no son operadas por las delegaciones, por desconocimiento o por falta de unificación de criterios.

Otros aspectos para considerar son la generación de grupos de trabajo para el estudio y análisis de carpetas de Investigación; la creación de células de investigación, para la pronta judicialización; y la conformación de Salas de Mando, integradas por Ministerios Públicos, Polícia de Investigación, y Perito de acuerdo al caso.

Ante este panorama, se requerirá la suma de las capacidades y experiencias institucionales, de todos los servidores públicos e instancias dedicadas al estudio de la procuración de justicia, que sean la evidencia concreta para edificar una institución sólida y confiable, que asegure la legalidad en su actuación, sistematizando acciones y procedimientos encaminados al aprovechamiento de la información, para generar inteligencia para la investigación.

Dada la importancia de este tema, es fundamental mencionar que la obtención de la información y su análisis, son el insumo necesario para producir inteligencia, proponemos que el propio Reglamento de la Ley Orgánica de la institución aun faltante prevea el otorgamiento de facultades para obtener, analizar y procesar la información suficiente que le permita la utilización de los medios necesarios para generar inteligencia. Además, dotarla de la facultad de coordinar el intercambio de información sensible, entre las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública, de los distintos órdenes de gobierno, entre otras instancias necesarias que contribuyan a la suma de esfuerzos en el análisis de la información e investigaciones de campo. Pues esto es muy importante para llevar a cabo un eficaz combate a la delincuencia: información útil, ágil y confiable.

No podemos hablar únicamente de una transformación normativa, orgánica y funcional, sino también de la capacitación de los encargados de generar inteligencia para la investigación, evitando la dispersión y procurando el acceso a la especialidad de quienes estén focalizados a estas áreas. Es indispensable establecer las acreditaciones aplicables a los procesos de investigación y certificaciones para los investigadores y analistas de acuerdo con las acciones específicas a desarrollar.

Como podemos observar, son diversos los factores que se encuentran pendientes y que provocan que en la ejecución de acciones en materia de investigación no se alcancen los resultados esperados, sin embargo, la elección de este Consejo Ciudadano nos brinda una oportunidad de fortalecer a nuestra querida institución de procuración de justicia por excelencia.

Como comentamos en las líneas anteriores, hoy se ha vuelto crucial la elección de los integrantes que conformarán el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República. Por ello, se mencionó la Agencia de Investigación Criminal ha jugado un papel importante en la transformación de nuestra la institución responsable de llevar a cabo las investigaciones de los delitos en materia federal.


Pues cuando hacemos referencia a una evolución de una simple y llana investigación de gabinete a una verdadera de índole científico es menester que éstas sean proactivas; con un verdadero análisis de información para crear nuevas líneas de indagación a través de la necesaria creación de células de investigación focalizadas por delitos.


Todo ello supone, desde luego, un riguroso proceso de selección y modernización de la Policía de Investigación con la finalidad de contar con los elementos que se requieren para el funcionamiento óptimo del ciclo de inteligencia que desarrollan los Ministerios Públicos o Fiscales. En otras palabras, nos referimos a la determinación de las necesidades de inteligencia, un plan para su obtención, organización, coordinación y control; la explotación de fuentes de información hacia un proceso de valoración de pertinencia, oportunidad, fiabilidad y exactitud que, finalmente desemboquen en un análisis e interpretación de conjunto.


Para ello, además de requerirse por parte de los Ministerios Públicos o Fiscales observancia de los principios de debida diligencia y debido proceso, es menester establecer medidas tales como: un tratamiento diferenciado a las denuncias según el tipo de delito; diseño de protocolos de actuación y de procesos por tipo de delito; procedimientos concretos que guíen la actuación de los servidores públicos.

Así como mecanismos de evaluación que pueden ser: controles para detectar conductas irregulares; generación de teorías del caso, que respondan los cuestionamientos básicos: ¿De qué trata el caso?, ¿Cuál es el derecho aplicable?, ¿Qué datos de prueba existen para sustentar mi ejercicio de acción penal?, ¿Cuáles son las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión?, entre otros aspectos; y estrategias de investigación de casos transversales, que constituyen la multiplicidad de casos sin resolver; y tramitación masiva de casos, por mencionar algunos. Estas últimas medidas, aunque ya se conocen en la actualidad en la Fiscalía, todavía no son operadas por las delegaciones, por desconocimiento o por falta de unificación de criterios.

Otros aspectos para considerar son la generación de grupos de trabajo para el estudio y análisis de carpetas de Investigación; la creación de células de investigación, para la pronta judicialización; y la conformación de Salas de Mando, integradas por Ministerios Públicos, Polícia de Investigación, y Perito de acuerdo al caso.

Ante este panorama, se requerirá la suma de las capacidades y experiencias institucionales, de todos los servidores públicos e instancias dedicadas al estudio de la procuración de justicia, que sean la evidencia concreta para edificar una institución sólida y confiable, que asegure la legalidad en su actuación, sistematizando acciones y procedimientos encaminados al aprovechamiento de la información, para generar inteligencia para la investigación.

Dada la importancia de este tema, es fundamental mencionar que la obtención de la información y su análisis, son el insumo necesario para producir inteligencia, proponemos que el propio Reglamento de la Ley Orgánica de la institución aun faltante prevea el otorgamiento de facultades para obtener, analizar y procesar la información suficiente que le permita la utilización de los medios necesarios para generar inteligencia. Además, dotarla de la facultad de coordinar el intercambio de información sensible, entre las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública, de los distintos órdenes de gobierno, entre otras instancias necesarias que contribuyan a la suma de esfuerzos en el análisis de la información e investigaciones de campo. Pues esto es muy importante para llevar a cabo un eficaz combate a la delincuencia: información útil, ágil y confiable.

No podemos hablar únicamente de una transformación normativa, orgánica y funcional, sino también de la capacitación de los encargados de generar inteligencia para la investigación, evitando la dispersión y procurando el acceso a la especialidad de quienes estén focalizados a estas áreas. Es indispensable establecer las acreditaciones aplicables a los procesos de investigación y certificaciones para los investigadores y analistas de acuerdo con las acciones específicas a desarrollar.

Como podemos observar, son diversos los factores que se encuentran pendientes y que provocan que en la ejecución de acciones en materia de investigación no se alcancen los resultados esperados, sin embargo, la elección de este Consejo Ciudadano nos brinda una oportunidad de fortalecer a nuestra querida institución de procuración de justicia por excelencia.