/ jueves 19 de diciembre de 2019

T-MEC: el fin de la ventaja laboral para México

Todo terminó como empezó: la precarización del mercado laboral se convirtió en uno de los temas centrales de la negociación del T-MEC.

El apretón llegó tanto por parte del presidente de EU como del Partido Demócrata: ambos liderazgos consideran que la situación de los trabajadores en México es una competencia desleal que deben eliminar.

La tensión provocó una reacción que el gobierno mexicano no calibró adecuadamente respecto al tema de los agregados laborales que enviará EU.

Lo anterior es fruto de no contar con un programa integral que garantice mejores condiciones para todos los trabajadores mexicanos: después de la negociación y la renegociación, el marco legal establecido en el T-MEC no contiene programas de capacitación, incremento de productividad, financiamiento o una ruta crítica para desarrollar mejores condiciones laborales, básicamente tiene mecanismos de sanción.

La espada de Damocles que pende sobre los sectores estratégicos de la industria en México es renunciar a la presunción de inocencia: si una parte demanda a otra por no cumplir con las condiciones laborales adecuadas, el panel que se integrará para analizar el caso tendrá que asumir que hay una afectación.

El demandado deberá demostrar que es inocente, lo que contradice la lógica elemental del derecho en EU. Este aspecto contiene dados cargados porque la precariedad del mercado laboral mexicano es estructural.

En consecuencia: ya se conoce el resultado de la comparación: en las manufacturas, los costos laborales de México representan 10 por ciento de los de EU. Estados Unidos no enfocará su lupa en el comercio al menudeo, los restaurantes, las gasolineras o en la economía informal. Su objetivo es otro. Desde el inicio se sabía: EU va por la recaptura de la manufactura avanzada, particularmente del sector automotriz.

El tema de los agregados laborales no era lo central. EU analiza el mercado laboral mexicano desde hace años. Lo puede hacer desde su embajada o a través de estudios elaborados por consultores o investigadores académicos de sus múltiples Centros de Pensamiento.

Los potenciales agregados en la embajada coordinarán los trabajos, la investigación y la comunicación. La presión sobre México vendrá por otro canal.

El mecanismo será equiparar los salarios: pretender que se alcance una convergencia entre lo que se paga en ambos lados de la frontera por un trabajo similar en sectores como el automotriz.

Pensar que ello beneficiará a los trabajadores en México es asumir que las empresas seguirán en el país aún perdiendo parte de los beneficios que tienen.

El supuesto de Estados Unidos es que ello no ocurrirá: confían en que sus menores precios de energéticos e impuestos, junto con las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump, incidirán en que las nuevas inversiones se realicen en su país. Si Trump se reelige, no se pueden descartar medidas fuera del T-MEC.

México debe enfrentar los nuevos retos con otra visión de política industrial, una basada en mejor educación, selección de sectores estratégicos, financiamiento, encadenamientos productivos, contenido nacional, innovación y combate a la competencia desleal.

Todo terminó como empezó: la precarización del mercado laboral se convirtió en uno de los temas centrales de la negociación del T-MEC.

El apretón llegó tanto por parte del presidente de EU como del Partido Demócrata: ambos liderazgos consideran que la situación de los trabajadores en México es una competencia desleal que deben eliminar.

La tensión provocó una reacción que el gobierno mexicano no calibró adecuadamente respecto al tema de los agregados laborales que enviará EU.

Lo anterior es fruto de no contar con un programa integral que garantice mejores condiciones para todos los trabajadores mexicanos: después de la negociación y la renegociación, el marco legal establecido en el T-MEC no contiene programas de capacitación, incremento de productividad, financiamiento o una ruta crítica para desarrollar mejores condiciones laborales, básicamente tiene mecanismos de sanción.

La espada de Damocles que pende sobre los sectores estratégicos de la industria en México es renunciar a la presunción de inocencia: si una parte demanda a otra por no cumplir con las condiciones laborales adecuadas, el panel que se integrará para analizar el caso tendrá que asumir que hay una afectación.

El demandado deberá demostrar que es inocente, lo que contradice la lógica elemental del derecho en EU. Este aspecto contiene dados cargados porque la precariedad del mercado laboral mexicano es estructural.

En consecuencia: ya se conoce el resultado de la comparación: en las manufacturas, los costos laborales de México representan 10 por ciento de los de EU. Estados Unidos no enfocará su lupa en el comercio al menudeo, los restaurantes, las gasolineras o en la economía informal. Su objetivo es otro. Desde el inicio se sabía: EU va por la recaptura de la manufactura avanzada, particularmente del sector automotriz.

El tema de los agregados laborales no era lo central. EU analiza el mercado laboral mexicano desde hace años. Lo puede hacer desde su embajada o a través de estudios elaborados por consultores o investigadores académicos de sus múltiples Centros de Pensamiento.

Los potenciales agregados en la embajada coordinarán los trabajos, la investigación y la comunicación. La presión sobre México vendrá por otro canal.

El mecanismo será equiparar los salarios: pretender que se alcance una convergencia entre lo que se paga en ambos lados de la frontera por un trabajo similar en sectores como el automotriz.

Pensar que ello beneficiará a los trabajadores en México es asumir que las empresas seguirán en el país aún perdiendo parte de los beneficios que tienen.

El supuesto de Estados Unidos es que ello no ocurrirá: confían en que sus menores precios de energéticos e impuestos, junto con las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump, incidirán en que las nuevas inversiones se realicen en su país. Si Trump se reelige, no se pueden descartar medidas fuera del T-MEC.

México debe enfrentar los nuevos retos con otra visión de política industrial, una basada en mejor educación, selección de sectores estratégicos, financiamiento, encadenamientos productivos, contenido nacional, innovación y combate a la competencia desleal.