/ martes 8 de marzo de 2022

Sobre las mujeres, todo el peso de la ley

por Chrístel Rosales


Llegamos a un nuevo 8 de marzo con un país profundamente desigual, discriminatorio y patriarcal. Las mujeres, quienes representamos el 51% de la población, enfrentamos violencias en todos los ámbitos de nuestra vida, sólo por el hecho de ser mujeres. En este México, las mujeres somos quienes asumimos mayormente las tareas del hogar y del cuidado familiar, las que posponemos decisiones para atender el plan de vida que se nos asocia y las que toleramos múltiples violencias en silencio.


Van los primeros datos: de la población económicamente activa el 39% somos mujeres, pero destinamos 2.5 veces más horas a tareas domésticas y de cuidados que los hombres. La brecha salarial, es decir, la diferencia en el ingreso con respecto al de los hombres, es de -14%, pero cuando se mide en sectores específicos es mucho mayor. A la par siguen existiendo espacios de decisión y dirección encabezados tradicionalmente por hombres y en los que se impide el acceso a mujeres.


Las instituciones públicas no son ajenas a los efectos de la construcción social e histórica de género. Entre las encargadas de procurar y administrar la justicia, sólo ocho de los 33 poderes judiciales en el país –incluido el federal– son liderados por mujeres. Entre las fiscalías generales de justicia son siete. Ambas proporciones son las más altas de la historia; sin embargo, en ambas instituciones el personal encargado de la investigación, persecución de los delitos e impartición de la justicia es mayoritariamente masculino. En el caso del personal policial, sólo 24.6% son mujeres.


¿Puede esto repercutir en la manera en que las mujeres somos procesadas ante la justicia? Seguramente son varias las causas que determinan una posible desigualdad en el trato, pero hay que reconocer que las instituciones son operadas por personas y que éstas pueden reproducir prácticas, estereotipos e ideas que nos caracterizan como sociedad.


Somos sometidas y violentadas por la propia autoridad


De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 (Inegi), apenas el 6% de los delitos cometidos tuvieron la participación de una mujer. Sin embargo, para ellas todo el peso de la ley. Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (Inegi) leemos que el 86% de las personas que fueron privadas de la libertad fueron detenidas con abuso de la fuerza. Seis de cada 10 mujeres fueron esposadas y a la mitad le aplicaron fuerza para someterla.


Las mujeres sufrieron sometimiento en mayor medida que los hombres, dejándolas incomunicadas (55.3%), amenazándolas con levantarles cargos (39.9%) y con hacerles daño a ellas (31.9%) o a sus familias (28.4%). De las que sufrieron agresiones físicas, una de cada cinco recibió patadas o puñetazos o fue agredida sexualmente, y al menos un 5% sufrió violación por parte de la autoridad en un momento posterior a la detención.


Estos datos nos dejan ver que la violencia contra las mujeres está asociada con el abuso de poder y la dominación. Al encontrarnos frente al aparato de justicia, las mujeres sufrimos distintas violencias y no estamos exentas de la violencia sexual. También se nos violenta a través de nuestro entorno más cercano, la familia. A las mujeres se nos amenaza mayormente no sólo con hacernos daño, sino también con dañar a nuestras familias.


Nos consideran más riesgosas


De 2019 a la fecha la tendencia a reducir el número de personas en prisión se revirtió (Cuaderno Mensual de Información estadística Penitenciaria, 2012-2021, SSPPC). Con la ampliación de la prisión automática, la prisión preventiva se ha convertido en una herramienta de uso generalizado que busca subsidiar el trabajo y la ineficiencia de las fiscalías. Con ella impone un castigo por adelantado y vulnera la libertad, la presunción de inocencia y muchos otros derechos.


En prisión, tres de cada 10 hombres están en espera de sentencia. Entre las mujeres la proporción es una de cada dos. Este crecimiento viene de tiempo atrás. En el caso de las mujeres, se observó un crecimiento de 12.9% por año; entre los hombres fue de 7.3%. En 2020, sin embargo, alcanzamos un máximo en esta tendencia, con un incremento de 28.1%. Si observamos los últimos 10 años (2012-2021) el incremento del número de mujeres en prisión, sin sentencia, ha sido de 49%; entre los hombres ha sido de 39%. Destacan entidades como Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, en las que más del 70% de las mujeres en prisión están en espera de sentencia.


Para nosotras, las penas más duras


Los delitos por los que nos procesan más es secuestro (24.1%), posesión o comercio ilegal de drogas (14.8%) y homicidio (12.3%). Pero no se trata sólo de a quién se aplica más la prisión preventiva, sino de su duración promedio y del tipo de penas que se imponen.


En el caso de los hombres este castigo por adelantado dura en promedio 318 días; en el caso de las mujeres se va hasta 366. Y esta misma situación se traslada a los tiempos que duran los procesos penales para las mujeres: la duración de un proceso que concluye por suspensión condicional a proceso –una alternativa viable en el sistema de justicia– toma en promedio 308 días para un hombre, mientras que para una mujer es de 481 días.


Si observamos la distribución del tiempo de condena entre hombres y mujeres, es posible afirmar que a las mujeres se nos imponen penas más altas, que van desde los 10 años en prisión hasta los 50 años o más. En ese último rango de años, las mujeres llevamos ‘gane’, ya que la mayor parte de las condenas son para nosotras.


No hace falta decir mucho más. Estos datos pintan de cuerpo entero al sistema patriarcal y punitivo que desde el movimiento feminista buscamos transformar.


Coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa

@Chris_Ros

por Chrístel Rosales


Llegamos a un nuevo 8 de marzo con un país profundamente desigual, discriminatorio y patriarcal. Las mujeres, quienes representamos el 51% de la población, enfrentamos violencias en todos los ámbitos de nuestra vida, sólo por el hecho de ser mujeres. En este México, las mujeres somos quienes asumimos mayormente las tareas del hogar y del cuidado familiar, las que posponemos decisiones para atender el plan de vida que se nos asocia y las que toleramos múltiples violencias en silencio.


Van los primeros datos: de la población económicamente activa el 39% somos mujeres, pero destinamos 2.5 veces más horas a tareas domésticas y de cuidados que los hombres. La brecha salarial, es decir, la diferencia en el ingreso con respecto al de los hombres, es de -14%, pero cuando se mide en sectores específicos es mucho mayor. A la par siguen existiendo espacios de decisión y dirección encabezados tradicionalmente por hombres y en los que se impide el acceso a mujeres.


Las instituciones públicas no son ajenas a los efectos de la construcción social e histórica de género. Entre las encargadas de procurar y administrar la justicia, sólo ocho de los 33 poderes judiciales en el país –incluido el federal– son liderados por mujeres. Entre las fiscalías generales de justicia son siete. Ambas proporciones son las más altas de la historia; sin embargo, en ambas instituciones el personal encargado de la investigación, persecución de los delitos e impartición de la justicia es mayoritariamente masculino. En el caso del personal policial, sólo 24.6% son mujeres.


¿Puede esto repercutir en la manera en que las mujeres somos procesadas ante la justicia? Seguramente son varias las causas que determinan una posible desigualdad en el trato, pero hay que reconocer que las instituciones son operadas por personas y que éstas pueden reproducir prácticas, estereotipos e ideas que nos caracterizan como sociedad.


Somos sometidas y violentadas por la propia autoridad


De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 (Inegi), apenas el 6% de los delitos cometidos tuvieron la participación de una mujer. Sin embargo, para ellas todo el peso de la ley. Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (Inegi) leemos que el 86% de las personas que fueron privadas de la libertad fueron detenidas con abuso de la fuerza. Seis de cada 10 mujeres fueron esposadas y a la mitad le aplicaron fuerza para someterla.


Las mujeres sufrieron sometimiento en mayor medida que los hombres, dejándolas incomunicadas (55.3%), amenazándolas con levantarles cargos (39.9%) y con hacerles daño a ellas (31.9%) o a sus familias (28.4%). De las que sufrieron agresiones físicas, una de cada cinco recibió patadas o puñetazos o fue agredida sexualmente, y al menos un 5% sufrió violación por parte de la autoridad en un momento posterior a la detención.


Estos datos nos dejan ver que la violencia contra las mujeres está asociada con el abuso de poder y la dominación. Al encontrarnos frente al aparato de justicia, las mujeres sufrimos distintas violencias y no estamos exentas de la violencia sexual. También se nos violenta a través de nuestro entorno más cercano, la familia. A las mujeres se nos amenaza mayormente no sólo con hacernos daño, sino también con dañar a nuestras familias.


Nos consideran más riesgosas


De 2019 a la fecha la tendencia a reducir el número de personas en prisión se revirtió (Cuaderno Mensual de Información estadística Penitenciaria, 2012-2021, SSPPC). Con la ampliación de la prisión automática, la prisión preventiva se ha convertido en una herramienta de uso generalizado que busca subsidiar el trabajo y la ineficiencia de las fiscalías. Con ella impone un castigo por adelantado y vulnera la libertad, la presunción de inocencia y muchos otros derechos.


En prisión, tres de cada 10 hombres están en espera de sentencia. Entre las mujeres la proporción es una de cada dos. Este crecimiento viene de tiempo atrás. En el caso de las mujeres, se observó un crecimiento de 12.9% por año; entre los hombres fue de 7.3%. En 2020, sin embargo, alcanzamos un máximo en esta tendencia, con un incremento de 28.1%. Si observamos los últimos 10 años (2012-2021) el incremento del número de mujeres en prisión, sin sentencia, ha sido de 49%; entre los hombres ha sido de 39%. Destacan entidades como Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, en las que más del 70% de las mujeres en prisión están en espera de sentencia.


Para nosotras, las penas más duras


Los delitos por los que nos procesan más es secuestro (24.1%), posesión o comercio ilegal de drogas (14.8%) y homicidio (12.3%). Pero no se trata sólo de a quién se aplica más la prisión preventiva, sino de su duración promedio y del tipo de penas que se imponen.


En el caso de los hombres este castigo por adelantado dura en promedio 318 días; en el caso de las mujeres se va hasta 366. Y esta misma situación se traslada a los tiempos que duran los procesos penales para las mujeres: la duración de un proceso que concluye por suspensión condicional a proceso –una alternativa viable en el sistema de justicia– toma en promedio 308 días para un hombre, mientras que para una mujer es de 481 días.


Si observamos la distribución del tiempo de condena entre hombres y mujeres, es posible afirmar que a las mujeres se nos imponen penas más altas, que van desde los 10 años en prisión hasta los 50 años o más. En ese último rango de años, las mujeres llevamos ‘gane’, ya que la mayor parte de las condenas son para nosotras.


No hace falta decir mucho más. Estos datos pintan de cuerpo entero al sistema patriarcal y punitivo que desde el movimiento feminista buscamos transformar.


Coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa

@Chris_Ros