Por: María de los Ángeles Huerta del Río
El pasado exabrupto del presidente norteamericano nos deja más clara la dependencia de México con los Estados Unidos; es por ello que debemos avanzar en la diversificación y en retomar eficiencia en el control de los aspectos operativos del desarrollo nacional. El caso de los energéticos merece una atención prioritaria, toda vez que es la base del desarrollo y la productividad.
Desde 2012, Estados Unidos implementó una estrategia para garantizar su seguridad energética, al entender la importancia que tenía para su supervivencia. Es así que hoy México, al tener un gobierno que por primera vez antepone los intereses nacionales a los particulares, busca el bienestar social y el desarrollo, apuntalando la soberanía energética por encima de los grandes intereses económicos nacionales e internacionales.
La diferencia entre seguridad energética y soberanía energética se establece desde la conformación estructural de los países. La intención es lograr estabilidad y seguridad energética para el desarrollo. ¿Por qué mientras en Estados Unidos fue aplaudida esa medida, en México es tan criticada? Tal vez porque la seguridad energética de los Estados Unidos está basada en el deterioro de la seguridad energética de México.
Resulta que desde 2012, hay un acuerdo transfronterizo de petróleo México-Estados Unidos realizado por el Senador Richard G. Lugar, el cual da una idea respecto de la ruta trazada por los Estados Unidos para establecer su seguridad energética y no depender del medio oriente para ello. Vislumbraron con una claridad dolorosa cómo todas las fuerzas políticas encabezadas por el anterior gobierno mexicano estuvieron deseosas de regalar los yacimientos y el petróleo a los Estados Unidos. El argumento central es tan burdo como falaz: los mexicanos somos incapaces de establecer una industria petrolera.
Nuestro presidente anunció un programa para devolver la soberanía energética a través de la modernización de las seis refinerías existentes y la construcción de una nueva refinería. En esencia, los intereses económicos opuestos a México no pueden criticar el mantenimiento y la modernización de las refinerías. Si no criticaron la inversión de 8 mil millones de dólares del sexenio pasado —aunque al final las refinerías producían menos—, entonces, oponerse hoy a la construcción de la refinería parece un absurdo. Dicen que son inviables, que no es negocio, que se afecta la ecología. Pero tenemos respuesta para todos y cada uno de los pretextos, y al ver que no pueden distorsionar tanto la realidad, se descaran y vienen las calificadoras, y rebajan la calificación de Pemex.
Es interesante el actuar de las calificadoras; desde 2014, saben que Pemex es la empresa más endeudada a nivel mundial, que en dos años triplicó su deuda de 600 mil millones de pesos a 1.2 billones de pesos y que ahora es de 3.6 billones de pesos. Desde entonces, es el gobierno federal el que respalda sus pagos, y nunca bajaron su calificación. Al contrario, entre más se endeudaba, entre más se desmantelaba a favor de intereses particulares extranjeros, entre menos ingresos producía, mejor lo calificaban. Y ahora a Pemex, si empieza a obtener beneficios, le degradan la calificación. Aun y cuando la deuda sigue estando respaldada por el gobierno federal, es a todas luces ilógico que no cambie la calificación de una empresa productiva que genera una balanza de pagos favorable a una empresa que es deficitaria. ¿A nadie se le hizo ilógico eso?
Que el peso de la deuda para Pemex es impresionante, claro, pero la deuda fue contratada desde 2014. Desde ahí, se sabía el monto de pago de intereses y lo que ello afectaba a la operatividad de Pemex, pero como la estaban desmantelando a favor de intereses económicos internacionales, siguió siendo bien calificada. Ahora, los mexicanos entendemos que lo que las calificadoras miden es el grado en que el país convierte el patrimonio público en ganancias privadas al extranjero. No parecen medir la capacidad de pago ni de inversión, sino el grado de permisividad para la explotación y el saqueo.
Vamos por la soberanía energética, que hoy sigue estando atada a los petrolíferos, pero sin descuidar la generación de energías alternativas limpias y ecológicas. Se deben de cambiar las políticas públicas de una manera ordenada y estratégica con el fin de promoverlas. Dejar de ser rehenes del discurso en el que se esconden intereses económicos desorbitados en contra del interés nacional. Debemos hacer mapas de generación y distribución —no es generar por generar—; debemos saber en dónde se necesita y cómo transmitirla, cuánto cuesta. Cambiar la ecuación para que sea un círculo virtuoso de ganar-ganar y dejar esta perversión donde unos ganan mal y otros pierden.
Diputada Federal
