/ sábado 15 de febrero de 2020

SSPC: El ocaso prematuro de un proyecto fallido

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) empieza a hacer agua a poco más de un año de su creación, razón por la cual debe preocupar a la sociedad porque si la SSPC no puede controlar a sus propios elementos menos lo va a hacer con garantizar la seguridad ciudadana que está desbordada. El que no puede lo más, no puede lo menos. Véase si no.

Primero. La creación de la Guardia Nacional como modelo de un cuerpo de élite que combinaría las habilidades militares con una impronta civil ha tenido más penas que glorias. De ahí, por ende, que sea la Secretaría de Marina la que, como en el pasado, tenga la última palabra en el combate al crimen organizado no el incipiente cuerpo policial-militar que tendría como objetivo desmilitarizar gradualmente las fuerzas del orden federal. Peor aún. Los haberes o bonos que tenía la extinta (de facto en proceso de extinción) policía federal se han eliminado para los miembros de la Guardia Nacional donde hay una molestia creciente al ver reducidos sus ingresos mensuales. En esa tesitura hay cada vez más elementos de esa corporación que ven que portarse bien, ser institucionales no genera reconocimiento o incentivos en sus ingresos como lo demuestra el efectivo movimiento “Dignidad, valor y justicia” que ha puesto sobre las cuerdas a la SSPC: a) El secretario Alfonso Durazo dijo una y otra vez que no habría indemnizaciones por la desaparición de la fuente de trabajo (la Policía Federal) y que habría, en cambio, distintas opciones en el gobierno federal. Más pronto que tarde, una inédita e histórica movilización social de los cuerpos de élite de la seguridad pública del país hizo que Durazo se tragara sus propias palabras y empezara a actuar conforme a la Constitución iniciando el pago de las indemnizaciones que se juró no habría de existir pasando por encima de la Carta Magna.

Segundo. Un creciente número de elementos de la Guardia Nacional ha observado que sólo la movilización y la protesta pública puede transformar sus exiguos ingresos. Y se prepara seguir en su oportunidad los pasos de los inconformes de la Policía Federal. Ello nunca había pasado hasta que pasó. Las habilidades políticas de Durazo- que las tiene sin duda- no han sido suficientes como herramienta de disuasión para que las fuerzas del orden acepten ganar menos felices de la vida. Durazo ha logrado con sus acciones un punto de quiebre: el reconocimiento judicial del derecho de manifestación y organización de los policías (y por añadidura de los cuerpos militares poniendo en aprietos a los secretarios de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval y Marina, Almirante Vidal Francisco Salmerón) temas tabú que se habían contenido por razones de seguridad nacional. Este hecho tiene, como todo, sus pros y sus contras. Desde la perspectiva del gobernante es un retroceso, pero es un avance desde la óptica de las fuerzas del orden que tienen ahora mecanismos para la defensa de sus derechos que antes carecían. Y esto no hubiera sido posible sin la habilidad y conocimiento del reconocido jurista y litigante Enrique Carpizo.

Tercero. Si lo anterior no fuera suficiente, en la SSPC el espíritu de cuerpo, la disciplina y el orden jerárquico han sido echados por la borda. En efecto, en una lógica del absurdo, por un lado hay un diligente subsecretario, Ricardo Mejía Berdeja, que entiende la problemática. Pero por otro, un subalterno de él, el comisionado de fuerzas federales, Nicolás González Perrín, ha pasado del ataque cuidadoso a los policías federales inconformes para revelarse ya de manera pública contra los líderes del movimiento. En redes sociales, el comisionado González Perrín califica a Carpizo de “seudoabogado”y amenaza de muerte al dirigente Mario Alberto Lover. La SSPC se deslinda de esas expresiones, lo que obviamente no basta porque se demuestra que no hay capacidad para obligar al comisionado González Perrín a ajustar su conducta a la esfera de sus atribuciones. Sobra decir que ningún servidor público tiene facultades para entrar en una disputa verbal con los gobernados y menos proferir amenazas que es en sí mismo un delito. En fin, es momento de que se haga algo en esa secretaría que cada día que pasa se aleja más de su cometido institucional en perjuicio de todos.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com


La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) empieza a hacer agua a poco más de un año de su creación, razón por la cual debe preocupar a la sociedad porque si la SSPC no puede controlar a sus propios elementos menos lo va a hacer con garantizar la seguridad ciudadana que está desbordada. El que no puede lo más, no puede lo menos. Véase si no.

