La escalada incontrolable de los niveles de delincuencia en la década pasada motivó para que la sociedad organizada exigiera al gobierno modificar el sistema de justicia penal del país. La propuesta en principio tuvo retractores en los sectores tradicionales, quienes se vieron sometidos por una sociedad indignada y atemorizada por la delincuencia.
La reforma que fue atípica se realizó en el año 2008 e incorporó una disposición que indicaba que el proceso debería concluirse en junio de 2016. El sistema como se diseñó cumplía los parámetros internacionales, desde una debida atención a la víctima, la operación policial aplicando protocolos, el respeto a los derechos humanos, y la garantía de presunción de inocencia.
Si utilizamos la palabra atípica, es por cuatro motivos: se realizó la reforma constitucional sin tener un Código Procesal Penal, el cual se publicó cinco años después, cómo capacitar a jueces, ministerios públicos, policías y defensores si no se tenía la ley marco que indicaba los procedimientos; insuficiente presupuesto para la reforma; reticencias de funcionarios de las áreas de seguridad y justicia para cambiar el sistema penal; e infraestructura escasa para cumplir los requisitos de un sistema garantista, ahora la prueba principal ya no sería las confesiones de los inculpados, sino las pruebas científicas obtenidas en laboratorios forenses que no se dan abasto con las cargas de trabajo.
El mes pasado se cumplieron tres años y la fecha pasó desapercibida. Ni siquiera sirvió para hacer un balance de resultados. En el imaginario colectivo los avances no son positivos, incalculables procesados detenidos en flagrancia han salido libres por problemas de procedimiento, los delitos crecen, la sensación de inseguridad también. Lo anterior motivó recientemente una reforma constitucional que aumentó los delitos de prisión preventiva oficiosa. Innumerables voces que dicen que el sistema penal no funciona y muy pocos lo defienden.
El problema de fondo es que transformar el sistema penal debe ser una política pública que traspase sexenios. Desde que se inició la reforma ha tenido oscilaciones, primero apoyo insuficiente, posteriormente una implementación acelerada para cumplir el plazo constitucional. A partir del 2017, la reforma se dejó a la deriva, sin una institución que cuidara su desempeño. En México tradicionalmente se pone atención a un tema cuando surge un problema grave y la ciudadanía se encuentra irritada. La justicia penal requiere atenderse con prioridad nacional de manera lineal y que los cambios políticos no afecten la ruta establecida, debe ser un tema técnico.
Otros países como Chile y Colombia lo han logrado. El papel de la Guardia Nacional será fundamental, ellos serán los responsables de inhibir delitos y detener a los que delincan, llevarlos de manera correcta ante los fiscales será fundamental para castigar a los delincuentes. Es el momento de tomar decisiones, no queremos correr el riesgo de naufragar sin rumbo escribiendo hojas de innumerables desdichas, los mexicanos queremos que se tome con firmeza el timón del barco para llegar al puerto donde la justicia penal funcione y el respeto al Estado de Derecho sea una forma de vida.
CIECAS-IPN@hdiazs
