Por: Juan Carlos Romero
Como ha quedado claro en distintas mediciones realizadas por el INEGI en temas de victimización y percepción de la violencia entre los ciudadanos, existe un serio subregistro de varios delitos de alto impacto. Esto, debido a la desconfianza y distanciamiento de la ciudadanía con sus autoridades de seguridad y procuración de justicia, fenómeno que desincentiva y desalienta la denuncia, pero muy probablemente también como resultado de errores e incluso manipulación de los datos de incidencia delictiva.
Partiendo de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicadas apenas el pasado 20 de mayo, pueden advertirse anomalías en las cifras de homicidios dolosos, feminicidio, secuestros y extorsiones, principalmente. Del análisis realizado por Causa en Común (https://bit.ly/36uTpFP ) se desprende que los estados no están reportando sobre crímenes de alto impacto o los están reportando como delitos de menor gravedad, lo que frecuentemente crea la idea errónea de que las autoridades encargadas de la seguridad pública están actuando eficazmente y frenando la actividad delictiva.
Sólo como ejemplo, algunos estados presentan caídas importantes en el número de homicidios dolosos entre el primer cuatrimestre de 2019 y el primer cuatrimestre de 2020, pero un aumento importante en el número de homicidios culposos (no intencionales); es decir que muchos asesinatos podrían estarse reclasificando como homicidios culposos.
Por lo que hace al tema del feminicidio, presente no sólo tenemos entidades que aseguran haber reducido 50% o más la incidencia de feminicidios entre el primer cuatrimestre del año pasado y el primer cuatrimestre del actual, sino que hay otras donde se reporta sólo uno o incluso ningún caso.
Es por lo menos llamativo que desde febrero se muestre una tendencia a la baja en los feminicidios, pero estén aumentando las carpetas de investigación por homicidio doloso de mujeres; sólo en abril se abrieron 267, la cifra más alta desde 2015.
No hay duda que los números del SESNSP están muy por debajo de la realidad, lo cual es atribuible a la falta de voluntad para investigar los crímenes con una perspectiva de género, a que no se ha trabajado en la adecuación del tipo penal de feminicidio y a la falta de personal capacitado para registrar este delito de manera debida. No hay que olvidar que el Código Penal Federal establece siete circunstancias para clasificar un crimen como feminicidio pero, hasta hoy, 21 estados no han homologado sus respectivos códigos penales, por lo que con frecuencia y de manera prematura se descarta que las mujeres sean privadas de la vida por razones de género.
Dinámicas similares parecen presentarse en delitos como la extorsión y el secuestro, que tienen un importante efecto en la sensación de zozobra e indefensión entre la población. Que Nayarit no reporte un solo caso o que Michoacán y Tlaxcala hayan tenido apenas un episodio en este año, no es creíble dada la actividad que mantienen grupos de la delincuencia organizada en esas regiones.
En México existe una altísima “cifra negra” de delitos que no se denuncian o en los que no se inicia una carpeta de investigación, aunque se denuncien. La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del año pasado revela que 93.2% de los delitos no son conocidos.
Revertir genuinamente la tendencia de delitos a nivel nacional, pasa por abatir el subregistro que arrastramos, el cual está íntimamente ligado a la impunidad y la corrupción. A medida que la desconfianza crece, la denuncia cae y se perpetúa el espejismo de que la inseguridad está siendo derrotada.
@causaencomun
