Este día entra en vigor el nuevo acuerdo que sustituye al TLCAN: el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC). No pudo haber llegado en mejor momento este relanzamiento de la relación comercial entre los tres países, como un aliciente para incrementar los intercambios de bienes, servicios e inversiones, ante el difícil escenario que supone la caída del comercio mundial por la emergencia sanitaria.
De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), el valor (en dólares) de las exportaciones globales cayó 6.2% y el de las importaciones se redujo 5.3% en el primer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. Recordemos que la zona T-MEC es una de las regiones más dinámicas en el comercio global de mercancías y servicios, pues representa el 14.1% de las exportaciones y el 16.9% de las importaciones.
De todos los aspectos relevantes del nuevo acuerdo trilateral, quiero destacar el capítulo 27 relativo a eliminar el cohecho y la corrupción en el comercio y las inversiones internacionales —apartados similares existen en el CPTPP (capítulo 26, sección C) y en el TLCUE sección XX)—. En el T-MEC se reconoce que la corrupción es provocada tanto por servidores públicos como por las empresas proveedoras, lo que ayuda a tener una visión más integral del fenómeno.
Ya desde el paquete de reformas de 2016 que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, se reconocía que la corrupción del funcionario púbico y el cohecho de una empresa son las dos caras de una misma moneda, por lo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Código Penal Federal establecieron también penas para los particulares. Con el T-MEC se refuerza este paradigma para evitar que las grandes empresas multinacionales aprovechen su poder económico para corromper a los gobiernos de los tres países.
Ahora, las empresas que deseen participar en los intercambios comerciales al amparo del acuerdo deberán —en función de su estructura jurídica, tamaño y sector de operación— implementar políticas, procesos y procedimientos que promuevan la cultura de la ética, la integridad y el cumplimiento (programa de compliance).
Así mismo, las empresas incorporarán en sus políticas internas los estándares, directrices y principios de responsabilidad social corporativa reconocidos internacionalmente en materia laboral, medio ambiente, igualdad de género, derechos humanos, derechos de pueblos indígenas y aborígenes.
Por su puesto, el T-MEC también contempla la promoción de la integridad, honestidad y responsabilidad entre los funcionarios públicos de los tres países. Entre las medidas a implementar menciono dos: se podrá exigir que los funcionarios públicos declaren sus actividades externas, empleo, inversiones, activos y regalos o beneficios que pudieran derivar en un conflicto de interés; y cada país, respetando la independencia del poder judicial, adoptará medidas para fortalecer la integridad y prevenir las oportunidades de corrupción entre los encargados de impartir justicia.
Finalmente, el nuevo acuerdo también promueve la participación de individuos y organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, en prevenir y combatir la corrupción en el comercio y la inversión internacionales. En suma, el T-MEC involucra a toda la sociedad en la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que sin duda contribuirá a potenciar la transparencia, el buen gobierno y el estado de derecho en nuestro país.
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@ClauCorichi