Primero. La creación de la Guardia Nacional como modelo de un cuerpo de élite que combinaría las habilidades militares con una impronta civil ha tenido más penas que glorias. De ahí, por ende, que sea la Secretaría de Marina la que, como en el pasado, tenga la última palabra en el combate al crimen organizado no el incipiente cuerpo policial-militar que tendría como objetivo desmilitarizar gradualmente las fuerzas del orden federal. Peor aún. Los haberes o bonos que tenía la extinta (de facto en proceso de extinción) policía federal se han eliminado para los miembros de la Guardia Nacional donde hay una molestia creciente al ver reducidos sus ingresos mensuales. En esa tesitura hay cada vez más elementos de esa corporación que ven que portarse bien, ser institucionales no genera reconocimiento o incentivos en sus ingresos como lo demuestra el efectivo movimiento “Dignidad, valor y justicia” que ha puesto sobre las cuerdas a la SSPC: a) El secretario Alfonso Durazo dijo una y otra vez que no habría indemnizaciones por la desaparición de la fuente de trabajo (la Policía Federal) y que habría, en cambio, distintas opciones en el gobierno federal. Más pronto que tarde, una inédita e histórica movilización social de los cuerpos de élite de la seguridad pública del país hizo que Durazo se tragara sus propias palabras y empezara a actuar conforme a la Constitución iniciando el pago de las indemnizaciones que se juró no habría de existir pasando por encima de la Carta Magna.

Segundo. Un creciente número de elementos de la Guardia Nacional ha observado que sólo la movilización y la protesta pública puede transformar sus exiguos ingresos. Y se prepara seguir en su oportunidad los pasos de los inconformes de la Policía Federal. Ello nunca había pasado hasta que pasó. Las habilidades políticas de Durazo- que las tiene sin duda- no han sido suficientes como herramienta de disuasión para que las fuerzas del orden acepten ganar menos felices de la vida. Durazo ha logrado con sus acciones un punto de quiebre: el reconocimiento judicial del derecho de manifestación y organización de los policías (y por añadidura de los cuerpos militares poniendo en aprietos a los secretarios de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval y Marina, Almirante Vidal Francisco Salmerón) temas tabú que se habían contenido por razones de seguridad nacional. Este hecho tiene, como todo, sus pros y sus contras. Desde la perspectiva del gobernante es un retroceso, pero es un avance desde la óptica de las fuerzas del orden que tienen ahora mecanismos para la defensa de sus derechos que antes carecían. Y esto no hubiera sido posible sin la habilidad y conocimiento del reconocido jurista y litigante Enrique Carpizo.

Tercero. Si lo anterior no fuera suficiente, en la SSPC el espíritu de cuerpo, la disciplina y el orden jerárquico han sido echados por la borda. En efecto, en una lógica del absurdo, por un lado hay un diligente subsecretario, Ricardo Mejía Berdeja, que entiende la problemática. Pero por otro, un subalterno de él, el comisionado de fuerzas federales, Nicolás González Perrín, ha pasado del ataque cuidadoso a los policías federales inconformes para revelarse ya de manera pública contra los líderes del movimiento. En redes sociales, el comisionado González Perrín califica a Carpizo de “seudoabogado”y amenaza de muerte al dirigente Mario Alberto Lover. La SSPC se deslinda de esas expresiones, lo que obviamente no basta porque se demuestra que no hay capacidad para obligar al comisionado González Perrín a ajustar su conducta a la esfera de sus atribuciones. Sobra decir que ningún servidor público tiene facultades para entrar en una disputa verbal con los gobernados y menos proferir amenazas que es en sí mismo un delito. En fin, es momento de que se haga algo en esa secretaría que cada día que pasa se aleja más de su cometido institucional en perjuicio de todos.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com


martes 18 de febrero de 2020

La polémica del INE