En días pasados, fue dado a conocer el “Informe Ejecutivo 2017”, en torno a uno de los principales problemas que afectan al país y sobre todo, que alteran de forma negativa, cualquier planteamiento de desarrollo en paz. La agudización de la violencia que se vive en México, de acuerdo con principales indicadores disponibles, no dejan lugar a dudas que si bien hay aspectos positivos en otros ámbitos, por lo que hace a la seguridad –en general, y la justicia, mas nos vale hacer un ajuste para corregir de fondo.
Convocada por la Procuraduría General de la República, la Consulta Nacional, tal y como se puede leer en el segundo apartado, se desarrolló con la intensa actividad universidades (públicas y privadas), organizaciones sociales de distinto tipo, especialistas y colegios de profesionales, así como funcionarios de los diversos ámbito de gobierno. Aunque las conclusiones en apariencia, son previsibles, éstas adquieren una mayor profundidad pues se consolidan más allá de la percepción empírica, el lugar común y la crítica superficial.
Son aportaciones relevantes para la redacción del “Informe Ejecutivo 2017”, estadísticas, encuestas, sondeos de opinión, ensayos, mesas redondas y otra serie de recursos analíticos destinados a consolidar un punto de vista, que no pretende ser homogéneo, aunque sí aspira a proporcionar las bases de una futura e indispensable reforma en los tres ámbitos de la seguridad pública. Es decir, instituciones policiales, administración de la justicia y sistemas penitenciarios. Pues mientras se enfoque sólo a uno de éstos, como hasta ahora se ha hecho en cuanto a las corporaciones policiales, la necesidad de las Fuerzas Armadas para suplirlas ante su incuestionable fragilidad operativa y axiológica.
En otras ocasiones he apuntado, que para superar y reformar lo necesario para salir de la espiral de violencia que vive el país, es indispensable la concurrencia firma y decidida de los Poderes Legislativo y Judicial. Tal y como ha ocurrido en sociedades que han padecido por décadas, el azote de la violencia, sea cual fuere su origen. Allí están Colombia e Italia, que aportando un enorme costo social, institucional y económico, han logrado no sin dificultades, imponer la fuerza del Estado y las leyes en todo el territorio nacional. En nuestro caso, han pasado años, décadas, en lo que va de este siglo, sin que se perciban modificaciones sustanciales orientadas a mejorar las condiciones para recuperar y consolidar la paz, base esencial para el desarrollo.
Una vez que inicie el proceso electoral, veremos si se aprendió la lección, sobre todo de parte de los candidatos y equipos que disputarán la Presidencia de la República, para no incurrir en la tan costosa como perniciosa costumbre de “empezar de cero”. O peor aún, dar paso a la improvisación, acompañada de la peligrosa tendencia de copiar modelos ajenos a nuestra realidad, pues si bien aportan elementos comparativos, estos a su vez, responden a condiciones muy específicas.
javierolivaposada@gmail.com
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