Jamile Esquivel* y Gerardo Trujano**
El 24 de febrero de este año, después de crecientes tensiones, Rusia invadió a Ucrania provocando un conflicto que, además de generar una crisis, ha llamado la atención internacional.
De acuerdo a ACNUR, más de 10 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares a raíz del conflicto; de ellos, más de 4 millones se han desplazado internacionalmente. A su vez, se estima que una creciente cantidad de ciudadanos rusos han escapado de su país por miedo a las sanciones internacionales o la represión ejercida por su gobierno. Así, el conflicto representa una de las mayores crisis de desplazamiento y refugio en la historia contemporánea.
La respuesta colectiva ante esta crisis ha sido impresionante, prueba de ello es que los líderes en Europa aprobaron medidas para la integración de personas ucranianas buscando refugio. Esta reacción unificada de brazos abiertos ha sido muy diferente a la adoptada en 2015 tras el flujo masivo de sirios que escapaban de una creciente crisis humanitaria.
La espera para ingresar a Estados Unidos ha sido considerablemente menor para la ciudadanía ucraniana y algunos grupos rusos que para grupos provenientes del sur.
En 2018, EEUU implementó la política de “Quédate en México”, para que los solicitantes de asilo esperen en México, mientras se decide si les otorgan o no ese estatus; sin embargo, los procesos son largos y sus derechos se ven constantemente violentados.
En contraste, un reportaje de Vice News, reveló que, EEUU permitió ingresar a su territorio a 35 personas rusas, con un trato notoriamente preferencial; a diferencia de las personas centroamericanas y caribeñas, quienes llevan prolongados periodos de espera. Tras negociaciones realizadas con el gobierno mexicano, el grupo fue admitido y procesado secretamente, bajo la condición de que el campamento en el que se alojaban (en la frontera con Tijuana) fuera abandonado. Algunos análisis indican que el pacto fue hecho para evitar la formación de un asentamiento que llamara la atención de más migrantes rusos.
Desde la entrada del Título 42, EEUU estableció que, por motivos de salud pública, se faculta a la Oficina de Aduanas y Protección de la Frontera para deportar casi inmediatamente a migrantes que intentan ingresar al país; 1.7 millones han sido deportados bajo esta política.
A pesar de ello, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha extendido un estatus de protección temporal a la población ucraniana. Un paso en una dirección contraria a las medidas de prevención migratoria aplicadas a otros grupos que también escapan de sus países. Cabe mencionar que, tras presiones públicas, la administración de Biden ha anunciado que en los días siguientes se anunciará si el Título 42 será modificado, revocado o extendido.
La apertura política y solidaridad internacional no son criticables, es el deber ser. Lo criticable es la arbitrariedad de las políticas migratorias, la ambigüedad de los supuestos que las respaldan y la discrecionalidad de su aplicación. La evidencia es que la bondad del gobierno estadounidense no incluye a personas históricamente racializadas originarias de países como El Salvador, Honduras, Guatemala, el Caribe, Siria o África.
* Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales
** Profesor de la Facultad de Estudios Globales
