/ lunes 15 de febrero de 2021

Sobran razones para indignarse

Hace más de diez años, al mismo tiempo que sucedía la primera masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que asesinaron a 72 migrantes, un periódico de Colombia publicó una nota titulada “El deber de indignarse frente a las masacres”. El título hacía referencia a una obra de teatro basada en testimonios sobre las desapariciones, torturas y los asesinatos en Trujillo, un municipio al noroccidente de dicho país. La obra pretendía que la indignación permaneciera en el tiempo y que las víctimas se volvieran parte de la historia oficial. Uno de los directores concluía en la entrevista: “cada vez que comprendíamos más, nos indignábamos más”.

Lo anterior tiene relación con la reciente masacre de migrantes en Camargo, Tamaulipas, en la que hallaron 19 cuerpos calcinados, entre ellos, un menor de edad. El hecho por sí solo tendría que causar indignación; dentro de la pluralidad de violencias que azotan al país, un suceso de esta índole no puede pasar desapercibido. Pero, más allá de la inmediatez del horror, existe un trasfondo que da cuenta del calvario de los migrantes que transitan o permanecen en el país causado principalmente por la colusión de funcionarios públicos; esto exacerba, inevitablemente, la indignación.

La comisión de abusos y violaciones a los derechos humanos en contra de migrantes por parte de autoridades mexicanas es una práctica sistemática y recurrente. Acorde al último reporte de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), aproximadamente uno de cada tres secuestros de migrantes durante 2019 fue cometido por agentes del Estado, así como uno de cada cinco robos. Organizaciones de la sociedad civil también han documentado estos abusos a través de testimonios en los que refieren que autoridades migratorias y policías detienen a migrantes, los extorsionan, torturan y entregan al crimen organizado.

La masacre de Camargo no fue la excepción de la participación de funcionarios públicos. La Fiscalía de Tamaulipas ha detenido y vinculado a doce elementos de la policía por su implicación en los hechos. Sin embargo, no han dado más información. La audiencia fue a puerta cerrada y solo se sabe que alteraron la escena del crimen. Incluso, se duda que hayan calcinado los cuerpos. Parecería absurdo, aunque necesario, recordarle al gobierno estatal que tienen la obligación de aclarar los hechos y la participación de los elementos policiales. El derecho a conocer la verdad no es discrecional.

El gobierno federal corrió a ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) porque una de las camionetas encontrada con los cuerpos había sido supuestamente retenida un año antes. Tampoco se ha dicho más al respecto: los cesaron y punto final. Por su parte, la Fiscalía General de la República se negó a iniciar una investigación sobre la masacre porque los homicidios son de competencia local. En el colmo del absurdo, fue la unidad de investigación de delitos para personas migrantes de esta institución la que rechazó el caso. Mareados por la textualidad y los tecnicismos de la ley se les olvida que podrían atraer la investigación a través de los tratados internacionales que protegen el derecho a la vida, dignidad y verdad. Sin embargo, les resulta más fácil evadirla.

Que haya sucedido otra masacre de migrantes en el país es lamentable, vergonzoso y aterrador. También, es absolutamente inaceptable que estén involucradas autoridades en los hechos. Pero que los gobiernos, estatal y federal, solo hagan lo mínimo indispensable por la presión mediática e internacional es, simplemente, inconcebible. Si 19 cuerpos calcinados no son razones suficientes para que todo el Estado mexicano se movilice y esclarezca los hechos, castigue a los culpables y repare el daño a las víctimas, entonces ¿cuáles sí serán?

David Blanc. Consultor independiente, @ddblanc.

Hace más de diez años, al mismo tiempo que sucedía la primera masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que asesinaron a 72 migrantes, un periódico de Colombia publicó una nota titulada “El deber de indignarse frente a las masacres”. El título hacía referencia a una obra de teatro basada en testimonios sobre las desapariciones, torturas y los asesinatos en Trujillo, un municipio al noroccidente de dicho país. La obra pretendía que la indignación permaneciera en el tiempo y que las víctimas se volvieran parte de la historia oficial. Uno de los directores concluía en la entrevista: “cada vez que comprendíamos más, nos indignábamos más”.

Lo anterior tiene relación con la reciente masacre de migrantes en Camargo, Tamaulipas, en la que hallaron 19 cuerpos calcinados, entre ellos, un menor de edad. El hecho por sí solo tendría que causar indignación; dentro de la pluralidad de violencias que azotan al país, un suceso de esta índole no puede pasar desapercibido. Pero, más allá de la inmediatez del horror, existe un trasfondo que da cuenta del calvario de los migrantes que transitan o permanecen en el país causado principalmente por la colusión de funcionarios públicos; esto exacerba, inevitablemente, la indignación.

La comisión de abusos y violaciones a los derechos humanos en contra de migrantes por parte de autoridades mexicanas es una práctica sistemática y recurrente. Acorde al último reporte de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), aproximadamente uno de cada tres secuestros de migrantes durante 2019 fue cometido por agentes del Estado, así como uno de cada cinco robos. Organizaciones de la sociedad civil también han documentado estos abusos a través de testimonios en los que refieren que autoridades migratorias y policías detienen a migrantes, los extorsionan, torturan y entregan al crimen organizado.

La masacre de Camargo no fue la excepción de la participación de funcionarios públicos. La Fiscalía de Tamaulipas ha detenido y vinculado a doce elementos de la policía por su implicación en los hechos. Sin embargo, no han dado más información. La audiencia fue a puerta cerrada y solo se sabe que alteraron la escena del crimen. Incluso, se duda que hayan calcinado los cuerpos. Parecería absurdo, aunque necesario, recordarle al gobierno estatal que tienen la obligación de aclarar los hechos y la participación de los elementos policiales. El derecho a conocer la verdad no es discrecional.

El gobierno federal corrió a ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) porque una de las camionetas encontrada con los cuerpos había sido supuestamente retenida un año antes. Tampoco se ha dicho más al respecto: los cesaron y punto final. Por su parte, la Fiscalía General de la República se negó a iniciar una investigación sobre la masacre porque los homicidios son de competencia local. En el colmo del absurdo, fue la unidad de investigación de delitos para personas migrantes de esta institución la que rechazó el caso. Mareados por la textualidad y los tecnicismos de la ley se les olvida que podrían atraer la investigación a través de los tratados internacionales que protegen el derecho a la vida, dignidad y verdad. Sin embargo, les resulta más fácil evadirla.

Que haya sucedido otra masacre de migrantes en el país es lamentable, vergonzoso y aterrador. También, es absolutamente inaceptable que estén involucradas autoridades en los hechos. Pero que los gobiernos, estatal y federal, solo hagan lo mínimo indispensable por la presión mediática e internacional es, simplemente, inconcebible. Si 19 cuerpos calcinados no son razones suficientes para que todo el Estado mexicano se movilice y esclarezca los hechos, castigue a los culpables y repare el daño a las víctimas, entonces ¿cuáles sí serán?

David Blanc. Consultor independiente, @ddblanc.