El secuestro y homicidio de Luciano y Karen en San Fernando, Tamaulipas son uno de los peores horrores que se pueden leer. Los diarios nacionales e internacionales están llenos de información sobre estos hechos. Una crueldad sin límites, ni fronteras ni sentido. La violencia por la violencia misma. Los humanos no somos esos animales inteligentes, generosos, caritativos y piadosos que pintan algunos. Cuando no hay fronteras jurídicas o sanciones a nuestras conductas nos desbordamos hasta lo impensable.
Karen fue colgada como una cosa y golpeada por una de sus atacantes mientras pendía en el aire. El hecho es indescriptible. Leí que algunos delincuentes detrás del secuestro y homicidio de Luciano fueron sus propios primos. Ya sabíamos que: la autoridad es indiferente, actúa timorata y discreta a punta de presión pública, que no hay autoridad legítima en San Fernando. La autoridad es la delincuencia. No me sorprende la ausencia de Estado. Me asusta la desaparición de cualquier signo o señal de civilidad en aquel lugar.
Dicen los expertos, que la violencia es mala para el negocio del crimen, pues llama la atención de las autoridades. Resulta que en México y, en especial, en San Fernando esa regla no se cumple. ¿Será por qué no hay autoridades? Dicen los expertos que la violencia es mala para las empresas criminales, pues, rompe los vínculos de la comunidad con el crimen, entonces: ¿Por qué se ejerce ese tipo de violencia?
San Fernando, Tamaulipas tiene una ubicación perversa. Sus latitudes la hacen punto obligado de reunión de la delincuencia organizada y, por ende, los habitantes de ese lugar se ahogan en el terror. El Estado mexicano ha hecho poco, y parece que no tiene interés en hacer mucho. Una nota más de prensa, una nota menos, qué mas da. El escándalo ya no podría ser más sonoro.
Los teóricos dicen que nuestra conducta se limita por las normas religiosas, morales y jurídicas. En San Fernando no hay norma que valga. Los principios religiosos los debieron desechar hace tiempo. Las reglas morales suenan a una broma macabra. Las normas jurídicas no existen, pues, el Estado rechazó su deber de garantizar la seguridad de los habitantes en aquel lugar. Nos dicen los teóricos que las reglas morales y las jurídicas no se han acabado de divorciar, ni están casadas ni viven en unión libre. Esas normas tienen un raro vínculo, que los teóricos no acaban por caracterizar, mismo que no se aparece por San Fernando.
Los académicos señalan que las normas jurídicas, morales y religiosas deberían de frenar nuestros despropósitos cuando vivimos en una comunidad política. Los teóricos nos mintieron. Al parecer, solo la aplicación de la ley y las sanciones jurídicas pueden ser el freno a nuestra conducta. Cuando el Estado se hace ojo de hormiga frente a los linchamientos, se dan sucesos de terrible crueldad. Cuando el Estado nos deja solos se comete salvajada tras salvajada. Las reglas abstractas de los libros no se han asomado por San Fernando para actualizarse de que va la violencia.
La presente columna de opinión espera ser un grano de arena para llamar la atención del Estado sobre San Fernando. No manden decálogos morales sino ministerios públicos y policías. Esto es un ruego por el regreso de un pedazo de civilidad en ese lugar.
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