/ domingo 8 de septiembre de 2019

Sobre la legalidad y la legitimidad de la autoridad

Desde el origen mismo de las primeras sociedades, las estructuras jerárquicas, han tenido como misión principal, el de preservar la cohesión de la colectividad. Para lograrlo, en un principio el fundamento de la de la autoridad era los aspectos religiosos. Poco después e incluso en algunos casos al mismo tiempo, la capacidad guerrera de los gobernantes les permitía ejercer el poder. Ya en la era moderna, la riqueza y el conocimiento, se sumaron a las fuentes de legitimidad.

A partir de la consolidación de la democracia, en sus diversas expresiones, se volvió la base fundamental para que los ganadores en las urnas, pudieran tener la base suficiente para actuar y dirigir a la sociedad en su nombre. Los procesos democráticos, sujetos a la ley, cumpliendo los requisitos necesarios de una competencia también en plena observancia de la norma, significó que además de la legitimidad, la autoridad emanada de las urnas, contaba con el pleno respaldo de la Constitución (en su caso).

Ese doble soporte, es lo que en nuestros días le permite y obliga a cualquier representante popular y funcionario público, a actuar en el sentido de procurar el bienestar de la población y los intereses de la Nación en general. Así las cosas, situaciones como las que vive nuestro país desde hace poco más de tres décadas, en donde la posibilidad para que el Estado haga valer la ley y el orden en todo el territorio se encuentra sujeta severos cuestionamientos debido a la actividad del crimen organizado y común. Peor aún, en los meses recientes, la forma en que ha sido maltratado personal militar armado y uniformado, en plena actuación de apoyo a esas mismas comunidades que son azuzadas a todas luces bajo la dirección líderes delictivos, nos ha colocado en una verdadera y grave condición de precariedad respecto de la determinación de la autoridad para hacer valer su legitimidad y legalidad.

Así, la relación entre autoridad y el ejercicio del poder en México, no obstante el incuestionable origen democrático de aquélla, pasa por momentos complejos y peligrosos debido a que de forma voluntaria, se ha negado a hacer valer lo que por ley y por las urnas ha ganado: la responsabilidad de velar por los intereses de la colectividad y la solidez de las instituciones. Para empezar, la subrayada ausencia de las autoridades locales en los referidos acontecimientos, es decir de las corporaciones policiales y ministeriales, que a la fecha no se sabe de un solo caso de un detenido por haber maltratado a personal militar.

La actuación de la autoridad, en un ambiente de severos desafíos a la fuerza física del Estado, requiere de una notable capacidad por parte de las áreas civiles encargadas de recuperar la paz pública, dejando en claro que no se puede retar a las instituciones mediante la violencia, sin consecuencias. Por supuesto, que cualquier abuso o arbitrariedad de la misma autoridad, deberá sancionarse, pero en primera instancia, somos los ciudadanos los que debiéramos tener en claro que atentar contra la misma autoridad, tiene un costo.

javierolivaposada@gmail.com

@JOPso

Desde el origen mismo de las primeras sociedades, las estructuras jerárquicas, han tenido como misión principal, el de preservar la cohesión de la colectividad. Para lograrlo, en un principio el fundamento de la de la autoridad era los aspectos religiosos. Poco después e incluso en algunos casos al mismo tiempo, la capacidad guerrera de los gobernantes les permitía ejercer el poder. Ya en la era moderna, la riqueza y el conocimiento, se sumaron a las fuentes de legitimidad.

A partir de la consolidación de la democracia, en sus diversas expresiones, se volvió la base fundamental para que los ganadores en las urnas, pudieran tener la base suficiente para actuar y dirigir a la sociedad en su nombre. Los procesos democráticos, sujetos a la ley, cumpliendo los requisitos necesarios de una competencia también en plena observancia de la norma, significó que además de la legitimidad, la autoridad emanada de las urnas, contaba con el pleno respaldo de la Constitución (en su caso).

Ese doble soporte, es lo que en nuestros días le permite y obliga a cualquier representante popular y funcionario público, a actuar en el sentido de procurar el bienestar de la población y los intereses de la Nación en general. Así las cosas, situaciones como las que vive nuestro país desde hace poco más de tres décadas, en donde la posibilidad para que el Estado haga valer la ley y el orden en todo el territorio se encuentra sujeta severos cuestionamientos debido a la actividad del crimen organizado y común. Peor aún, en los meses recientes, la forma en que ha sido maltratado personal militar armado y uniformado, en plena actuación de apoyo a esas mismas comunidades que son azuzadas a todas luces bajo la dirección líderes delictivos, nos ha colocado en una verdadera y grave condición de precariedad respecto de la determinación de la autoridad para hacer valer su legitimidad y legalidad.

Así, la relación entre autoridad y el ejercicio del poder en México, no obstante el incuestionable origen democrático de aquélla, pasa por momentos complejos y peligrosos debido a que de forma voluntaria, se ha negado a hacer valer lo que por ley y por las urnas ha ganado: la responsabilidad de velar por los intereses de la colectividad y la solidez de las instituciones. Para empezar, la subrayada ausencia de las autoridades locales en los referidos acontecimientos, es decir de las corporaciones policiales y ministeriales, que a la fecha no se sabe de un solo caso de un detenido por haber maltratado a personal militar.

La actuación de la autoridad, en un ambiente de severos desafíos a la fuerza física del Estado, requiere de una notable capacidad por parte de las áreas civiles encargadas de recuperar la paz pública, dejando en claro que no se puede retar a las instituciones mediante la violencia, sin consecuencias. Por supuesto, que cualquier abuso o arbitrariedad de la misma autoridad, deberá sancionarse, pero en primera instancia, somos los ciudadanos los que debiéramos tener en claro que atentar contra la misma autoridad, tiene un costo.

javierolivaposada@gmail.com

@JOPso

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