/ miércoles 21 de febrero de 2018

Sismos y resilencia

México es un país en el que siempre tiembla. Citando al organismo público que mide la intensidad y frecuencia de los temblores, el Servicio Sismológico Nacional, tan solo en el mes de enero de 2018: Reportó 2,575 temblores con epicentros dentro de territorio nacional. Las magnitudes o fuerza de los temblores se miden en una escala internacional de medición, Escala Richter, en la cual los temblores de 6.0 grados en adelante ya pueden dejar daños en edificios, severos daños en áreas muy pobladas y hasta una gran destrucción.

Así, los temblores registrados en las últimas fechas van desde 2.2 hasta 6.3 grados. Los lugares de origen se localizan principalmente en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Colima. Es importante señalar que en Oaxaca es donde se originó el 62% de los sismos, esto es 6 de cada 10 movimientos.

En este contexto, en el año 2017, en nuestro país se registraron 25 temblores fuertes, por lo menos de cinco grados para arriba y que fueron detectados por la población. Por lo menos cinco fueron superiores a los 6.0 grados. En lo que va del año 2018, se registraron otros cinco sismos fuertes, dos de los cuales también superaron los 6.0 grados en la Escala de Richter. Esto es, de 2017 al 19 de febrero de 2018, llevamos 30 sismos fuertes de los cuales siete superaron los 6.0 grados Richter.

Esta situación pone de relieve la vulnerabiliad del país y de determinadas zonas ante la presencia de temblores. En base a este referente, no podemos hay que olvidar que existen otros tipos de fenómenos naturales que nos afectan. No hace mucho la Región el Centro-Norte sufrío una larga sequía; la Región Sur-Sureste lluvias torrenciales e inundaciones, desprendimientos y deslaves. Nuestro Estado también se ha visto afectado por ello.

Lo más grave en todos los casos ha sido la lamentable pérdida de vidas humanas. A ello se agrega la pérdida del patrimonio familiar, así como la destrucción de infraestructura básica, vías de comunicación, hospitales, escuelas y viviendas.

Esta situación, que en parte de deriva del cambio climático y en otra se explica por las carácterísticas de nuestro territorio, requiere revisar y fortalecer: 1) Los mecanismos de atención de las emergencias del gobierno federal, estatal y municipal; 2) Los mecanismos de prevención y, 3)Los instrumentos gubernamentales para apoyar a la población y contribuir a que supere las condiciones críticas económicas, sociales y personales que dejan ese tipo de desastres, se trata de contar con recursos e herramientas para la recuperación de las condiciones de vida de la población afectada e incluso mejorarlas.

Al respecto, en el plano internacional se ha incorporado al desarrollo de políticas públicas la idea de la Resilencia que es la capacidad para superar circunstancias traumáticas; la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También se orienta a volver a la normalidad e incluso mejorar la situación pasada. Esta idea, ha sido llevada al análisis de las necesidades de protección y atención a la poblacion que habita territorios y regiones susceptibles de verse afectadas por fenómenos naturales.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los territorios son la expresión más cercana a la realidad económica, social y ambiental que vive la población y es ahí donde se genera el desarrollo, es ahí donde inciden las acciones públicas que articulan el desarrollo social y urbano, es ahí -en el territorio- donde se asienta la infraestructura y se define el acceso a los servicios públicos, como el agua potable, drenaje, electricidad, escuelas, hospitales, entre otros; y es en el territorio donde se reflejan los efectos de la migración del campo-ciudad, los cambios en el medio ambiente y se presentan condiciones de fragilidad a eventos naturales extremos.

Este planteamiento conlleva a fortalecer la articulación de acciones públicas tanto económicas como sociales, para garantizar condiciones de vida y seguridad a los habitantes de zonas urbanas y rurales que puedan se afectadas por temblores, inundaciones o algún otro evento natural. Ante los fenómenos naturales extremos recientes, el gobierno y la sociedad trabajando juntos debemos mejorar nuestra capacidad de respuesta.

