Los organismos autónomos son la piedra angular sobre la que se erige la democracia mexicana. Desaparecerlos e incorporar sus atribuciones a las dependencias del gobierno constituiría una regresión de daños incalculables para el país. El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó recientemente en sus mañaneras que “lo que vamos a revisar es una reforma administrativa… para ajustar el gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos autónomos, la mayoría no hacen nada en beneficio del pueblo, pero no hacen nada de nada. Solo tratan de defender intereses creados y ganan muchísimo”.
En entregas anteriores he sostenido que estos órganos cumplen funciones públicas especializadas que requieren de imparcialidad e independencia frente a los poderes tradicionales y que son básicas para el funcionamiento del Estado, porque sirven para corregir desvíos y excesos en el ejercicio del poder. Sin ellos simplemente no habría democracia.
Organizar elecciones, garantizar el acceso a la información pública, proteger datos personales, defender derechos humanos, entre otros, son campos de la mayor relevancia que exigen autonomía y profesionalización para evitar tentaciones autoritarias o incapacidad institucional para atenderlos con eficacia e imparcialidad. Defender a los autónomos significa apostar por la consolidación de nuestra democracia y nada tiene que ver con defender o denostar a personas o partidos, ni con cercanías o fobias con los gobiernos en turno, menos aún con estrategias para colocar argumentos en los extremos, tampoco significa escudarse en el discurso de la autonomía para evadir la evaluación pública sobre el rendimiento de los autónomos o con la racionalidad en el ejercicio del gasto.
La realidad que vivimos, con un presidencialismo excesivamente poderoso, plantea la urgencia de defender a estas instituciones y de encontrar mecanismos para fortalecerlas y evitar subordinarlas a los gobiernos. Nada sería más dañino para los avances democráticos logrados en los últimos treinta años que desaparecer los controles institucionales que todavía logran equilibrar el ejercicio del poder.
Las declaraciones del primer mandatario y de legisladores de Morena prenden focos de alarma porque se encuadran en un discurso autoritario que evidencia intencionalidad de control y nulo respeto a instituciones que han dado impulsos vitales a la democracia mexicana. Proponer que desaparezcan INE, INAI, INEGI, CONEVAL o IFT, ha llevado a que personajes como Porfirio Muñoz Ledo propongan crear un frente plural para defender a estas instituciones. No imagino el funcionamiento de nuestra sociedad sin estos organismos y con sus atribuciones en áreas gubernamentales.
Es motivo de reflexión que una propuesta de estas dimensiones se presente después de que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, dejaron sin registro las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón y que se hayan confirmado en el Tribunal las reglas aprobadas por el INE para evitar la sobrerepresentación legislativa. Suficientes tensiones vivimos en época de pandemia para organizar el proceso electoral en curso, como para adelantar deliberaciones sobre posibles reformas de esta naturaleza.
Así, la nueva integración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en turno serán piezas clave para definir éstos y muchos otros temas que integran la agenda. Los legisladores están obligados a actuar con visión de Estado en defensa de nuestra institucionalidad democrática.
Profesor en UP y UNAM, Especialista en Materia Electoral.
@MarcoBanos