México es un país en el que siempre tiembla. Citando al organismo público que mide la intensidad y frecuencia de los temblores, el Servicio Sismológico Nacional, tan solo en el mes de enero de 2018: Reportó 2,575 temblores con epicentros dentro de territorio nacional. Las magnitudes o fuerza de los temblores se miden en una escala internacional de medición, Escala Richter, en la cual los temblores de 6.0 grados en adelante ya pueden dejar daños en edificios, severos daños en áreas muy pobladas y hasta una gran destrucción.

Así, los temblores registrados en las últimas fechas van desde 2.2 hasta 6.3 grados. Los lugares de origen se localizan principalmente en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Colima. Es importante señalar que en Oaxaca es donde se originó el 62% de los sismos, esto es 6 de cada 10 movimientos.

En este contexto, en el año 2017, en nuestro país se registraron 25 temblores fuertes, por lo menos de cinco grados para arriba y que fueron detectados por la población. Por lo menos cinco fueron superiores a los 6.0 grados. En lo que va del año 2018, se registraron otros cinco sismos fuertes, dos de los cuales también superaron los 6.0 grados en la Escala de Richter. Esto es, de 2017 al 19 de febrero de 2018, llevamos 30 sismos fuertes de los cuales siete superaron los 6.0 grados Richter.

Esta situación pone de relieve la vulnerabiliad del país y de determinadas zonas ante la presencia de temblores. En base a este referente, no podemos hay que olvidar que existen otros tipos de fenómenos naturales que nos afectan. No hace mucho la Región el Centro-Norte sufrío una larga sequía; la Región Sur-Sureste lluvias torrenciales e inundaciones, desprendimientos y deslaves. Nuestro Estado también se ha visto afectado por ello.

Lo más grave en todos los casos ha sido la lamentable pérdida de vidas humanas. A ello se agrega la pérdida del patrimonio familiar, así como la destrucción de infraestructura básica, vías de comunicación, hospitales, escuelas y viviendas.

Esta situación, que en parte de deriva del cambio climático y en otra se explica por las carácterísticas de nuestro territorio, requiere revisar y fortalecer: 1) Los mecanismos de atención de las emergencias del gobierno federal, estatal y municipal; 2) Los mecanismos de prevención y, 3)Los instrumentos gubernamentales para apoyar a la población y contribuir a que supere las condiciones críticas económicas, sociales y personales que dejan ese tipo de desastres, se trata de contar con recursos e herramientas para la recuperación de las condiciones de vida de la población afectada e incluso mejorarlas.

Al respecto, en el plano internacional se ha incorporado al desarrollo de políticas públicas la idea de la Resilencia que es la capacidad para superar circunstancias traumáticas; la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También se orienta a volver a la normalidad e incluso mejorar la situación pasada. Esta idea, ha sido llevada al análisis de las necesidades de protección y atención a la poblacion que habita territorios y regiones susceptibles de verse afectadas por fenómenos naturales.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los territorios son la expresión más cercana a la realidad económica, social y ambiental que vive la población y es ahí donde se genera el desarrollo, es ahí donde inciden las acciones públicas que articulan el desarrollo social y urbano, es ahí -en el territorio- donde se asienta la infraestructura y se define el acceso a los servicios públicos, como el agua potable, drenaje, electricidad, escuelas, hospitales, entre otros; y es en el territorio donde se reflejan los efectos de la migración del campo-ciudad, los cambios en el medio ambiente y se presentan condiciones de fragilidad a eventos naturales extremos.

Este planteamiento conlleva a fortalecer la articulación de acciones públicas tanto económicas como sociales, para garantizar condiciones de vida y seguridad a los habitantes de zonas urbanas y rurales que puedan se afectadas por temblores, inundaciones o algún otro evento natural. Ante los fenómenos naturales extremos recientes, el gobierno y la sociedad trabajando juntos debemos mejorar nuestra capacidad de respuesta.